Acompañados por el abogado Miguel Ángel Pierri, radicaron la denuncia con la intención de impulsar una investigación a partir de la nota del periodista Nahuel Gallotta, que publicó el diario Clarín, en relación al accionar de las brigadas de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En dicha nota, se hizo mención a prácticas similares a las que derivaron en el asesinato de Lucas González.

Tras la presentación en los tribunales de Comodoro Py, Santoro explicó: “La denuncia se da en el marco de una investigación realizada por el periodista Nahuel Gallota, publicada este lunes 22 de noviembre en el diario Clarín, donde se detalla el ‘modus operandi’ de las brigadas policiales ilegales que operan en el sur de la Ciudad de Buenos Aires”.

“No estamos politizando la causa, hemos venido a denunciar los acontecimientos. Es muy difícil imaginar que funcionen brigadas de civil y que lo sepan periodistas y no lo sepan autoridades políticas o policiales. Nosotros no hacemos ‘caranchismo’ y no vamos a imputar particularmente a nadie porque eso le corresponde a la justicia”, indicó el legislador.

Victoria Montenegro, también habló luego de la presentación y afirmó: “Ayer, salió una nota en el diario Clarín en la que se denuncia que no es la única brigada sino que existen 2 o 3 móviles más no identificados, sin chapas patentes y que son ocupados por policías de la Ciudad vestidos de civil que se dedican a extorsionar a vecinos del sur: hablan que les cobran coima a los comerciantes que venden sin ticket, a los feriantes y a los vendedores y consumidores de droga”.

“Entonces, lo que nosotros hicimos es presentar una denuncia para pedirle a la Justicia que investigue y determine si existe o no una asociación ilícita que realiza estas operaciones”, remarcó.

Además, señaló que “la policía de la Ciudad cumplió recién cinco años” y que “fue creada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta”, con lo cual desde la administración porteña “no le pueden echar la culpa a nadie”.

La denuncia tiene como número de expediente CFP 7386/2021 y recayó en el juzgado federal correccional y criminal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos.