(Por Mauro Federico) El término “lobby”, en inglés, significa literalmente “vestíbulo”. Sin embargo, su acepción como “grupo de presión” tiene su origen en un vestíbulo particular, el que en 1640 comunicaba la Cámara de los Comunes con la sala central del antiguo Palacio de Westminster. Allí, los parlamentarios británicos recibían y comentaban mensajes e informes de las fuerzas sociales antes y después de las sesiones. Fiel a su estilo, los norteamericanos quisieron apropiarse de esta tradición y se la atribuyen a una práctica propia del presidente Ulysses Grant, que gobernó Estados Unidos entre 1869 y 1877. Cuenta la leyenda que como su mujer no lo dejaba fumar en la Casa Blanca, Grant disfrutaba de sus puros en los lobbies del Willard Hotel, ubicado a pocos metros de la sede gubernamental. Funcionarios, congresistas o, simplemente quienes buscaban favores políticos, como lo veían a menudo por ahí, aprovechaban ese momento de tranquilidad para encontrarse con el mandatario, que solía mostrarse amable y predispuesto al diálogo.

Sea de quien fuere la autoría intelectual de la expresión, el objetivo de los lobbies es “influir en los procesos de elaboración de políticas” y, según varios cientistas políticos, pueden clasificarse en tres ramas: las consultoras profesionales y despachos de abogados; los lobbistas de empresas y asociaciones comerciales; y los think tanks (o fábricas de ideas) y ONG. En el llamado Primer Mundo, la actividad de los lobistas está regulada por leyes que les dan marco a las gestiones entre los Estados y los grupos económicos. Y no solo están regulados, sino también empadronados: la Comisión Europea abrió un registro voluntario para las organizaciones que hacen lobby, y a finales de 2019 había casi 12.000 grupos de presión inscriptos en él, que solo en 2018 movieron negocios por 1.500 millones de euros.

En los Estados Unidos, los lobistas representan los intereses de sus clientes o de organizaciones que tratan con federales, Estados, sucursales del Poder Ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia. Además, los grupos de lobby pueden escribir proyectos legislativos o leyes para los oficiales disciplinarios de los partidos. La actividad de lobby, tanto para individuos como para grupos y corporaciones, está protegida por el derecho a la petición en la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Solamente en Washington D.C hay más de 17.000 lobistas federales registrados para operar.

En Argentina no existe una legislación específica que regule sus actividades. Lo más parecido a un ordenamiento en el tema de regulación de la gestión de intereses está contenido en el decreto 1172/2003 sobre el acceso a la información pública. Esta normativa busca reglamentar para transparentar las audiencias públicas y la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la elaboración participativa de normas, los pedidos de información pública y la regulación de reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos. Curiosamente, la norma fue firmada por el entonces presidente Néstor Kirchner y dos funcionarios que forman parte del ejecutivo actual: Alberto Fernández y Gustavo Béliz.

Al amparo de esta nebulosa normativa de la Argentina, se mueven los grupos que presionan al Estado para favorecer los intereses de ciertos sectores empresariales. Al no existir ningún tipo de regulación específica, la relación entre quienes manejan la cosa pública y los privados discurre casi siempre en vínculos donde escasea el juego limpio y abundan las cenas lujosas, los viajes, los partidos de golf y otras reuniones privadas donde se entregan generosas dádivas a los siempre solícitos funcionarios.

La industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo. Y cuando, por algún motivo, sus intereses se ven afectados, echan mano a todos los recursos para protegerlos y contribuir a la maximización de sus ganancias. La estrategia más habitual es el uso de los lobistas que siempre están a disposición de quien los requiera.

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El gigante que siempre quiere más

Pfizer es una empresa farmacéutica estadounidense que, después de diversas fusiones con otras compañías, se transformó en el laboratorio líder a nivel mundial del sector farmacéutico. Fundada en 1849 por dos inmigrantes alemanes, instalados en Brooklyn, salieron por primera vez al mercado con la santonina, un tratamiento para combatir cierto tipo de “parásito” de la familia de las lombrices. Gracias al éxito de ventas que obtuvieron, en menos de diez años se lanzaron a producir otras preparaciones médicas como el bórax, el alcanfor y el yodo, hasta la llegada del ácido cítrico, que se transformó en la nave insignia de la empresa durante más de ocho décadas. En 1998 lanzó el producto que lo posicionaría al tope del ranking de los laboratorios: el sildenafil, originariamente pensado para las anginas, pero que terminó funcionando como un inmejorable fármaco para tratar la disfunción eréctil.

El “viagra” –tal su nombre comercial- fue patentado en 1996 y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 1998. Así se convirtió en la primera pastilla aprobada para tratar los problemas de erección y en un gran éxito de ventas: entre 1999 y 2001 superó los mil millones de dólares por año. Quince años después de su aprobación, dejó de pertenecer a Pfizer porque caducó su patente y así pasó a ser fabricado por otras compañías farmacéuticas y comercializado masivamente con la misma composición activa (citrato de sildenafilo) como un fármaco genérico, sin infringir ninguna patente. Lo que no puede es ser denominado Viagra, ya que la empresa Pfizer sigue contando con la titularidad de la marca registrada.

Pero mucho antes de congraciarse con los millones de hombres que tienen dificultades para erguir el mástil, este laboratorio supo construir una herramienta que se transformó en indispensable para la consolidación de su poder: el aceitado engranaje de lobistas con los que operó durante las últimas décadas sobre las decisiones de funcionarios y congresistas. De hecho, varios de los integrantes del gabinete y asesores más poderosos del presidente Joe Biden, han tenido relaciones comerciales con la multinacional farmacéutica.

De hecho, esos mismos ex integrantes de la compañía que se sumaron al gobierno fueron clave en la presión ejercida sobre la administración Biden por la posición adoptada en la OMC a favor de la exención de las patentes COVID propuesta a principios de 2021. “Biden y muchas de sus personas designadas tienen vínculos con compañías farmacéuticas que intentan retrasar y debilitar la exención de la vacuna COVID que ahora promete negociar”, escribieron los periodistas David Sirota, Walker Bragman y Andrew Perez en un portal de investigación periodística de los Estados Unidos.

Esos vínculos, y la alianza de larga data de Biden con los intereses de la industria farmacéutica, “podrían resultar particularmente relevantes ya que las compañías farmacéuticas intentan cancelar cualquier nueva exención de las reglas de patentes que podría reducir sus ganancias y facilitar la distribución más amplia de vacunas a los países afectados por COVID”.

La minuciosa investigación alerta que “los detalles granulares de la exención (en la OMC) serán negociados por una administración de Biden poblada por individuos con importantes inversiones farmacéuticas y cuyos empleadores anteriores trabajaron para una panoplia de gigantes farmacéuticos. Eso incluye a los fabricantes de medicamentos que actualmente presionan a la Casa Blanca sobre la propiedad intelectual”.

Los cabilderos farmacéuticos que trabajaron en contra de la propuesta incluyen a Mike McKay, un recaudador de fondos clave para los demócratas de la Cámara, que se desempeña como lobista de Pfizer, así como a varios ex miembros del personal de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que supervisa las negociaciones con la OMC. En esa lista aparecen Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Biden ante las Naciones Unidas (que trabajó anteriormente para la consultora Albright Stonebridge Group, representante de Pfizer); Jennifer O’Malley Dillon, subdirectora de personal de la Casa Blanca (socia fundadora de Precision Strategies, una de las consultoras más requeridas por el gigante farmacéutico); y Anita Dunn, asesora principal del presidente estadounidense, que preside SKDK, también al servicio del laboratorio.

El propio Biden, a lo largo de su carrera, ha apoyado la legislación comercial que fortalece las reglas de patentes farmacéuticas. Entre otras acciones, votó por la Ley de Acuerdos de la Ronda Uruguay de 1994, que creó el sistema restrictivo de patentes conocido como Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). “Pfizer y otras compañías farmacéuticas presionaron fuertemente por los ADPIC, y el nuevo acuerdo requería que los países miembros promulgaran leyes nacionales que brindaran un estándar mínimo de protección de la propiedad intelectual. Como era de esperar, después de su establecimiento, los precios de los medicamentos se dispararon”, sostiene la investigación. De hecho, muchos se sintieron decepcionados cuando Biden planteó la propuesta de liberar la patente de los fármacos utilizados para combatir al coronavirus. No es para menos. Pfizer, fabricante de la vacuna anti covid más utilizada en Estados Unidos, donó varios millones de dólares al comité electoral del actual presidente.

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Los “valijas” de la oposición

La noble profesión del agente de propaganda médica, nuclea a quienes se forman para transformarse en nexos entre la industria farmacéutica y los profesionales de la medicina. También conocido como “visitador médico” (o en la jerga hospitalaria con el cariñoso apodo de “valija”), representan la única figura legal reconocida y permitida para trasmitir información de medicamentos y otros productos de prescripción médica, que no pueden ser publicitados en otros medios abiertos al público. Están dotados técnica y científicamente para ejercer la delicada tarea de explicar a quienes tienen la potestad de prescribirlos, las bondades de los productos elaborados por los laboratorios.

El pasado jueves, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero concurrió al Senado para presentar el primer informe de gestión del gobierno de este año, previo responder por escrito las casi 1200 preguntas que la oposición le había formulado. Ante la insistencia de la mayor parte de los legisladores de Junto por el Cambio por obtener detalles acerca de los motivos por los cuales se frustró la negociación con Pfizer, Cafiero no dejó ningún lugar a dudas respecto a la posición oficial: “Primero sembraron dudas sobre la vacuna, que no estaba aprobada, que era envenenamiento. Después dijeron que la vacuna no llegaba a tiempo. Después que la vacunación no se iba a completar porque faltaban los segundos componentes para poder avanzar en cerrar esos ciclos de vacunación. Y ahora hay una obsesión, durante toda la semana, pero también hoy, sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuenta, visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino”, remarcó.

Como hemos contado en este mismo artículo, el poder los lobistas de la industria farmacéutica trasciende cualquier frontera. La actitud de una parte de la oposición, alineada con un sector de los medios de comunicación deja en evidencia que detrás de los cuestionamientos y el discurso supuestamente a favor de la vacunación masiva, están los intereses del laboratorio más importante del planeta.

Para el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados Pablo Yedlin “estamos en presencia de un intento de Pfizer por boicotear el plan de vacunación, mecanismo que repiten en cualquier país donde ellos no tengan negocios”. Ante la presión ejercida para modificar la legislación aprobada el año pasado por el Congreso que establece límites a las negociaciones con los laboratorios que producen vacunas, el diputado aseguró en diálogo con #PUENTEAEREO que “no debemos modificar la ley para que ellos firmen, deben ajustarse a las normativas vigentes como el resto de los laboratorios”. Para Yedlin, es muy claro lo que sucede: “la industria farmacéutica le está exigiendo a los países pobres que se hagan cargo de las indemnizaciones ante posibles casos de complicaciones, cuando se tendrían que hacer cargo de sus responsabilidades”.

“Cuando se promulgó la ley el año pasado, no teníamos claridad respecto a cuándo iba a estar lista la vacuna y la industria se aprovechó de esa circunstancia y trasladó el riesgo a los Estados de los países contratantes, hoy habría que modificar la ley pero haciéndola más estricta a favor de los intereses de la Argentina y no de la industria farmacéutica que está haciendo un negocio fabuloso”, finalizó el diputado.

Según la Organización Mundial de la Salud solo el uno por ciento de los cien millones de dosis de vacunas producidas se ha destinado hasta la fecha a los países de ingresos más bajos. El divulgador científico Stephen Buranyi estimó que desde enero se han producido alrededor de 430 millones de dosis para aproximadamente unos 215 millones de personas y que, de las vacunas ya administradas, “aproximadamente la mitad se destinó al 16% más rico de la población mundial”. ???

Fuente: puenteaereodigital.com