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Los jóvenes asesinados por un policía fueron recordados en un acto que se realizó en la localidad de San Isidro, en el marco de la campaña “Argentina Unida contra la Violencia Institucional”.

A 21 de años del asesinato de Mariano Witis y Darío Riquelme, se homenajeó a los jóvenes en un acto en el que se descubrió una señalización por Memoria, Verdad y Justicia, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires junto a la familia de Mariano y el Municipio de San Isidro, como herramienta para evitar la repetición de hechos de violencia institucional y evidenciar el repudio del Estado a los delitos cometidos por miembros de sus fuerzas de seguridad.

La actividad contó con la participación de Raquel y Jorge Witis, padres de Mariano, acompañados por familiares y amigos de las víctimas. Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario Horacio Pietragalla Corti; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

También fueron parte del homenaje la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, e integrantes de la Comisión por la Memoria - Zona Norte y SUTEBA San Isidro.

El subsecretario Matías Moreno agradeció a los familiares su incansable lucha y reafirmó el compromiso del Estado con las políticas de prevención de la violencia institucional: “Hoy hay una decisión política de encarar esta deuda de la democracia. No va ser fácil pero este es el camino”.

Además, Moreno señaló que "hay una firmeza en el poder ejecutivo y en el poder legislativo para encarar esta problemática. Sin embargo, tenemos un poder judicial que no crea fiscalías especializas ni aplica el Protocolo de Minnesota, y sabemos que esta problemática necesita del compromiso de todo el Estado”. “Así como construimos el ‘nunca más’ a la dictadura militar, tenemos que construir el ‘nunca más’ a la violencia institucional”, concluyó.

Por su parte, el secretario Horacio Pietragalla Corti manifestó que “trabajar contra la violencia institucional no tiene que ser un sello de un partido político, sino una política trasversal que construya una consolidación de nuestra democracia”. “No podemos permitir discursos de odio ni naturalizar masacres en manos de argumentos que tengan que ver con la lucha contra la inseguridad. Sabemos que una cosa no tiene nada que ver con la otra”, agregó.

En tanto, Raquel Witis celebró la iniciativa y remarcó que “estas marcas urbanas son esenciales porque visibilizan, concientizan, llaman a reflexión, nos interpelan y son un claro recordatorio para el Estado”.

Al concluir la ceremonia, las familias de las víctimas y las autoridades presentes descubrieron el cartel que quedará emplazado en el lugar, como símbolo de memoria y repudio.

El caso

El 21 de septiembre del año 2000, Darío Riquelme, de 16 años, y otro joven, tomaron como rehenes a Mariano Witis y a Julieta Shapiro cuando intentaban asaltar esta sucursal del Banco Itaú. Se subieron a un auto para escapar y comenzó una persecución policial en la cual los efectivos del Comando de Patrullas de San Fernando de la Policía Bonaerense acorralaron al vehículo. Rodeado, Darío tiró el arma oxidada que no servía para disparar. Sin embargo, el cabo Rubén Champonois se acercó al auto y disparó a muy corta distancia y por la espalda contra los dos jóvenes que habían quedado atrapados en el asiento trasero del auto. Ninguno salió vivo.

La causa por los homicidios de Mariano y Darío llegó a juicio oral en el año 2003. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro resolvió condenar a Champonois solamente por el homicidio de Mariano, y lo absolvió por la muerte de Darío con el argumento de que había sido cometida en legítima defensa. Tanto la querella como la fiscalía apelaron. En 2005 el Tribunal de Casación desestimó el fallo en primera instancia atribuyéndole a Champonois la culpabilidad por ambas muertes.

Dos años después, el Tribunal Oral 4 de San Isidro dictó la pena de 12 años y nueve meses de prisión. Luego, el Tribunal de Casación en 2011 elevó la condena a 15 años. Fue recién en el 2014 cuando la pena quedó firme.