(Por Sebastián Premisi) El macrismo fue un cúmulo de legalidad fraguada: decretos de necesidad y urgencia, resoluciones y disposiciones para perpetuar un desfalco de bienes públicos. Un área específica donde este modus operandi quedó plasmado fue en las ventas de tierras y edificios públicos a empresarios amigos o vinculados al propio Mauricio Macri. La Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, lo viene investigando de manera sistemática desde el inicio de la actual gestión.

Esta semana, el organismo presentó nuevas pruebas ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi en el expediente que indaga sobre la entrega fraudulenta de los terrenos del bajo viaducto del tren San Martín y Belgrano al Gobierno de la Ciudad y otra causa vinculada al Paseo de la Infanta, con información aportada desde la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En total, la Oficina Anticorrupción investigó y denunció 83 posibles delitos en la venta de tierras e inmuebles con un desfalco hacia el Estado estimado en 146 millones de dólares.

Las subastas de inmuebles durante el macrismo respetaron una misma metodología. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaba el valor del inmueble y luego la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), conducida por Ramón María Lanús y Pedro Martín Comín Villanueva, reducía el valor de la venta en un promedio cercano al 30%. Quien sugería los retoques en los precios era Ramón García Llorente, director de Gestión Patrimonial de la AABE y primo hermano de Lanús. En la mayoría de las transacciones analizadas por la Sindicatura General de la Nación e incluidas en las diversas denuncias penales de la OA se constató la presencia de un solo oferente por cada operación. Los inmuebles se repartían a dedo.

Beneficiados

Bajo este modus operandi se benefició a empresarios privados, como en el caso de los 50 lotes subastados en Córdoba, de los cuales el 47% se vendió a valores inferiores a los establecidos originalmente por la AABE. Estos terrenos terminaron en manos de los amigos de la famiglia Macri: Agustín Nottebohm, Sergio Marcelo Serra, Marcelo Wenceslao Marchetti, Pablo Gerardo Marchetti y Arnolfo Calvo, socios en San Eusebio S.A. y directivos en CIGRA S.A. y La Cebadilla S.A. En la Ciudad de Buenos Aires también se entregaron terrenos al Grupo Techint o a Eduardo Costantini.

Pero no solo los privados gozaron de ese mecanismo para el desfalco. El propio Gobierno de la Ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, fue partícipe de la maniobra urdida desde la AABE con los terrenos del bajo viaducto del ferrocarril.

“Fue una maniobra parecida a la entrega de tierras a privados. En vez de realizar una subasta pública, fueron entregados al gobierno de CABA con valuaciones que no correspondían. Todo había sido hecho a las apuradas luego de perder las elecciones nacionales, incluso con tasaciones viejas, sin respetar los metros cuadrados vigentes y con planos que no eran los definitivos”, explicaron desde la OA.

Esta semana, el organismo aportó nuevas pruebas a partir de un reciente informe de la SIGEN. “No consta que la AABE haya realizado un análisis como así tampoco la debida intervención de las áreas pertinentes conforme la estructura organizativa. En consecuencia, no se encuentra debidamente fundamentada la decisión adoptada (de entrega de bienes)”, puede leerse en el informe de la Sindicatura, tomado por la OA.

Con esta nueva información, el organismo que conduce Crous ratificó ante el juzgado de Martínez de Giorgi “el claro direccionamiento del beneficio exclusivamente en favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la aceleración de los negocios desde la derrota electoral hasta el abandono del gobierno federal”.

“Estas maniobras alejan la hipótesis del yerro en la gestión del patrimonio público, e instalan la fundada sospecha de un proceder fraudulento destinado a consolidar la cuantiosa transferencia de recursos nacionales a la Ciudad de Buenos Aires en la que no puede descartarse la responsabilidad penal de los funcionarios locales”, sostuvo la OA en el escrito presentado esta semana.

Los incumplimientos según la SIGEN

Lo que sucedió en la AABE durante el período 2016-2019 no fueron errores de cálculo ni administrativos, como intentan argumentar desde la defensa. Por el contrario, el accionar resultó burdo. Por caso, la concesión de los terrenos del Paseo de la Infanta a favor del empresario Alejandro Peltenburg –entre otros–, vinculado al ex jefe de Gabinete de Francisco Cabrera y Dante Sica, se concretó el 9 de diciembre de 2019 a las 17.30. Es decir, seis horas y media antes de que Macri se convirtiera en calabazo.

En el informe que la SIGEN le remitió a la OA el pasado 22 de marzo se consignaron las siguientes irregularidades detectadas sistemáticamente durante la investigación de los diferentes expedientes:

Falta de un registro que contenga el universo de trámites de concesiones, que cumpla con los requisitos de integridad, exactitud y validez.

Falta de un procedimiento normado y formalmente aprobado que otorgue uniformidad a las tramitaciones e incluya los controles necesarios a efectos de disminuir riesgos, asegurar la calidad y efectividad de las operaciones.

Carencia en las actuaciones administrativas de documentación necesaria e informes suficientes emanados de las áreas competentes de la Agencia.

Incumplimientos de normas de ética y transparencia, lo que da cuenta de la carencia de mecanismos de control suficientes para dar debido cumplimiento a la normativa.

En las actuaciones administrativas de los concursos públicos de los precitados Bajo Viaductos se han constatado incumplimientos normativos e irregularidades que pueden afectar el patrimonio del Estado Nacional.

Con estos argumentos, la SIGEN concluyó que “existen debilidades que impiden establecer un adecuado sistema de control interno en el procedimiento de las concesiones de uso de bienes inmuebles llevado a cabo por la AABE… y teniendo en cuenta la existencia de posibles perjuicios fiscales con eventuales responsabilidades en los funcionarios intervinientes, se considera necesario que se analice la necesidad de promover el inicio de las actuaciones sumariales correspondientes”.

Megacausa

En promedio, el macrismo convalidó la entrega de tierras fiscales con reducciones artificiales del 33%. En sus diferentes denuncias, la OA describió posibles maniobras fraudulentas en 83 inmuebles con un perjuicio estimado para el Estado de 146 millones de dólares. Todas las pesquisas quedaron acumuladas en una suerte de megacausa en el juzgado de Martínez de Giorgi, que delegó la instrucción en la fiscal Paloma Ochoa. La funcionaria del Ministerio Público Fiscal tendría material probatorio suficiente como para iniciar un llamado a indagatoria.

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