Sábado 06 de Junio de 2026
Nisman y su rol en la investigación sobre los desaparecidos de La Tablada
La carrera judicial de Nisman pegó un salto con la investigación sobre las desapariciones de dos militantes del MTP que en 1989 asaltaron el cuartel de La Tablada. Su tarea, solicitada especialmente por el juez Gerardo Larrambebere, convalidó la versión del Ejército.
Infojus // Jueves 29 de enero de 2015 | 15:58
El fallecido fiscal Alberto Nisman dio sus primeros pasos en los tribunales del distrito de Morón.
Allí fue secretario del juez Gerardo Larrambebere, a cargo del expediente por el ataque del Movimiento Todos por la Patria al cuartel de La Tablada .
En el libro La Tablada. A vencer o morir, los autores Felipe Celesia y Pablo Waisberg cuentan que el magistrado le asignó a Nisman la investigación de los casos de Iván Ruiz y José Díaz, brutalmente torturados y vistos por última vez en un Falcon donde se los llevaron unos tipos de civil. Nisman y el juez apoyaron la versión oficial del Ejército de que habían muerto en combate.
La versión militar completa sostenía que Ruiz y Díaz se habían fugado y sugería incluso que eran los responsables del balazo en la cabeza que había recibido el santafesino Esquivel.
Según publicaron los autores en el portal Infojus, Nisman dio por válida esa versión que habían evaluado en el juzgado, elaboró el escrito, lo firmó y se lo llevó a Larrambebere para que sumara su firma. En esa misma resolución dictaron la captura internacional de los dos guerrilleros, que estuvo vigente hasta 1997, incluso cuando en el registro final de sus vidas se los veía postrados y desarmados ante un militar con un fusil en la mano.
Nisman también investigó las torturas a las que fueron sometidos los trece militantes del MTP que sobrevivieron al asalto en la oficina de Logística, ubicada en los fondos del cuartel. Los guerrilleros denunciaron que fueron golpeados, quemados, vejados, y que se realizaron al menos dos ejecuciones sumarias: las de Berta Calvo y Pablo Ramos. También, que se llevaron con vida a Francisco Provenzano y Carlos Samojedny, aún desaparecidos.
En su evaluación de la denuncia, Nisman desestimó las acusaciones por carecer de “sustento fáctico suficiente” y fundamentó: Juan Carlos Abella fue revisado por médicos legistas cuatro veces, sin que se encontraran heridas; Miguel Faldutti, que denunció haber sido drogado, no tenía rastros de sustancias en la sangre; Dora Molina y Manuel Burgos no habían podido reconocer a sus agresores y Daniel Gabioud no tenía las lesiones que dijo tener.
Veinticinco años después, la procuradora Alejandra Gils Carbó, estimó ante un pedido de los familiares de los desaparecidos, que la Justicia argentina no había extremado sus esfuerzos para investigar las violaciones a los derechos humanos en La Tablada y consideró que debía reabrirse el expediente. Pocos meses después, en la última acordada del año, la Corte Suprema de Justicia ratificó este criterio haciendo suyos los fundamentos e instó al aparato judicial a que avance para determinar qué ocurrió con estos cuatro desaparecidos cuyo paradero, y destino, la democracia tiene pendiente.
