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En medio de una disparada en las facturas de luz, gas y agua que golpea con dureza el bolsillo de los hogares bonaerenses, ingresó a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley dirigido a evitar el desamparo de las familias endeudadas. La iniciativa, impulsada por la senadora provincial por la Segunda Sección Electoral (Pergamino), Laura Clark (Unión por la Patria / Nuevo Encuentro), busca suspender la interrupción o el corte de los servicios públicos esenciales en todo el territorio bonaerense hasta el 31 de diciembre de 2027.

La propuesta no plantea la condonación de deudas ni el otorgamiento de subsidios indiscriminados, sino que exige a las empresas prestatarias y a las cooperativas eléctricas del interior de la provincia la obligación de acordar planes de pago accesibles y acordes al nivel de ingresos de los usuarios en situación de mora, impidiendo que el atraso derive en el retiro del suministro.

Efecto tarifa: incrementos desmedidos y morosidad sin precedentes

Según detalló la legisladora en declaraciones a medios provinciales y reflejado por Página/12, la necesidad de esta norma cobró fuerza a partir de fuertes reclamos vecinales registrados en distintos puntos de la provincia —como las protestas frente a prestatarias en la Costa Atlántica—, donde los usuarios denunciaron facturaciones mensuales que pasaron bruscamente de $60.000 a más de $300.000, alcanzando en algunos comercios y hogares montos de hasta $800.000.

De acuerdo con los fundamentos del expediente, la combinación entre la quita de subsidios nacionales, la desregulación tarifaria y la caída persistente del salario provocó que la mora en el crédito al consumo de las familias pasara de un 2,5 % a un 12,1 %, multiplicándose casi por cinco en los últimos años. Datos del Banco Provincia indican que aproximadamente 6 millones de bonaerenses sostienen algún nivel de endeudamiento para afrontar sus gastos corrientes.

«La mora que existe es por la depresión del poder adquisitivo. Cuando las familias cobran, lo primero que hacen es pagar tasas y servicios, pero hoy el precio de las tarifas y el desempleo hacen que resulte imposible afrontarlo. El corte del servicio en este contexto es inhumano», remarcó Clark.

¿A quiénes contempla el proyecto de ley?

El esquema de protección está destinado de manera específica a los usuarios de vivienda única familiar que acrediten su incapacidad de pago a través de una declaración jurada ante las dependencias físicas o virtuales de las empresas prestadoras.

• Jubilados y pensionados que perciban haberes mínimos o cuyos ingresos no cubran la canasta básica.
• Hogares vulnerables con ingresos familiares por debajo de la Canasta Básica Total fijada por el INDEC.
• Familias con personas con discapacidad a cargo.
• Entidades comunitarias y pequeñas cooperativas que presten servicios sociales esenciales en los distritos.

Restablecimiento obligatorio y antecedentes legislativos

Para aquellos casos donde el servicio ya hubiera sido cortado antes de la sanción de la ley, la iniciativa dispone que las distribuidoras deberán restablecer el suministro en un plazo máximo de 48 horas tras la firma de un plan de facilidades de pago, prohibiendo el cobro de tasas administrativas de reconexión, habilitación o supervisión.

Como antecedente en la región, la provincia de Río Negro aprobó en su Legislatura la Ley N° 5.860, que dispuso un congelamiento similar de los cortes hasta 2027 bajo el consenso unánime de los bloques. Con este marco, Clark busca instalar la discusión en la comisión de Servicios Públicos del Senado bonaerense para sentar una postura política clara frente a la política económica implementada desde el Gobierno Nacional.

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