El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CoNaDUV) confirmó que no estará presente en las audiencias públicas no vinculantes convocadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, para los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad de La Plata.

Allí se tratará el nuevo cuadro tarifario que se impondrá en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta 11 y conexas), respectivamente.

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“Ha quedado claramente demostrado que las audiencias públicas, de carácter no vinculantes, han sido y siguen siendo un simple formalismo y un desagradable show montado por el Gobierno de la Provincia, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto, hacia los usuarios viales directos e indirectos”, expresó Ricardo Lasca, referente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y del CoNaDUV.

Así las cosas, planteó que “en esta oportunidad como en anteriores, sólo se escuchará el lamento del concesionario vial (AUBASA) y cómo restablecer su ecuación económica- financiera, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario vial”.

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“La Audiencia Pública es un requisito obligatorio, pero no vinculante, y tal cual como viene sucediendo, en definitiva se terminará aplicando el nuevo esquema tarifario propuesto por el poder concedente para favorecer sólo el interés particular de la empresa concesionaria, pisoteando y vulnerando los derechos de los usuarios viales y sin considerar la defensa del bien común”, fustigó Lasca.

Finalmente, recalcó que “con estos tarifazos que se dan en forma constante y sin considerar la difícil situación que atraviesa el país, siendo claramente recaudatorios, abusivos, inapropiados, y carentes de todo fundamento técnico-económico, el peaje actúa como un impuesto al tránsito y la circulación, y lo único que se logra es aumentar el costo de transporte y generar más inflación, ocasionando serios perjuicios sociales y económicos, a los usuarios viales, a las localidades servidas por los corredores en cuestión, y a toda la sociedad en su conjunto”.

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El CoNaDUV califica las tarifas que se están cobrando y que se cobrarán, como “exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario”. (ANDigital)

TRANSPARENCIA OSCURA
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— En Orsai (@EnOrsai) 6 de septiembre de 2018