En el documento, se considera la declaración del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (ONU), Resolución Nº 31/6, en la que se denuncian distintas irregularidades y arbitrariedades en la detención y se solicita "que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse”.

La Resolución de la UNGS menciona también la medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a su favor en 2017 y el fallo unánime de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “requirió a la justicia de Jujuy que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala, tal como dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Se trata de una mujer racializada, de extracción popular e indígena y su condición de género y étnica son dimensiones que están en la base de la ferocidad con la que es atacada y privada de derechos”, establece la Resolución, en la que además se condena “la utilización de la prisión preventiva como método de persecución política” y se pide “por la libertad de todos los presos y presas políticas”.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, acusada de haber participado de un acampe frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy. Tras la detención, se generó un entramado de “acusaciones consecutivas”, como indica el Grupo de Trabajo de la ONU, y de causas judiciales que hicieron que en la actualidad continúe detenida con prisión preventiva domiciliaria.

El mismo año de la detención, la Asamblea Universitaria de la Universidad se pronunció por la libertad de la dirigente, al reafirmar el compromiso de la institución con la defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales propias de un Estado de derecho.