El vocero presidencial reconoció públicamente que recursos destinados por ley a la infraestructura vial se derivan al Ministerio de Economía. Mientras las carreteras se deterioran y la Justicia exige reparaciones urgentes, más de un billón de pesos terminó en la timba financiera.
Tramo de ruta nacional con pozos y deterioro en el marco del informe sobre desvío de fondos viales
Martes 11 de agosto de 2026 | 08:46
Por Javier "El Profe" Romero - El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que una parte de los recursos del fondo destinado por ley a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio de las cuentas públicas. La confesión reabrió la discusión sobre el deterioro de la infraestructura vial y sobre el destino real de los impuestos que pagan los automovilistas argentinos.
Durante dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billones de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales. De ese total, apenas la cuarta parte fue aplicada efectivamente al mantenimiento y construcción de rutas nacionales. Más de 1 billón de pesos terminó volcado en instrumentos de inversión financiera, según los datos oficiales que surgen del propio Ministerio de Economía y que fueron reconstruidos por medios como Diario Textual y Política Argentina.
El impuesto a los combustibles que paga cada argentino cuando carga nafta o gasoil está creado por ley con destino específico: sostener la red vial nacional. La utilización de esos fondos por fuera de su afectación legal para maquillar el resultado fiscal implica un desvío de recursos que, en cualquier otra administración, habría desatado un escándalo institucional. En esta, pasó como un dato más en la conferencia diaria del vocero.
Mientras el Gobierno usa el dinero de las rutas para inflar el superávit fiscal que celebran los mercados, la infraestructura vial argentina se derrumba a la vista de todos. Un juez federal de Venado Tuerto acaba de ordenar la reparación integral y urgente de las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe, tras un amparo presentado por la senadora Leticia Di Gregorio. El fallo advirtió sobre el grave deterioro de las calzadas y el riesgo para quienes circulan, y responsabilizó al Estado nacional más allá de los cambios en el sistema de concesiones viales.
La situación no es exclusiva del sur santafesino. Los reportes de accidentes fatales en rutas nacionales se multiplicaron durante los últimos meses en todo el país. La Cámara Argentina de Concesionarios Viales, las Cámaras de Transporte y las asociaciones de víctimas de tránsito advirtieron reiteradamente sobre pozos, banquinas destruidas, señalización deficiente y falta de iluminación en corredores críticos.
El equilibrio fiscal, la única obsesión medible del Gobierno de Milei, se financia con jubilaciones licuadas, con partidas educativas congeladas, con universidades sin fondos, con hospitales sin insumos y también con rutas destruidas. Cada auto que cae en un pozo, cada colectivo que despista, cada camión que queda tirado en una ruta nacional, son los costos ocultos del superávit que festejan los tenedores de bonos.
La política de infraestructura de este Gobierno es simple: no hay política. Solo hay contabilidad. Y cuando el prestamista aplaude las cuentas equilibradas, alguien las paga con la vida. Casi siempre, los mismos.
Fuentes: