Apenas una semana después de que el papa León XIV reclamara una economía al servicio de las personas y una distribución más equitativa de la riqueza, Javier Milei volvió a cuestionar la justicia social y la equiparó con vivir del esfuerzo ajeno. Lo hizo durante un acto en la Universidad de Belgrano, donde recibió un doctorado honoris causa.
La diputada Marcela Pagano presentó ocho pedidos de informes para investigar contrataciones millonarias de fotocopiadoras en organismos públicos. Una empresa habría recibido pagos por casi $30 mil millones desde 2017, equivalentes a más de $110 mil millones actualizados. En plena era de la digitalización y el ajuste estatal, la investigación plantea una contradicción: alquilar una máquina durante un año costaría bastante más que comprarla.
Las universidades públicas vuelven a marchar al Congreso para exigir que se aplique la ley de financiamiento, un día después de que la Justicia multara al jefe de Gabinete por no cumplirla. Detrás del reclamo hay una caída de casi la mitad de la plata nacional para educación y un Presupuesto 2027 que deja a las universidades un 27% abajo de 2023.
La asistencia que nació tras la disolución de Potenciar Trabajo quedó atrapada entre una decisión administrativa y una disputa judicial. La Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos y el Gobierno avanzó con el cierre del programa.
El INDEC informó que en el segundo trimestre de 2026 la desocupación afectó a más de 1,73 millones de personas. Desde noviembre de 2023, se destruyeron 354 mil empleos formales, según datos del SIPA. La informalidad tocó el récord del 45% desde que se mide.
La decisión afectó a trabajadores de cocina, jardinería y administración. La intendencia de la residencia quedó a cargo del teniente coronel Velázquez, en medio del hermetismo por la intimidad del Presidente.
La renuncia de Santiago Muzio profundizó la crisis de la Casa Argentina en París. Su gestión quedó bajo cuestionamientos por el uso de recursos, obras, expulsiones de residentes y decisiones vinculadas con la memoria de la dictadura. El conflicto llegó hasta autoridades francesas y tensó los vínculos institucionales.
Al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del Banco Nación por más de $2.500 millones. La polémica escaló con el caso Massaccesi, las denuncias judiciales y una auditoría de la AGN que busca determinar si hubo privilegios o incumplimientos.
El funcionario y hombre cercano al ministro de Economía accedió en febrero de 2025 a un préstamo del Banco Nación equivalente entonces a unos US$315.000. La línea para empleados públicos ofrecía una tasa del 4,5%, mientras que otras líneas llegaban al 9,78%.