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El fiscal Policita exige explicar 20 puntos patrimoniales y gastos millonarios

Adorni deberá explicar 20 puntos ante la Justicia

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó bajo una nueva presión judicial luego de que el fiscal Gerardo Policita formulara un requerimiento de justificación patrimonial. La medida le exige brindar explicaciones sobre 20 puntos vinculados con sus ingresos, gastos, propiedades y movimientos de dinero.

Según la información difundida por Bruno Yácono, el fiscal otorgó a Adorni un plazo de 15 días para presentar la documentación correspondiente. El requerimiento apunta particularmente a operaciones y desembolsos que, de acuerdo con la investigación, todavía no encuentran una explicación suficiente.

La investigación se encuentra en una instancia previa a una eventual indagatoria. Si Adorni logra justificar los bienes y movimientos cuestionados, la causa podría cerrarse; si no consigue hacerlo, el paso siguiente sería una indagatoria.

Una diferencia de $43 millones entre ingresos y gastos

Uno de los datos centrales mencionados en la información es la diferencia entre los ingresos y los gastos registrados durante los dos años y medio en los que Adorni estuvo en la función pública.

De acuerdo con el fiscal, durante ese período el exfuncionario tuvo ingresos por un total de $229 millones. En el mismo lapso, sus gastos habrían alcanzado los $272 millones, lo que genera una diferencia de $43 millones que deberá explicar ante la Justicia.

Sin embargo, el propio informe periodístico aclara que el análisis fiscal no se limita a comparar ingresos y egresos. La investigación también pone el foco en determinados gastos y desembolsos, especialmente aquellos realizados en dólares y vinculados con propiedades, viajes y operaciones financieras.

Propiedades, refacciones y dinero sin justificar

Entre los puntos que Policita pretende esclarecer aparece el origen de los fondos utilizados para la compra de una propiedad en Indio Cuá. También se solicita información sobre el dinero utilizado para las refacciones de esa vivienda.

Según la transcripción, el contratista Matías Tabar habría informado refacciones por aproximadamente $245.000, además de haber aportado documentación vinculada con la compra de elementos destinados a la pileta y a la vivienda.

La Justicia también busca determinar el origen de los fondos utilizados para la compra del departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito. En ese contexto, las propiedades y los desembolsos patrimoniales ocupan un lugar central dentro del requerimiento fiscal.

Las criptomonedas también quedaron bajo investigación

Otro de los capítulos que deberá explicar Adorni está relacionado con las criptomonedas. El exfuncionario había sostenido que en 2014 había invertido $200.000 en criptomonedas y que esa operación le había generado una ganancia de $300.000.

Ahora, según la información difundida, el fiscal reclama documentación que permita determinar cuándo fueron adquiridos esos activos, qué inversiones se realizaron, cómo se desarrollaron las operaciones y dónde fue depositado posteriormente el dinero.

La exigencia judicial busca reconstruir el recorrido de esos fondos. No se trata solamente de determinar cuánto dinero obtuvo Adorni, sino de establecer cómo se realizaron las operaciones y cuál fue el destino de los recursos.

Viajes y gastos en el exterior, otro foco de atención

Los viajes realizados por Adorni también forman parte de los puntos que Policita pretende aclarar. Entre ellos aparece un viaje a Aruba que, según los registros mencionados en la transmisión, habría tenido un costo de $15.000 en efectivo.

También se reclama información sobre los fondos utilizados para otros viajes al exterior y sobre el pago de viáticos y honorarios a la escribana Necheco.

A esto se suma el viaje privado a Uruguay que había generado cuestionamientos públicos. Según la información difundida, la investigación comenzó a tomar forma después de distintos episodios relacionados con los viajes de Adorni, entre ellos la utilización de un avión presidencial por parte de su esposa, Betina Angeretti, y la aparición de un video en el que el entonces funcionario subía a un avión privado con destino a Uruguay.

Una investigación de 207 páginas

El fiscal Policita habría elaborado un documento de 207 páginas en el que desarrolla los 20 puntos patrimoniales que considera necesario esclarecer.

La investigación también habría incorporado un informe de la DAFI que, según la información difundida, detectó inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. A partir de ese material, el fiscal profundizó su propia investigación y continuó trabajando incluso durante la feria judicial.

El dato es relevante porque la discusión dejó de estar circunscripta a cuestionamientos políticos o mediáticos. Ahora, según la información difundida, es la Justicia la que reclama explicaciones documentales sobre determinados movimientos patrimoniales.

Las declaraciones juradas, bajo escrutinio

Otro de los aspectos señalados es que varias de las propiedades y sumas de dinero cuestionadas no habrían aparecido en las primeras declaraciones juradas de Adorni, que posteriormente fueron rectificadas.

El exjefe de Gabinete había sostenido públicamente que su situación patrimonial estaba en regla. Incluso, según la transmisión, lo había afirmado ante el presidente y frente a legisladores en el Congreso.

La cuestión adquiere ahora otra dimensión: el fiscal no le está pidiendo explicaciones a través de una conferencia de prensa ni de una discusión política, sino mediante un requerimiento formal para que documente el origen y destino de determinados fondos.

El dato que concentra la investigación: $402 millones

Además de la diferencia entre los ingresos y los gastos, el fiscal habría identificado movimientos y desembolsos por un total de $402 millones vinculados con viajes, alquileres, la adquisición del lote en Indio Cuá y la compra del departamento de Caballito.

Ese monto es presentado como uno de los elementos que deberán ser explicados. La pregunta central de la investigación es, precisamente, de dónde salió ese dinero y cómo fueron financiadas esas operaciones.

La información también señala que una parte de los fondos vinculados con las refacciones de Indio Cuá habría sido entregada bajo una modalidad que debía ser posteriormente devuelta. En ese punto, todavía no estaría claro cuánto de ese dinero fue efectivamente reintegrado.

De la explicación pública a la prueba documental

El caso coloca a Adorni frente a una instancia en la que las declaraciones políticas deberán ser acompañadas por documentación. La investigación fiscal busca reconstruir el origen de los fondos y contrastarlos con los bienes, gastos y operaciones detectadas.

La diferencia entre lo declarado, lo gastado y los movimientos patrimoniales señalados por la Justicia constituye el núcleo del requerimiento. En ese escenario, la respuesta de Adorni durante los próximos 15 días será determinante para saber si las inconsistencias pueden ser explicadas documentalmente.

Por ahora, no existe en la información proporcionada una conclusión definitiva sobre la responsabilidad penal del exfuncionario. Lo que sí existe es un requerimiento fiscal concreto, 20 puntos que deben ser respondidos y una eventual indagatoria como próximo paso si las explicaciones no resultan suficientes.

El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre patrimonio personal y ejercicio de la función pública. Para un gobierno que convirtió la austeridad y la transparencia del gasto en parte de su discurso político, el desafío no es menor: las explicaciones que reclama la Justicia deberán sostenerse en documentos y números, no solamente en declaraciones públicas.