Apenas una semana después de que el papa León XIV reclamara una economía al servicio de las personas y una distribución más equitativa de la riqueza, Javier Milei volvió a cuestionar la justicia social y la equiparó con vivir del esfuerzo ajeno. Lo hizo durante un acto en la Universidad de Belgrano, donde recibió un doctorado honoris causa.
Osvaldo Peralta // Jueves 19 de noviembre de 2026 | 06:40
Condena la justicia social mientras profundiza su política de ajuste
El contraste entre ambos discursos expone una disputa de fondo: si el crecimiento económico debe depender exclusivamente de los incentivos del mercado o si el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos, reducir desigualdades y proteger a los sectores más vulnerables.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una serie de definiciones sobre la desigualdad, el trabajo, la pobreza y la responsabilidad social de la economía. Sin embargo, apenas unos días después de que el pontífice regresara a Roma, el presidente Javier Milei volvió a defender públicamente una concepción económica que contradice aspectos centrales del mensaje papal.
El miércoles 18 de noviembre, durante una ceremonia en la Universidad de Belgrano, donde recibió un doctorado honoris causa, el mandatario retomó uno de los argumentos más recurrentes de su pensamiento económico: la idea de que las políticas redistributivas perjudican el crecimiento y terminan empobreciendo a la sociedad.
“La idea de la justicia social nos hunde”, afirmó ante el auditorio.
La declaración no fue un comentario aislado. Milei vinculó la justicia social con el supuesto castigo a quienes trabajan y producen, y sostuvo que los mecanismos de redistribución de ingresos generan incentivos negativos para el ahorro, la inversión y la actividad económica.
Su intervención adquirió una dimensión política particular por el momento en que se produjo. Apenas una semana antes, León XIV había defendido públicamente la necesidad de fortalecer la justicia social, proteger a los trabajadores y garantizar que el funcionamiento de la economía no estuviera desvinculado de las necesidades humanas.
La contradicción resulta difícil de disimular: mientras el pontífice planteó que la riqueza debe contribuir al bienestar colectivo, el Presidente volvió a presentar la redistribución como una amenaza para el desarrollo.
No se trata simplemente de dos interpretaciones diferentes sobre la economía. Lo que aparece en discusión es el papel del Estado, el alcance de los derechos sociales y la responsabilidad de una sociedad frente a quienes quedan excluidos de los beneficios del crecimiento.
Durante su visita a la Argentina, León XIV había establecido una definición que atravesó buena parte de sus intervenciones públicas: la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas subordinadas a las exigencias de la economía.
La formulación, vinculada con la doctrina social de la Iglesia, cuestiona la idea de que el crecimiento económico constituye un objetivo suficiente por sí mismo. Desde esa perspectiva, la producción de riqueza debe evaluarse también por su capacidad para mejorar las condiciones de vida, generar empleos dignos y reducir las desigualdades.
El pontífice puso especial atención en los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, las familias que enfrentan dificultades económicas y quienes no consiguen empleo.
En sus intervenciones también reivindicó la necesidad de proteger la educación, la investigación científica y las oportunidades de las nuevas generaciones.
El mensaje adquiere relevancia en una Argentina donde el gobierno de Milei convirtió el ajuste fiscal y la reducción del gasto público en los principales instrumentos de su política económica.
El Presidente, en cambio, volvió a defender una interpretación de la justicia social que la identifica fundamentalmente con la transferencia coercitiva de recursos entre sectores de la sociedad.
Durante su exposición, sostuvo que la redistribución implica un trato desigual ante la ley y llegó a equipararla con el robo. Según su razonamiento, cuando el Estado utiliza impuestos para redistribuir ingresos, reduce los incentivos para ahorrar e invertir, lo que terminaría afectando el crecimiento.
El problema de ese argumento es que presenta la redistribución como una operación exclusivamente perjudicial, sin considerar las funciones económicas y sociales que pueden cumplir la educación pública, la salud, la seguridad social y la infraestructura financiadas colectivamente.
Tampoco distingue entre políticas redistributivas de diferente diseño, eficacia y alcance.
La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a la oposición entre quienes producen riqueza y quienes supuestamente dependen de ella. Las sociedades modernas necesitan mecanismos colectivos para sostener bienes públicos, garantizar oportunidades y atender necesidades que el mercado no resuelve necesariamente por sí solo.
La posición presidencial convierte esa discusión compleja en una confrontación moral entre productores y beneficiarios de la asistencia estatal.
Uno de los pasajes más significativos del discurso presidencial estuvo relacionado con las políticas sociales.
Milei reivindicó la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y aseguró que se produjo un cambio en las demandas de quienes acuden a esa cartera.
Según el mandatario, cuando la funcionaria asumió, las personas solicitaban planes sociales, mientras que actualmente piden trabajo.
La afirmación fue presentada como una demostración del éxito de la orientación gubernamental.
Sin embargo, el razonamiento deja abierta una pregunta fundamental: ¿que una persona solicite empleo en lugar de asistencia económica demuestra una mejora de sus condiciones de vida o simplemente expresa una necesidad insatisfecha?
El Gobierno dio de baja en julio el programa Volver al Trabajo, que alcanzaba aproximadamente a 900.000 personas con una prestación mensual de 78.000 pesos, según informó Página/12.
La administración libertaria anunció que reemplazaría parte de ese esquema mediante acuerdos con empresas privadas y mecanismos de capacitación laboral.
La diferencia entre ambas políticas es relevante. Una transferencia monetaria proporciona un ingreso, aunque sea insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Una capacitación, por su parte, puede mejorar las posibilidades de inserción laboral, pero no garantiza por sí misma la existencia de puestos de trabajo ni un ingreso inmediato.
La creación de empleo depende de factores que exceden la voluntad individual de quienes buscan trabajar: inversión productiva, demanda interna, actividad industrial, financiamiento y condiciones generales de la economía.
Por eso, presentar la eliminación de una prestación como una prueba automática de progreso laboral supone confundir dos fenómenos distintos.
Una política de formación profesional puede resultar positiva. Pero su eficacia debe medirse por la cantidad de personas que efectivamente consiguen empleos registrados, por la estabilidad de esos puestos y por los salarios que reciben.
Sin esos indicadores, el reemplazo de asistencia por capacitación no alcanza para demostrar una mejora social.
La paradoja del discurso presidencial aparece precisamente allí: se reivindica la cultura del trabajo mientras se cuestionan instrumentos de protección que pueden resultar indispensables para quienes todavía no consiguen incorporarse al mercado laboral.
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La distancia entre el Presidente y el pontífice se hizo todavía más evidente después de que León XIV regresara al Vaticano.
Durante su conversación con periodistas, el Papa volvió a referirse a la situación económica argentina y a la necesidad de evitar que la concentración de la riqueza profundice las desigualdades.
El pontífice expresó su preocupación por un mundo en el que una proporción cada vez menor de personas concentra una parte creciente de los recursos económicos.
También defendió una distribución más equitativa de la riqueza como instrumento para preservar la clase media y fortalecer a los trabajadores.
La preocupación no se limita a una cuestión de solidaridad individual. Remite al funcionamiento de la economía y a la capacidad de las sociedades para sostener niveles de consumo, oportunidades de desarrollo y cohesión social.
La concentración excesiva de ingresos puede limitar la demanda interna, reducir las posibilidades de movilidad social y profundizar las diferencias entre quienes poseen capital y quienes dependen de su salario.
Desde esa perspectiva, la justicia social no aparece como una amenaza al crecimiento, sino como una condición para que sus beneficios alcancen a sectores más amplios de la población.
León XIV también reivindicó el papel de las pequeñas empresas y la necesidad de generar condiciones que permitan crear empleo y fortalecer la clase trabajadora.
Ese enfoque contradice la interpretación según la cual toda intervención redistributiva constituye necesariamente un obstáculo para la actividad económica.
La diferencia es conceptual: para el Papa, la economía debe juzgarse por sus consecuencias sobre la dignidad humana; para Milei, la redistribución estatal altera los incentivos económicos y perjudica la generación de riqueza.
Ambos discursos reconocen la importancia del trabajo y la producción. Lo que los separa es la responsabilidad que atribuyen al Estado frente a las desigualdades.
La confrontación también dejó expuestas las dificultades del oficialismo para conciliar su discurso económico con las definiciones del Vaticano.
Después de la visita papal, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó presentar una interpretación que permitiera encontrar puntos de coincidencia entre el Gobierno y León XIV.
Su argumento consistió en diferenciar la preocupación por los sectores más vulnerables de las políticas redistributivas tradicionalmente asociadas con la justicia social.
Desde esa perspectiva, el oficialismo sostiene que la reducción de la pobreza mediante el crecimiento económico puede constituir una forma de mejorar las condiciones de vida sin recurrir a los mecanismos redistributivos que cuestiona el Presidente.
La distinción permite comprender el esfuerzo gubernamental por evitar una confrontación abierta con la Iglesia.
Sin embargo, también revela el límite de esa interpretación.
La doctrina social católica no se reduce a la preocupación por los pobres entendida como una cuestión de asistencia voluntaria. Incluye principios relacionados con el bien común, la dignidad del trabajo, la solidaridad, el destino universal de los bienes y la responsabilidad de las instituciones frente a las desigualdades.
Por eso, la discusión no se resuelve afirmando que ambas posiciones buscan reducir la pobreza.
El desacuerdo aparece cuando se pregunta quién debe garantizar las condiciones materiales para hacerlo, qué obligaciones tiene el Estado y hasta dónde puede intervenir para corregir desigualdades económicas.
En ese terreno, la postura de La Libertad Avanza se distancia de aspectos centrales del pensamiento social católico.
La nueva intervención de Milei, lejos de reducir esa distancia, volvió a hacerla explícita.
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Uno de los aspectos más discutibles del planteo presidencial consiste en asociar la justicia social con la dependencia económica y la pérdida de autonomía individual.
Esa interpretación supone que las políticas redistributivas producen necesariamente ciudadanos subordinados a la asistencia estatal.
Pero la justicia social, como principio político, no se limita a la entrega de subsidios o transferencias monetarias.
También comprende el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, las condiciones laborales dignas y las oportunidades de desarrollo.
Un trabajador que accede a una jubilación después de décadas de aportes no está recibiendo una limosna. Una persona que utiliza un hospital público tampoco puede ser caracterizada automáticamente como alguien que vive del esfuerzo ajeno.
Del mismo modo, la educación pública no constituye simplemente una transferencia de recursos: es una inversión colectiva que puede ampliar las capacidades productivas y las oportunidades de generaciones enteras.
Estas distinciones son fundamentales porque permiten separar la discusión legítima sobre la eficiencia del gasto público de un cuestionamiento general al principio de solidaridad social.
Es posible debatir cómo deben financiarse las políticas públicas, cuáles son sus resultados y qué mecanismos permiten evitar abusos o ineficiencias.
Lo que no se desprende de ese debate es que toda forma de redistribución resulte incompatible con el crecimiento económico o con la libertad individual.
La experiencia de las economías contemporáneas muestra que la actividad privada y las instituciones públicas no son necesariamente fuerzas excluyentes. La inversión empresarial, la infraestructura estatal, la formación educativa y los sistemas de protección social pueden complementarse.
El verdadero interrogante no es si debe existir crecimiento o justicia social, como si fueran objetivos incompatibles, sino qué tipo de crecimiento se busca y cómo se distribuyen sus beneficios.
Desde una perspectiva de desarrollo nacional, también importa determinar si la riqueza generada fortalece la producción local, el empleo, las capacidades tecnológicas y la soberanía económica, o si se concentra sin traducirse en mejoras amplias para la población.
La discusión entre Milei y León XIV trasciende las diferencias personales o religiosas.
En el centro aparece una pregunta que atraviesa toda política económica: quién recibe los beneficios del crecimiento y quién soporta los costos de los ajustes necesarios para alcanzarlo.
El Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal, la reducción del Estado y la mejora de los incentivos privados permitirán construir una economía más eficiente.
Desde esa concepción, las políticas redistributivas pueden obstaculizar la inversión y retrasar la expansión productiva.
Pero el equilibrio de las cuentas públicas no constituye, por sí mismo, una demostración de bienestar social.
Una política económica también debe evaluarse por la evolución del empleo, el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, el acceso a servicios esenciales y la capacidad de las familias para sostener sus condiciones de vida.
El mensaje papal introdujo precisamente esa dimensión en el debate argentino.
Al reclamar protección para los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores y quienes enfrentan dificultades económicas, León XIV recordó que los resultados de una economía no pueden medirse exclusivamente mediante indicadores financieros.
La pregunta sobre la distribución de los esfuerzos resulta especialmente importante cuando las políticas de austeridad afectan prestaciones y servicios que utilizan los sectores de menores ingresos.
No todos los integrantes de una sociedad cuentan con la misma capacidad para enfrentar una pérdida de ingresos, un aumento de costos o la desaparición de una prestación.
Una reducción presupuestaria puede tener consecuencias muy diferentes para una familia que depende de servicios públicos y para un sector económico que dispone de mayores recursos.
Por eso, la justicia social también supone reconocer que las decisiones económicas tienen efectos distributivos, incluso cuando se presentan como medidas exclusivamente técnicas.

Durante su visita a la Argentina, León XIV buscó transmitir un mensaje de diálogo y reconciliación en una sociedad atravesada por profundas diferencias políticas.
En su regreso a Roma, expresó el deseo de que los argentinos pudieran superar la confrontación permanente y reconstruir espacios de convivencia, incluso cuando existieran desacuerdos.
También reveló que, durante su encuentro con Milei, le había planteado la necesidad de prestar especial atención a los sectores más necesitados.
La respuesta pública del Presidente llegó pocos días después y tomó una dirección diferente.
Al afirmar que la justicia social hunde a la sociedad, Milei no solamente reiteró una convicción ideológica. Volvió a cuestionar un principio que el pontífice había colocado en el centro de su mensaje a la Argentina.
Eso no significa que el Papa haya formulado una adhesión partidaria ni que sus intervenciones deban interpretarse como un programa económico alternativo al del Gobierno.
La propia posición de León XIV busca situarse por encima de las disputas partidarias y presentar la dignidad humana como un criterio de evaluación de las decisiones políticas.
Precisamente por eso, su mensaje interpela a cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica.
Pero en la Argentina actual esa interpelación adquiere un significado concreto: obliga a discutir si las políticas de ajuste, la reducción de prestaciones y la confianza en los mecanismos de mercado resultan suficientes para garantizar una sociedad más justa.
Milei respondió reafirmando su rechazo a la redistribución.
Y con esa respuesta volvió a colocar a la justicia social en el centro de una disputa que su administración intenta resolver desde una premisa ideológica: que la intervención estatal para corregir desigualdades constituye un obstáculo para la prosperidad.
Sin embargo, esa afirmación no reemplaza la necesidad de demostrar resultados.
La cuestión decisiva no es cuántas veces el Presidente condena la justicia social, sino si su modelo consigue generar empleo digno, mejorar los ingresos, reducir las desigualdades y garantizar oportunidades reales para la mayoría de la población.
León XIV dejó planteado un criterio diferente: una economía debe servir a las personas.
Una semana después, Milei volvió a defender la idea de que redistribuir la riqueza perjudica a la sociedad.
Entre ambas posiciones permanece abierta una discusión esencial para el futuro argentino: si el crecimiento debe considerarse un fin en sí mismo o una herramienta para construir una comunidad en la que el bienestar no sea el privilegio de unos pocos.
La Política Online. (2026, 18 de noviembre). Milei se olvidó del mensaje del Papa y volvió a hablar contra la justicia social. https://www.lapoliticaonline.com/politica/milei-se-olvido-del-mensaje-del-papa-y-volvio-a-hablar-contra-la-justicia-social/
Página/12. (2026, 18 de noviembre). Milei se olvidó del mensaje del Papa y volvió a atacar a la justicia social. https://www.pagina12.com.ar/2026/11/18/milei-se-olvido-del-mensaje-del-papa-y-volvio-a-atacar-a-la-justicia-social/
MDZ Online. (2026, 18 de noviembre). Javier Milei se diferenció de León XIV y dijo que “la idea de la justicia social nos hunde”. https://www.mdzol.com/politica/2026/11/18/javier-milei-se-diferencio-de-leon-xiv-y-dijo-que-la-idea-de-la-justicia-social-nos-hunde-1996251.html
Agencia EFE. (2026, 9 de noviembre). León XIV reclama justicia social y cuidados en la Argentina de la ‘motosierra’ de Milei. https://efe.com/mundo/2026-11-09/reunion-papa-leon-xiv-javier-milei-argentina/
TN. (2026, 17 de noviembre). León XIV hizo un balance de su viaje a la Argentina y contó qué le pidió a Javier Milei sobre “los más necesitados”. https://tn.com.ar/politica/2026/11/17/leon-xiv-hizo-un-balance-de-su-viaje-a-la-argentina-y-conto-el-pedido-que-le-hizo-a-javier-milei-sobre-los-mas-necesitados/
Associated Press. (2026, 8 de noviembre). Pope arrives in Argentina and tells Milei that people, not the economy, should come first. https://apnews.com/article/cc1937bec636468892ac71bf5d59ea88
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