Félix Crous, el Titular de la Oficina Anticorrupción, dialogó con el "Profe" Javier Romero por Radio del Plata sobre la denuncia realizada por las escuelas que el gobierno de Mauricio Macri nunca terminó.

"En una auditoría con un estudio muy completo que hizo el Ministerio de Educación, nuestro trabajo en ese sentido, fue evaluar ese extensa trabajo que hizo el Ministerio desde el inicio de su gestión prácticamente", explicó el funcionario.

Agregó que "con esa información hicimos una denuncia que ya había sido hecha por la diputada Stolbizer durante la propia gestión de Macri y luego al principio de la actual gestión de Alberto Fernández. La sindicatura general de la nación con un avance de la Auditoría General de la Nación amplió esa denuncia y nosotros le enviamos a los juzgados y en ambas oportunidades el juez Lijo había archivado la investigación."

Crous explicó que "se trata de un proceso licitatorio para la construcción de jardines en donde una empresa, una unión transitoria de empresas (UTE), una asociación, como su nombre indica de empresas para realizar una o varios trabajos. En este caso era una obra muy importante. Eran como 200 jardines, haciendo un emprendimiento de envergadura pero esa empresa que eran dos empresas Unidas, tenían capacidad como para abordar parcialmente la obra, o algún renglón de los muchos rubros que incluye una obra, pero no tenía antecedente para semejante obra."

"Aún así ganaron la licitación de un modo irregular, el precio de construcción estaba muy por arriba del precio de mercado. El precio de metro cuadrado de la obra a construir tenía un precio de metro cuadrado de una obra terminada en capital donde el mercado inmobiliario es más oneroso."

“Las obras se empezaron tardíamente y el estado ni controló, ni multó la demora del inicio de la obra. Después se suspendieron las obras y el estado no íntimo a la continuidad de la obra, ni los multa por la demora, ni rescindió unilateralmente esos contratos por incumplimiento. Sino que los rescindió de común acuerdo, muy beneficioso para el incumplidor, porque no recibe ni un castigo por no haber cumplido el contrato por el perjuicio que no sólo económico qué significa para el estado sino también en cuanto al derecho a la educación.”

Agregó que "la frutilla del postre es cuando la actual gestión quiere ir a retomar la defensa de los derechos del estado. Cómo contratante, cómo concesionario se encuentra que esta dos empresas estaban concursadas, digamos en un proceso de quebranto con lo cual se hace más dificultoso todavía."

Indicó que se sabe que "en el proceso concursal la anterior gestión no intentó verificar los créditos y apareció en una pesquisa de datos de fuentes abiertas donde apareció un vínculo entre algunos de los miembros-socios del directorio de la UTE con la sociedad que se incorpora en sustitución de otro socios con un un interventor de un sindicato durante el macrismo."

También recordó que “hubieron intervenciones a mansalva en los sindicatos, el sindicato de empresarios y trabajadores monotributistas no es tan conocido pero tiene entre sus interventores a una persona qué es socia de esta UTE."