El plan de integración de las barriadas contará con un presupuesto de 2.118 millones de pesos que se destinará a "la infraestructura que necesiten estos barrios, estructura básica de servicios

El último martes, Pascolini fue designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Secretaría de Acceso al Hábitat, organismo que dará continuidad a la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, organismo fundado en 2008, que también estaba conducido por el flamante secretario.

Desde esa comisión "ya se venía trabajando con procesos de regularización, financiamiento de estructura básica, equipamiento comunitario" explicó hoy en una entrevista a Tiempo Argentino este arquitecto que al mismo tiempo es miembro de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) que conduce Luis D´Elía.

La conversión de la Comisión en Secretaría es una apuesta a "profundizar y continuar" la líneas de trabajo previas, a partir de la intervenciones interministeriales "de manera de racionalizar al máximo la inversión pública en estos barrios".

Durante el anuncio presidencial de la creación de esta secretaría se detalló que el plan de integración de las barriadas contará con un presupuesto de 2.118 millones de pesos que se destinará a "la infraestructura que necesiten estos barrios, estructura básica de servicios, como redes de agua, cloacas, electricidad y, eventualmente, en algunas situaciones que ameriten por las circunstancias climáticas, gas" explicó Pascolini.

El funcionario indicó también que el objetivo no es construir viviendas en los más de 100 barrios de todo el país en los que prevé desplegar las inversiones.

"Nosotros aspiramos a conseguir barriadas más integradas a la ciudad en las que haya caminos más accesibles, iluminación", indica y señala que la prioridad es "intervenir sobre lo público, sobre la ciudad".

Aún resta definir cuáles serán esas barriadas en las que se desplieguen las acciones, ya que según Pascolini "los problemas de hábitat se resuelven por las competencias administrativas, jurídicas, con las provincias y municipios", aunque anticipó que prevé que alcanzarán a 38.000 familias de todo el país, unos 100.000 habitantes de barrios irregulares.