El Instituto que paga los retiros militares le prestó a la obra social de las Fuerzas Armadas $40.000 millones al 52% anual. Lo pidió un hombre de Petri, lo otorgó el organismo que ese mismo hombre había presidido hasta semanas antes, y lo terminó controlando el hermano de Manuel Adorni. La obra social quebró igual. La plata de los retirados, nadie sabe dónde está.
La oficina INL tendrá base en el país, con USD 7,5 millones para proyectos locales y 5,85 millones para la región. El Gobierno lo presenta como un paso en la alianza estratégica con Washington. El anuncio se suma a otros acuerdos con Estados Unidos y con el FMI en economía, justicia, defensa y recursos naturales, mientras el Congreso debate un proyecto de “Soberanía Nacional”.
La Oficina Anticorrupción denunció por presunto enriquecimiento ilícito al coronel retirado Esteban Vilgré La Madrid, actual director del Museo Malvinas. La presentación, realizada por un organismo del propio Gobierno nacional, quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.
El exjefe de Gabinete presentó un escrito para explicar el origen de sus ahorros, las operaciones inmobiliarias y los gastos de su grupo familiar. La Justicia deberá analizar si la documentación presentada alcanza para despejar las inconsistencias investigadas.
El plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio y responda los requerimientos de la Justicia vuelve a poner bajo la lupa las cuentas del exjefe de Gabinete. La Fiscalía Federal le pidió explicaciones sobre bienes, gastos, viajes, deudas y distintas operaciones realizadas durante su paso por la función pública.
La corrupción libertaria enfrenta una creciente acumulación de causas, denuncias e investigaciones que involucran a funcionarios, empresarios y operadores cercanos al poder. ANDIS, $LIBRA, Adorni, SISVIAL, Fundación Faro y los contratos de Scatturice concentran las principales preguntas.
El exjefe de Gabinete debe responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita sobre su patrimonio, incluidos gastos por $272,8 millones. La defensa podría pedir 15 días más antes de que la Justicia defina si avanza con una eventual indagatoria.