¿Qué hicieron con el oro argentino? La denuncia por USD 1.023 millones que llegó hasta Estados Unidos

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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) confirmó la recepción de la presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón sobre las operaciones con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la eventual participación de Deutsche Bank. El episodio vuelve a colocar en el centro del debate la política financiera impulsada por el gobierno de Javier Milei y las decisiones de Luis Caputo y Santiago Bausili sobre uno de los activos estratégicos de la Nación, cuya administración exige transparencia, rendición de cuentas y garantías para la soberanía económica argentina.

Según informó Infobae, la respuesta fue emitida por la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC, que comunicó que la información presentada quedará incorporada a una base de datos a disposición del personal del organismo para eventuales inspecciones, exámenes e investigaciones. Además, señaló que las comunicaciones recibidas pueden ser remitidas a otras dependencias del regulador estadounidense para su evaluación.

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Aunque la confirmación de recepción no implica que se haya iniciado una investigación formal ni acredita irregularidades, la presentación reabre un interrogante político y económico fundamental: ¿bajo qué condiciones se administran las reservas de oro de los argentinos y qué explicaciones ofrece el Gobierno sobre las operaciones realizadas? En un modelo económico que privilegia la liberalización financiera y la subordinación a los mercados internacionales, el manejo de estos recursos no puede quedar al margen del control público. La defensa del patrimonio nacional, la independencia económica y los intereses de la sociedad exige respuestas concretas, no silencios oficiales.

La notificación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), sin embargo, no confirma la apertura de una investigación formal ni anticipa medidas concretas sobre las operaciones con el oro argentino. El organismo estadounidense aclaró que sus actuaciones de supervisión y cumplimiento están sujetas a estrictas normas de confidencialidad, por lo que no puede confirmar ni desmentir la existencia de investigaciones, excepto cuando estas ya forman parte de un expediente público.

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En su respuesta, la SEC precisó que tampoco está facultada para proporcionar información sobre el estado de una denuncia o las eventuales actuaciones derivadas de ella, de acuerdo con las disposiciones de confidencialidad y la legislación estadounidense sobre acceso a la información pública. Esta reserva institucional no constituye una absolución anticipada de los funcionarios involucrados ni permite afirmar que se haya iniciado una pesquisa. Lo que permanece abierto es un interrogante de enorme trascendencia para la soberanía económica argentina: qué ocurrió con las reservas de oro del Banco Central, bajo qué condiciones se realizaron las operaciones y qué responsabilidades les corresponden a quienes tomaron esas decisiones.

La presentación del abogado Gregorio Dalbón fue ingresada días atrás mediante el procedimiento denominado Tip, Complaint or Referral, un mecanismo habilitado para recibir denuncias, información y antecedentes que permitan a la SEC determinar si existen elementos suficientes y competencia para intervenir.

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Más allá del recorrido que pueda tener la presentación en Estados Unidos, el verdadero problema político reside en la necesidad de que las autoridades argentinas rindan cuentas sobre la administración de recursos estratégicos del país. En el marco del programa económico neoliberal de Javier Milei, ejecutado por Luis Caputo y acompañado desde el Banco Central por Santiago Bausili, las decisiones sobre las reservas internacionales no pueden quedar reducidas a operaciones financieras ajenas al escrutinio ciudadano. El oro constituye parte del patrimonio nacional y su utilización debe responder a criterios de transparencia, responsabilidad pública y defensa de los intereses argentinos, no exclusivamente a las prioridades de los mercados financieros internacionales.

Las operaciones financieras realizadas con el oro del Banco Central durante 2025 abrieron un nuevo frente judicial para la conducción económica del gobierno de Javier Milei. Según la documentación de la Auditoría General de la Nación (AGN) citada en la presentación del abogado Gregorio Dalbón, las transacciones con instrumentos derivados vinculados a las reservas internacionales registraron resultados negativos por 1.023 millones de dólares, liquidados mediante la salida de divisas. Una cifra que contrasta con el discurso de austeridad permanente de una administración que exige sacrificios a trabajadores, jubilados y sectores populares mientras debe explicar las consecuencias de sus propias decisiones financieras.

De acuerdo con lo adelantado por La Política Online (LPO), Dalbón presentó una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y Juan Curuchet, por las operaciones realizadas con el oro de las reservas nacionales. La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades, pero el problema político ya está planteado: ¿con qué criterios se administraron esos activos estratégicos y qué beneficios concretos obtuvo el país al asumir semejantes riesgos financieros?

El origen de la controversia se encuentra en el informe de la AGN sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Según los registros citados en la denuncia, las operaciones vinculadas con el oro arrojaron resultados negativos equivalentes a 1.469.155 millones de pesos en moneda de cierre. De ese monto, 960,2 millones de dólares corresponderían a resultados negativos por opciones financieras y otros 62,8 millones al pago de primas.

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Estas cifras requieren una explicación técnica y política exhaustiva. Un resultado contable negativo no demuestra automáticamente la existencia de un delito ni permite establecer, sin examinar el conjunto de las operaciones, la magnitud de una eventual pérdida patrimonial definitiva. Sin embargo, tampoco puede convertirse en una excusa para eludir responsabilidades sobre la administración de recursos públicos. Corresponde esclarecer las condiciones contractuales, las contrapartes involucradas, los riesgos asumidos y los efectos reales sobre las reservas internacionales.

En su presentación, Dalbón cuestionó la magnitud de los resultados registrados: "1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra".

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La contradicción con el programa económico libertario resulta difícil de ignorar. Mientras el Gobierno presenta el ajuste sobre el gasto público como una necesidad inevitable y somete a la población a las consecuencias de su política de austeridad, las decisiones de quienes administran las reservas internacionales también deben quedar sometidas al más estricto control. No puede exigirse disciplina fiscal a los sectores que viven de su trabajo y, al mismo tiempo, pretender que las operaciones financieras del Estado permanezcan fuera del escrutinio público.

El debate excede las responsabilidades individuales de Caputo, Bausili y Curuchet. Lo que está en discusión es una concepción de la economía que privilegia la lógica de los mercados financieros por encima de una estrategia de desarrollo nacional. Las reservas de oro no constituyen un patrimonio privado de los funcionarios de turno ni una herramienta que pueda administrarse sin rendición de cuentas: son activos de la República, cuya utilización debe responder a criterios de transparencia, estabilidad monetaria y soberanía económica.

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La pregunta que el Gobierno debe responder es concreta: si para financiar derechos sociales siempre faltan recursos, ¿cómo explica los resultados negativos multimillonarios registrados en las operaciones con el oro argentino? La defensa del patrimonio nacional exige respuestas documentadas, controles efectivos y una investigación judicial independiente que permita establecer qué ocurrió, sin anticipar culpabilidades ni conceder impunidad política.