Debe reformarse la ley de abastecimiento

En contradicción con su discurso sobre el valor de la independencia judicial, el gobierno de Mauricio Macri cuenta con varias intromisiones en el Poder Judicial de la Ciudad.

El PRO viene articulando una red para aumentar su influencia en la justicia porteña y en la nacional, por medio del actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici y el histórico titular del Colegio de Abogados de la Capital, Jorge Rizzo.

Para las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño, el órgano que designa y remueve jueces, y maneja una abultada fuente de recursos, el macrismo realizó una alianza para derrotar a la lista liderada por los abogados radicales.

Con denuncias respecto a que el oficialismo porteño busca controlar la Justicia a través del órgano que regula a los jueces, hoy competirán "Abogados Pluralistas" (radicalismo) y la lista independiente "Abogados de Pie".

Hasta el moyanismo, vía el sindicalista judicial Julio Piumato, apoya la boleta que implicará un mayor peso del macrismo en la justicia porteña, con denuncias sobre distintas irregularidades incluidas.

El año pasado, el macrismo además designó como Fiscal General de la Ciudad a un ex legislador del PRO con insuficiente experiencia académica pero sobrada muñeca política, como Martín Ocampo, a pesar de que varias ONG especializadas en justicia impugnaron su designación.

Incluso presentaron un amparo porque el Jefe de Gobierno había desestimado sus observaciones sin publicar los motivos del rechazo. Hasta la diputada Patricia Bullrich, actual aliada del PRO, lo había denunciado por presuntas coimas.

En septiembre pasado, los abogados porteños eligieron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, y también se impuso la alianza entre Angelici y el Colegio de Abogados de Jorge Rizzo. La lista iba encabezada por Germán Garavano, ex fiscal general de la Ciudad y antecesor del cuestionado Martín Ocampo.

Garavano también quedó bajo sospecha, ya que en junio pasado el gobierno macrista adjudicó en forma directa un convenio por más de 2,2 millones de pesos para que un equipo liderado por Garavano realizara un estudio técnico. Legisladores de la Coalición Cívica incluso presentaron una demanda penal que continúa abierta.

El jueves pasado en el Colegio de Abogados, frente a poderosos banqueros, abogados y empresarios, como el titular de la Sociedad Rural, el propio Macri afirmó que "debe reformarse la ley de abastecimiento".

Así, el líder del PRO se ganó el aplauso del titular del estudio que prepara la demanda del Grupo empresario de los 6 contra la ley de abastecimiento, y de los abogados de las firmas que atienden a las principales empresas.