Lo hicieron en el marco de una conferencia de prensa en la que presentaron un informe preliminar sobre el diagnóstico que elaboraron durante su visita oficial en el país. Al destacar la invitación por parte del gobierno nacional señalaron que, con ella, el Estado reconoce la competencia de este grupo y, en ese marco, debe también dar curso a las recomendaciones del mismo. De seguir incumpliendo la resolución, se elevará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde se analizarán las responsabilidades del Estado.

Si bien durante el informe los expertos en Derechos Humanos no hicieron mención alguna a la diputada del Parlasur, el ochenta por ciento de las preguntas formuladas por la prensa giraron en torno a la dirigente social. En ese marco, Roland Adjovi indicó, tal como lo habían anticipado el año pasado cuando tras conocerse la Opinión 31 el gobierno nacional cursó la invitación y la uso como excusa para dilatar la liberación de la parlamentaria, que “la visita no fue para evaluar la situación de Milagro Sala” y ratificó que “su detención es arbitraria.

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El mandato –respecto a su liberación- subsite. Lo importante es cómo van a implementarlo”. También indicó que en caso que eso no suceda “se va a reflejar en el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y veremos cómo el gobierno argentino podría cumplir con el mandato”. Además indicó que con la invitación el gobierno también asume compromisos.

Consultada sobre la responsabilidad de la sociedad civil ante las violaciones a los derechos humanos, Elina Steineter pidió que “no mire para otro lado” y que cada uno de los sectores tiene responsabilidades a la hora de reclamar el cumplimiento de las garantías en la materia.

Mara Brawer, una de las coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala señaló que “luego de la enorme marcha del 10 de mayo, donde el pueblo argentino reafirmó el Nunca Mas, el gobierno debe cumplir con la Opinión 31 de Naciones Unidas para no poner a la Argentina entre los países que violan los derechos humanos”.

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A su turno, María Elena Naddeo, también del Comité e integrante de la APDH, expresó que la “visita del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha sido importantísima. Han ratificado cuestiones de elemental justicia en base a tratados internacionales de derechos humanos. No puede haber prisión preventiva por estas causas que están llevando contra Milagro Sala y los presos políticos de la Tupac en Jujuy y Mendoza”.

“Sentimos fortalecida nuestra lucha a partir de esta visita. Ratifica lo que sostenemos respecto a la violación de derechos humanos que significa la detención de Milagro Sala y las otras presas y presos. Lamentamos que el gobierno nacional siga obstinado en colocar a Argentina en países a sancionar por prisiones arbitrarias. Exigimos a Macri que cumpla la resolución de la ONU”, finalizó Estela Díaz, secretaria de Género de CTA y coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala.

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— En Orsai (@EnOrsai) 17 de mayo de 2017