Volver al Trabajo: se terminó el pago de $78.000 y la Justicia dejó abierta la pelea por el programa

El programa que terminó, pero no terminó de irse

Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 mediante el Decreto 198/2024, después de la reorganización del antiguo Potenciar Trabajo. Su objetivo formal era orientar a los beneficiarios hacia la capacitación, la intermediación laboral, las prácticas formativas y distintas herramientas destinadas a facilitar el acceso al empleo.

El programa contemplaba una asignación mensual fija de $78.000 durante su vigencia. La propia normativa establecía que ese monto era una prestación no remunerativa y que debía abonarse directamente a los beneficiarios.

El problema apareció cuando llegó el momento de ponerle fecha de vencimiento al esquema.

El Gobierno consideró concluido el período de vigencia y avanzó con el reemplazo de las transferencias monetarias por herramientas de capacitación. Pero un grupo de beneficiarios y organizaciones sociales llevó la discusión a los tribunales y consiguió inicialmente una medida cautelar que obligó al Estado a mantener los pagos.

Ahí comenzó una segunda vida para un programa que administrativamente ya estaba terminado.

La Justicia primero sostuvo los pagos y después habilitó el cierre

El expediente tramitó ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Ese tribunal había dispuesto una medida cautelar para sostener el pago de los $78.000 a los beneficiarios mientras avanzaba la discusión de fondo. La acción colectiva fue registrada oficialmente como “Ledesma, Andrea Liliana y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano s/ amparo colectivo”.

La situación cambió en julio. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, integrada por Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, revocó la medida cautelar. Con esa decisión, quedó sin efecto la obligación judicial que impedía al Gobierno avanzar con el cierre del programa.

La resolución tuvo una consecuencia concreta: el Ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar las transferencias.

Según la información publicada por medios que siguieron el expediente, la medida alcanzaba a unas 900.000 personas que recibían la asignación de $78.000.

No se trató, por lo tanto, de una simple decisión administrativa sobre una partida presupuestaria. La continuidad del ingreso había quedado bajo revisión judicial y la decisión de la Cámara modificó nuevamente el escenario.

Tres meses más después del supuesto final: La historia todavía tuvo un capítulo adicional.

Aunque el Gobierno había establecido que el pago ordinario terminaba, la cautelar permitió que las transferencias continuaran temporalmente. Distintas fuentes coinciden en que hubo pagos de $78.000 correspondientes a mayo, junio y julio.

Esos desembolsos explican buena parte de la confusión que todavía existe entre los beneficiarios.

Para quienes habían dejado de recibir el programa en los registros administrativos, la continuidad judicial significó tres meses adicionales de ingresos. Cuando la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar, esa extensión excepcional dejó de tener sustento.

Por eso septiembre aparece como un punto de quiebre. No existe una liquidación general confirmada de $78.000 para los titulares de Volver al Trabajo. Distintas publicaciones especializadas y periodísticas coincidieron durante agosto y septiembre en señalar que no había un nuevo cronograma oficial de pagos.

$78.000: el número que todavía genera confusión

Una de las principales razones de la confusión está en que el monto continúa vigente para otro programa.

El Ministerio de Capital Humano extendió en abril de 2026 la vigencia de Acompañamiento Social a 48 meses mediante la Resolución 90/2026. La norma también mantuvo para sus beneficiarios una asignación mensual de $78.000, sujeta a las condiciones establecidas por el programa y a la disponibilidad presupuestaria.

Eso significa que dos personas que alguna vez cobraron Potenciar Trabajo pueden encontrarse hoy en situaciones diferentes.

Quien quedó dentro de Acompañamiento Social puede continuar percibiendo la prestación si cumple las condiciones correspondientes. Quien pertenecía a Volver al Trabajo, en cambio, quedó alcanzado por el proceso de finalización del programa y por la decisión judicial que dejó sin efecto la cautelar que sostenía las transferencias.

El mismo número —$78.000— aparece entonces asociado a dos realidades distintas.

Y ahí nace buena parte de los titulares que durante las últimas semanas anunciaron supuestos nuevos pagos de Volver al Trabajo que finalmente no fueron confirmados.

Del ingreso directo a la capacitación

El Gobierno planteó como alternativa un cambio en el modelo de asistencia.

En lugar de sostener una transferencia mensual general, Capital Humano avanzó con un esquema basado en capacitación laboral y herramientas orientadas a la inserción en el mercado de trabajo. La decisión fue presentada como parte de la transformación de las políticas sociales impulsada por el Ejecutivo.

La diferencia no es solamente administrativa. Un ingreso monetario directo permite que el beneficiario disponga libremente del dinero para cubrir sus necesidades. Una capacitación, en cambio, constituye una prestación de naturaleza diferente y su resultado depende de que efectivamente genere oportunidades de inserción laboral.

Ese contraste explica buena parte de la disputa política y judicial. Las organizaciones que reclamaron la continuidad del programa sostienen que el reemplazo no resuelve automáticamente la situación de quienes pierden la transferencia. El Gobierno, por su parte, sostiene que la política debe orientarse hacia la capacitación y el empleo.

Ambas posiciones forman parte de una discusión que todavía no tiene un desenlace judicial definitivo.

Qué queda ahora en la Justicia

La decisión de la Cámara Federal de San Martín no significa que todas las discusiones vinculadas al expediente hayan desaparecido.

La acción colectiva continúa y la controversia de fondo sigue su recorrido judicial. Distintas fuentes señalaron que la cuestión llegó a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario presentado por los demandantes.

Mientras tanto, la resolución de la Cámara tiene un efecto concreto sobre los pagos: dejó sin vigencia la cautelar que obligaba al Estado a continuar las transferencias.

Por eso, afirmar que “Volver al Trabajo vuelve a pagar $78.000” no encuentra respaldo en la información oficial disponible.

Tampoco corresponde confundir ese programa con Acompañamiento Social, que tiene una normativa diferente y cuya vigencia fue extendida por el Ministerio de Capital Humano.

El costo de quedar atrapado entre una baja y un expediente. El caso deja una pregunta que excede los $78.000.

Cuando una política social cambia de diseño, el problema no desaparece porque cambie el nombre del programa. Para las personas que dependían de una transferencia, el paso de un ingreso directo a un esquema de capacitación puede significar una modificación concreta de sus ingresos mensuales.

La Justicia intervino porque hubo beneficiarios que cuestionaron la decisión administrativa. Luego otro tribunal consideró que la cautelar debía ser revocada y permitió avanzar con el cierre.

El resultado, hasta ahora, es un escenario de incertidumbre.

Volver al Trabajo dejó de tener un pago general confirmado. Acompañamiento Social continúa bajo otra normativa. Y la disputa judicial todavía no encontró una última página.

Mientras los expedientes avanzan de tribunal en tribunal, la pregunta de los beneficiarios es bastante más sencilla que la discusión jurídica: si los $78.000 no llegan, ¿con qué se reemplaza ese ingreso?

Por ahora, la respuesta oficial apunta a la capacitación. La respuesta judicial definitiva todavía está pendiente.

FUENTES

Ministerio de Capital Humano. (2026). Resolución 90/2026: Programa de Acompañamiento Social.

Boletín Oficial de la República Argentina.

Poder Ejecutivo Nacional. (2024). Decreto 198/2024: Programa Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social.

La Nación. (2026, 14 de julio). La Justicia le habilitó al Gobierno dejar de pagar el plan social “Volver al Trabajo” y reemplazarlo por vouchers.