La brutalidad y el ensañamiento ejercidos en los hechos recordaron aquellos cometidos durante la última dictadura militar, como vestigios de conductas ilegítimas e inmorales

El proyecto es una reproducción del texto que la Cámara aprobó el 14 de noviembre de 2012, y que perdió estado parlamentario en diciembre pasado al no ser tratado por el Senado.

Previamente, el proyecto había conseguido otros dos dictámenes de las comisiones de diputados -en 2007 y 2009- pero también perdió estado parlamentario sin siquiera llegar al recinto.

Al explicar las motivaciones que lo llevaron a presentar el proyecto, Remo Carlotto aseguró que "los días 19, 20 y 21 de diciembre del año 2001 representaron, desde la restauración de la democracia, la más violenta represión ejercida por el Estado sobre una movilización y protesta de ciudadanos en diferentes puntos de todo nuestro país".

"La gravedad de lo ocurrido se centra tanto en las decisiones políticas tomadas, la represión en sí, y la respuesta institucional a los hechos", explicó.

Para el titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja "la brutalidad y el ensañamiento ejercidos en los hechos recordaron aquellos cometidos durante la última dictadura militar, como vestigios de conductas ilegítimas e inmorales".

"Una muestra de ello, además de las insalvables vidas cobradas, fueron las filmaciones televisivas que mostraron el ejercicio descontrolado de la fuerza utilizada en la Plaza de Mayo sobre las mujeres que caminaron esa plaza en las peores épocas de nuestra historia", agregó.

Con respecto a las indemnizaciones previstas, se adecuan los montos previstos a la política reparatoria que se ha dado desde el Estado Nacional en las demás leyes reparatorias, por ejemplo sobre presos políticos, sobre desaparición forzada de personas y víctimas menores de edad durante la vigencia del terrorismo de estado.

Según el proyecto, la indemnización a las víctimas comprenderá los casos de muerte; lesiones gravísimas y lesiones graves, con diferentes montos según el caso.

También se prevé que "en caso de muerte de la víctima, serán beneficiarios del resarcimiento económico sus derechohabientes" y que "el resarcimiento económico obtenido por la presente ley es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios".