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20/07/2026 - El fin de las moratorias previsionales ha comenzado a mostrar su cara más severa en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social. Durante el primer semestre del año, la cantidad de personas que lograron acceder a un beneficio jubilatorio se redujo drásticamente a la mitad en comparación con los períodos bajo régimen de moratoria. El dato refleja la cruda realidad de un mercado laboral atravesado por décadas de precarización laboral e informalidad estructural.

De acuerdo con el análisis del especialista en temas previsionales Ismael Bermúdez, la cifra de nuevos jubilados cayó de un promedio habitual de 200.000 personas a tan solo 100.000 en los primeros seis meses del año. La eliminación del mecanismo de compra de aportes dejó al descubierto una brecha social crítica: miles de argentinos cuentan con la edad reglamentaria (60 años en mujeres y 65 en varones), pero no alcanzan los 30 años de aportes efectivos exigidos por la Ley 24.241.

1. El fin del "parche" y el peso de la informalidad laboral

Durante más de dos décadas, las moratorias previsionales funcionaron como un esquema extraordinario para compensar las falencias del mercado de trabajo no registrado. Permitían regularizar la deuda de aportes mediante cuotas que se descontaban mensualmente del propio haber, garantizando que el trabajador informal o la ama de casa pudieran acceder a la protección estatal.

Como ya advirtió este medio al analizar la mentira detrás del mito de los "jubilados sin aportes", la abrumadora mayoría de los trabajadores en negro no carece de aportes por decisión propia, sino por la evasión de sus empleadores. Según mediciones sobre mercado de trabajo publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de informalidad continúa rozando límites históricos en el sector privado, desmantelando la base contributiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con la caducidad del régimen, quienes cumplen la edad jubilatoria sufren una doble pinza: la pérdida de poder adquisitivo del sector pasivo —agravada tras las medidas de ajuste sobre la fórmula de movilidad y el bono— y la imposibilidad técnica de jubilarse si no se cuenta con los 30 años formalmente computados.

2. Las alternativas en juego: PUAM vs. Prestación Proporcional

Ante la imposibilidad de acceder a una jubilación ordinaria, las opciones disponibles en el marco normativo vigente presentan severas limitaciones de cobertura para los adultos mayores:

• Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): Es la vía hacia la que derivan la mayoría de los ciudadanos sin aportes suficientes. Se trata de una prestación que liquida tan solo el 80% del haber mínimo. Además de la quita directa del 20%, la PUAM posee dos desventajas críticas: no genera derecho a pensión por viudez u orfandad para el cónyuge o causahabiente y exige contar con 65 años cumplidos, elevando cinco años la edad exigida para las mujeres.
• Prestación Proporcional por Aportes: Aunque se ha discutido en el ámbito legislativo la posibilidad de reconocer proporcionalmente los años aportados (por ejemplo, 10 o 15 años efectivos), el esquema resulta financieramente insignificante para el beneficiario. Al calcular la haber exclusivamente sobre los pocos años registrados, el haber resultante se ubica en niveles sustancialmente inferiores al de la propia PUAM.

3. Un piso de protección social cada vez más bajo

El deterioro del acceso a la jubilación regular anticipa una reconfiguración regresiva del mapa social. Este ajuste sobre el sistema de previsión no ocurre de manera aislada, sino que se suma a decisiones de política económica estructurales, como la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los recortes en los programas de cobertura en medicamentos.

Al caer el número de altas previsionales y concentrarse el ingreso en pensiones asistenciales no heredables, el piso de ingresos en la tercera edad sufre un desplome sistemático. El dilema de fondo trasciende el plano fiscal: mientras la informalidad laboral continúe en ascenso y no existan alternativas legislativas integrales, el sistema previsional continuará excluyendo a la mitad de la población en edad de retirarse, consolidando la desprotección de cientos de miles de adultos mayores en todo el país.