(Por Juan Ignacio Guarino) El periodista ultramacrista Luis Majul fue uno de los perseguidos y espiados por la Agencia Federal de Inteligencia. Al presentarse como querellante ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió discreción en la difusión de los mails que fueron interceptados por los agentes de inteligencia aduciendo que podrían filtrarse las “claves de cuentas bancarias”.

Su abogada es Silvina Martínez, tradicional panelista de sus programas y una habitué de las denuncias contra el kirchnerismo. En el escrito presentado a Martínez de Giorgi, pidió que no se divulguen los correos de Majul, utilizando un curioso argumento.

“Vengo a solicitar el resguardo en debida forma de los supuestos mails que fueran acompañado como prueba por la denunciante y evitar su divulgaición o entrega a toda personas ajena a mis abogados. Ello a fin de no agraver el perjuicio de que fuera víctima” reza el escrito del periodista que dijo encontrar las escuchas a CFK mientras corría por Palermo.

Che, me parece a mi o Majul ya sabe que van a saltar las cuentas en donde le depositaron por las operaciones mediáticas realizadas?
Menos mal que estamos en cuarentena sino alguien podría salir a correr y encontrarse con otro que se las de, no?
Ni #PatoLaAgitadora te va a salvar. pic.twitter.com/7ro17PlvrQ

— Caído del Catre (@CaidodelCatre1) June 2, 2020

“UNICAMENTE autorizo a acceder a mis letrados a lo correos privados que se hayan acompañado como prueba toda vez que no solo existen cuestiones privadas, sino que también patrimoniales (como claves de cuentas bancarias) cuya divulgación o adulteración podrían ocasionarme perjuicio aún mayor”.

Se trata a todas luces de un absurdo, ya que está desaconsejado enviar claves bancarias por correo electrónico y no tendría motivo para hacerlo. Se nota a la legua que el periodista está preocupado por el contenido de sus intercambios por email.

Cabe destacar que corre la protección de sus intercambios con sus fuentes por su actividad periodística, pero este beneficio se suspende en caso de que se hayan cometido delitos, como sucedió en caso de Daniel Santoro en el marco de la causa de Dolores.  Fuente: elagora.digital