(Por Irina Hauser - Pag12) Corría fin de mayo de 2018 y renunciaba un funcionario clave del Ministerio de Energía de entonces, Marcelo Pedro Blanco, uno de los tantos nombres que se habían incorporado al aparato estatal pero venían del mundo empresario, en su caso de Pampa Energía y del Deutsche Bank, entre otras firmas. Su salida generó ruido en ese momento y, aunque pasó rápido, trajo consecuencias impensadas. El exfuncionario había iniciado unas semanas antes un llamativo trámite express para vender el porcentaje de acciones pertenecientes al Estado de la empresa Central Puerto, una importante generadora de energía.

La Oficina Anticorrupción (OA) descubrió que el proceso ante el Tribunal de Tasaciones estuvo plagado de irregularidades que sugerían algún arreglo. Estaba todo prácticamente listo para que se concretara la venta, cuando se produjo la salida de Blanco --denunciado por esos días por conflictos de intereses-- y el negocio quedó interrumpido abruptamente. Los investigadores sospechan que había un armado para beneficiar a Pampa Energía y/o al amigo del expresidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, entre otros. La denuncia, por incumplimiento de deberes y posibles negociaciones incompatibles, apunta a uno de los integrantes del Tribunal de Tasaciones, Darío Guilteman, que era su titular, pero sería de mucho mayor espectro.

La causa quedó a cargo de la jueza María Servini a quien la OA, el organismo que conduce Félix Crous, le entregó prácticamente todas las pruebas documentales que pudo reconstruir (ya que el expediente original desapareció) y que muestran el trámite escandaloso. Como pasa a menudo con casos que explora el organismo, a veces son apenas una pequeña muestra de un modus operandi y de negociados a gran escala que requieren una investigación más amplia y profunda. Es posible que sea el caso. Aquí hay dos áreas claves implicadas: la energética y el tribunal que realiza las tasaciones de los bienes públicos y se vincula con la venta de muchos de ellos.

La operación sobre el porcentaje de participación estatal en Central Puerto (CEPU S.A) fue promovida por Blanco invocando un decreto de Macri que disponía, precisamente, la venta a privados de lo que quedaba en manos del Estado de las empresas de energía. Era una especie de remanente estatal de la época de las privatizaciones del menemismo. Blanco, ex subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía que comandaba Juan José Aranguren, le pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) la tasación de las acciones a vender de Central Puerto, que representaban el 8,23 por ciento del capital social. Lo hizo el 9 de abril de 2018. En sólo 24 horas el presidente del tribunal, Guitelman, dio una respuesta que habitualmente demora entre 6 meses y un año. Dijo que había consultado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que "comparte y hace suyas las conclusiones y recomendaciones".

Marcelo Pedro Blanco, exfuncionario del Ministerio de Energía, fue quien inició el trámite sospechado

El primer dato llamativo es que la consulta de Guitelman llegó a la Bolsa --según sus registros-- el 4 de abril, o sea, incluso antes del pedido de Blanco. La nota hallada allí emitida por el TTN no tenía fecha, pero había iniciado un expediente interno el día 3 de abril. La otra cuestión es que el tribunal no puede evaluar de manera tan rápida porque debe cumplir un procedimiento interno donde se sortea una sala compuesta por varios miembros que opinan, entre los cuales no está el presidente. Y no era que no tenía experiencia: había hecho tasaciones que demoraron meses con YPF, Aerolíneas Argentinas, Austral, Intercargo, entre otras, y nunca se equivocaron. El propio TTN, ante el pedido de informes de la OA, admitió que no se había convocado siquiera a una reunión plenaria.

"Queda claro que tanto los incumplimientos normativos consumados por Darío Ezequiel Guitelman, como los acuerdos previos en los que participó para acelerar la tasación de las acciones de CEPU S.A., en modo alguno tuvieron en miras generar un beneficio para el titular de dichas acciones, es decir el Estado Nacional. Por el contrario, dichas conductas parecieran manifestar el interés de Guitelman en beneficiar a un tercero", plantea la denuncia a la que accedió Página/12. Los accionistas mayoritarios de CEPU S.A, además del Estado son Caputo y Guillermo Reca. Ellos mismos podían convertirse en compradores. Otros también.

Lo que advirtió la OA es que poco tiempo antes de que se iniciara el proceso de tasación propiciado por Blanco, quien se había desempeñado en Pampa Energía hasta 2016, esa misma empresa "vendió el 58,88 % del paquete accionario de Petrolera Entre Lomas S.A. (PELSA) por un valor de 360 millones de dólares, acaso para contar con el capital para la compra de las acciones de CEPU S.A. En similar sentido, el 2 de febrero de 2018, las acciones de Central Puerto S.A. debían salir a cotizar en Wall Street entre 17,50 y 21,50 dólares pero lo hicieron a 16,50 dólares. De este modo, la oferta pública, recaudó 330 millones de dólares en vez de los 450 millones previstos inicialmente y en consecuencia, la acción de la misma compañía en el mercado porteño se derrumbó un 16,8 %".

Es decir, ambas empresas salen a vender acciones de manera anticipada, a un precio ficticio, y luego logran colocarlas a mayor valor. La OA sospecha que estaban juntando el dinero para la compra de la porción estatal de Central Puerto con información privilegiada y ventajas en el precio.

El organismo agrega: "Medio centenar de operadores e inversores acusaban a las autoridades del Merval y a los bancos colocadores de la nueva acción en Wall Street (Bofa Merrill Lynch, JP Morgan y Morgan Stanley) de haber inflado el valor estimado para favorecer a los accionistas mayoritarios (Nicolás Caputo y Guillermo Reca) en desmedro de los minoritarios. También cargaban contra la Comisión Nacional de Valores (CNV) por no haber evitado el uso de información privilegiada por parte de Caputo y el también exCardenal Newman, Guillermo 'Willy' Reca".

El escrito le señala a la jueza: "No podría descartarse que el apresurado e irregular procedimiento de tasación de las acciones del MINEM en Central Puerto S.A., promovido en abril de 2018 por Marcelo Pedro Blanco, persiguiera favorecer el negocio de la compra de dichas acciones por parte de Pampa Energía S.A, Nicolás Caputo, Guillermo Reca o todos ellos en conjunto, recuperando sus posiciones mediante la adquisición de las acciones del Estado valuadas por debajo de la cotización de venta de las acciones de las cuales se desprendieron inmediatamente antes. Un excelente negocio con una simple mudanza de paquete accionario en la misma sociedad. En efecto, resulta pertinente esclarecer esta hipótesis, que se presenta como un objetivo factible de la maniobra denunciada, y le otorga sentido a su implicancia económica". Un dato para agregar es que Guitelman fue compañero de facultad de Macri en la UCA. El ex presidente le dio un cargo permanente en el tribunal de tasaciones, que presidió durante su gobierno. También lo uniría una amistad con Rogelio Frigerio.

Otro caso conocido, en un expediente más avanzado, que también fue producto de aquel decreto de Macri que disponía la venta de acciones del Estado en empresas energéticas, fue por la venta a precio vil de las centrales térmicas Brigadier Brigadier López y Ensenada Barragán, en Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente, que "ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional". La primera fue adjudicada, precisamente, a Central Puerto por 165.432.500 dólares, y la segunda por 229.529.500 dólares al grupo YPF-Pampa. La denuncia la hicieron Rodolfo Tailhade y otros diputados/as.

"¿Cómo puede admitirse que el Estado enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valía en 2012?”, se preguntaban. Por este caso, el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria al ex coordinador del gabinete de Macri, Gustavo Lopetegui, al ex director de Vialidad Javier Iguacel y otros funcionarios. Tailhade también había denunciado a Blanco por conflicto de intereses en relación a Pampa Energía. La lógica que recorre a todos estos negocios parece tener un hilo conductor.