Le sacaron 37% al Garrahan y el hospital tiene $58.000 millones parados en la timba financiera

Hay una pregunta que el Gobierno viene esquivando desde que intervino el Hospital Garrahan: si de verdad no hay plata, ¿por qué el hospital tiene 58.107 millones de pesos invertidos en bonos del Estado a trece años? La pregunta no es retórica ni sale de una consigna gremial. Sale del balance del propio Hospital, firmado por sus autoridades y auditado por un contador externo, un documento que la intervención se negó a entregar durante más de dos años y que terminó apareciendo recién cuando un juez la obligó.

El informe lo elaboró la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) sobre los papeles que el Hospital tuvo que presentar en el expediente judicial 23618/2026. Lo leí completo. No es un panfleto: es una lectura de los estados contables al 31 de diciembre de 2025, del listado de contrataciones y de los cuadros de personal y designaciones. Cada cifra tiene indicada la página y el anexo de donde sale. Y lo que dibujan esos números juntos es bastante más grave que un problema de presupuesto.

Dos años de silencio y un amparo para ver las cuentas

El punto de partida es una anomalía en sí misma. Desde diciembre de 2023 el gremio le pidió al Hospital información elemental: cuánta plata recibe, en qué la gasta, a quién le compra, cuánta gente trabaja y cómo fue contratada. Todo eso es información pública y el Estado está obligado por ley a entregarla. La respuesta fue el silencio. Ni un sí, ni un no.

En abril de 2026 presentaron el pedido por escrito, con sello de recepción. Tampoco contestaron. Recién con una acción de amparo encima —un juicio rápido para forzar al Estado a cumplir la ley— el Hospital entregó una parte: el balance y un listado de compras. De los catorce puntos que se habían pedido, respondieron completo uno solo. Ocho quedaron en silencio total.

Ese dato, por sí solo, ya dice algo. Un hospital público que administra cientos de miles de millones de pesos necesitó una orden judicial para mostrar su balance a los trabajadores que lo sostienen.

Los trabajadores del Garrahan sostienen el hospital mientras la intervención esconde las cuentas. Foto: ProtoplasmaKid (CC BY-SA 4.0) vía Wikimedia Commons

El recorte: 37% menos en un año

Acá está el número que el Gobierno no quiere discutir. En 2024 la Nación le transfirió al Garrahan 304.627 millones de pesos. En 2025 le transfirió 252.077 millones. Son 52.549 millones menos en un año en el que la inflación fue del 31,55%, según el propio balance del Hospital. Medido en términos reales, el aporte nacional cayó un 37%.

El aporte de la Ciudad de Buenos Aires también bajó: de 75.299 a 63.019 millones. El desfinanciamiento no es una interpretación del gremio: está escrito en el Anexo VII de los estados contables, firmado por la presidenta del Consejo de Administración, Mariel Sánchez.

Para que se entienda la escala: es como si un sueldo bajara de 300.000 a 250.000 pesos en un año en que todo aumentó un 31%. No solo entra menos plata. Cada peso que entra compra mucho menos.

58.107 millones en bonos mientras dicen que no hay plata

Y acá viene el contraste que ordena todo el informe. El Anexo III del balance muestra que el Hospital tiene 40.899 millones de pesos colocados en Bonos Par Step Up 2038 —deuda del Estado que vence dentro de trece años— más otros 17.208 millones en títulos y letras. Total: 58.107 millones inmovilizados en instrumentos financieros.

No es una foto vieja ni un remanente heredado. Entre 2024 y 2025, mientras el presupuesto real caía un 37%, la plata puesta en bonos aumentó 4.691 millones. Es decir: el mismo año en que le recortaron los fondos al hospital de niños más importante del país, la administración del hospital metió más plata en el mercado financiero.

Nadie explicó quién tomó esa decisión, con qué autorización, ni por qué en títulos a trece años en lugar de usarlos para insumos, salarios y equipamiento. Preguntas simples que siguen sin respuesta.

El "superávit" que festejan es una ganancia de papel

El Gobierno usa un argumento de cabecera: el Garrahan tiene superávit, sobra plata, el problema es de gestión sindical. El balance efectivamente muestra un resultado positivo de 16.652 millones. Lo que el Gobierno omite es de dónde sale ese número: no viene de que el hospital funcione mejor, viene del ajuste por inflación y del rendimiento de esos mismos bonos.

Es la lógica de quien dice que tuvo un buen año porque el plazo fijo le rindió, mientras se le llueve el techo y dejó de pagar la obra social. Y ni siquiera el número de papel les cierra: en 2024 el resultado positivo había sido de 24.612 millones y en 2025 bajó a 16.652 millones. Un 32% menos.

Compras "de urgencia" que no son urgencias

El listado de contrataciones es el capítulo más incómodo. La regla en el Estado es licitar: un concurso abierto donde compiten varias empresas y gana la mejor oferta. La compra directa por urgencia es la excepción, reservada a emergencias imprevisibles. En el Garrahan la excepción funciona como norma.

Compraron material sanitario descartable para farmacia por urgencia. Es lo más previsible que existe en un hospital: se usa todos los días del año. Compraron medicamentos por urgencia, cuando cualquier hospital sabe con meses de anticipación qué medicamentos va a necesitar. Y hay una que se cae de la mano: una compra firmada por urgencia el 23 de diciembre de 2025, con plazo de entrega de tres meses, hasta el 20 de marzo de 2026. Si puede esperar tres meses, no es una urgencia.

Además los mismos proveedores ganan las urgencias una y otra vez. Una empresa llamada EGLIS S.A. se llevó compras por urgencia en enero y también en diciembre del mismo año, con el mismo tipo de insumo. O planifican muy mal, o la urgencia es un mecanismo para elegir a dedo a quién comprarle. Y elegir a dedo con plata pública es la puerta de entrada a los sobreprecios.

47 millones a una sucesión por los sistemas de diagnóstico por imágenes

El RIS-PACS es el sistema informático donde se guardan y gestionan todas las radiografías, tomografías y estudios por imágenes del hospital. Es infraestructura crítica: si se cae, el servicio se paraliza. El Hospital le pagó 47.652.000 pesos por el soporte de ese sistema a la "Sucesión de Zelarayan Carlos Ricardo".

Una sucesión no es una empresa ni un proveedor. Es el trámite que se abre cuando una persona muere, para repartir sus bienes entre los herederos. No tiene estructura técnica, ni personal, ni responsabilidad societaria. Es el equivalente a contratar a los herederos del plomero para que mantengan la instalación de gas: si algo sale mal, no hay a quién reclamarle.

Hay un detalle peor. El pago se hizo en dos órdenes de compra por exactamente el mismo monto, 23.826.000 pesos cada una, con meses de diferencia y autorizadas por dos direcciones distintas del hospital. Partir una compra grande en dos más chicas para esquivar los controles que se aplican a los montos altos tiene nombre técnico: fraccionamiento. Y está prohibido.

13.234 millones en seguridad privada: el contrato más caro de todos

De todo el listado de contrataciones del Hospital, el contrato individual más caro no es de insumos médicos, ni de medicamentos, ni de equipamiento. Es el de seguridad privada. La empresa ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. cobró 13.234 millones de pesos por nueve meses de vigilancia integral en 2025. Son unos 1.470 millones por mes, casi once veces más que el segundo contrato más caro de la lista.

Y no alcanzó. En enero de 2026 contrataron además a la Policía de la Ciudad por 377 millones más, por tres meses. La fecha merece atención: 29 de enero de 2026, en plena escalada del conflicto con los trabajadores, pocas semanas antes de que la Justicia frenara los sumarios contra los delegados de APyT. Vale preguntar, entonces, seguridad contra quién.

Hay un dato adicional que huele mal: en el listado oficial, la columna que debería indicar cuánto se pagó efectivamente de ese contrato está en blanco. Es el único contrato importante sin ese dato. Un contrato de nueve meses, ya vencido, del que no informan cuánto se ejecutó.

127 contratos que no tienen nombre

El Hospital informó su dotación: 4.000 personas de planta permanente, 371 contratos temporarios y 127 locaciones de servicios. La locación de servicios es la forma más precaria de trabajar para el Estado: sin aportes, sin obra social del empleador, sin estabilidad y sin concurso. Se entra por decisión política y se renueva por decisión política.

El Hospital dio el número total pero se negó a entregar la lista, que era justamente lo que se le pedía. Quiénes son, qué tareas cumplen, cuánto cobran: nada. Mientras tanto, en el balance, el rubro Honorarios pasó de 8.104 a 10.138 millones de pesos, un aumento del 25% en un año, en el mismo período en que al personal de planta le pisaban el salario y le descontaban los días de paro.

Trece jefes nuevos, ninguna designación a la vista

El propio Hospital confirmó que entre 2025 y 2026 designó trece autoridades nuevas: el director médico ejecutivo Mariano Pirozzo, directores adjuntos y asociados, gerentes de contrataciones, de finanzas, de infraestructura, de asuntos jurídicos. Ninguno tiene carrera previa en el Garrahan. Todos llegaron de afuera, puestos por la conducción política. Cuando el gremio pidió los textos de esas designaciones —quién los nombró, con qué antecedentes, con qué sueldo— no entregaron ni una. Solo la lista de nombres y números de resolución.

Entre esos nombramientos hay uno que lo dice todo: la Asesora de Auditoría Interna, es decir la persona encargada de controlar internamente que la plata se use bien, fue designada por la misma gestión que tiene que controlar, en el mismo paquete que todos los demás. El árbitro elegido por uno de los dos equipos.

Y falta una. Candelaria Perelli, la funcionaria de comunicación designada a pedido del asesor presidencial Santiago Caputo, no figura en el cuadro de designaciones que entregaron. O el cuadro está incompleto, o la nombraron por una vía que no quieren mostrar. Cualquiera de las dos opciones es grave.

La confesión de la Nota 11

En la letra chica del balance, en la Nota 11 de la página 26, el Hospital admite algo enorme: su sistema contable y su sistema presupuestario no están integrados entre sí. Traducido, el registro de la plata que entra y sale no cruza con el registro de lo que estaba autorizado a gastarse. Nadie puede saber si se pasaron, en qué, ni a dónde fue la diferencia.

Y esa confesión les vuelve como un boomerang. Cuando el gremio pidió la información presupuestaria detallada, la respuesta judicial fue que entregarla implicaba una "carga desproporcionada": demasiado trabajo. Pero el propio balance explica que la dificultad existe porque ellos nunca integraron sus sistemas. El Estado no puede usar su propio desorden como excusa para no rendir cuentas.

Los 95.000 millones que no coinciden

Quedan tres puntos que nadie explicó y que conviene anotar. Hay 244 millones de pesos registrados como gastos de importación sin ningún detalle de qué se importó ni a quién se le compró, más deudas con proveedores del exterior por 1.537 millones, ninguno de los cuales tiene nombre en los papeles entregados.

Hay una diferencia de cifras difícil de justificar: en otro expediente, el amparo colectivo, el Gobierno le dijo al juez que el Garrahan tenía 220.000 millones de presupuesto total. El balance certifica 315.096 millones de subvenciones. Son 95.000 millones de diferencia entre lo que declararon ante la Justicia y lo que sus propios contadores firmaron. Alguna de las dos cifras no es cierta.

Y hay un dato que corta el aire: 3.822 millones de pesos en medicamentos oncológicos que el hospital da por perdidos. Son remedios de altísimo costo entregados a pacientes en tratamiento de cáncer que no pudieron devolverlos. Ese número, más que un problema contable, es un retrato de a quién atiende el Garrahan: a los pibes que no tienen ninguna otra opción. Son exactamente los que el desfinanciamiento golpea primero.

Lo que dicen y lo que muestran sus papeles

Puesto en fila, el contraste es demoledor. Dicen que no hay plata: hay 58.107 millones en bonos y la inversión creció. Dicen que el hospital tiene superávit: el superávit es contable y cayó 32% en un año. Dicen que gestionan con eficiencia: compran por urgencia insumos previsibles, a los mismos proveedores, todo el año. Dicen que son transparentes: el contrato más caro del hospital no informa cuánto se ejecutó. Dicen que cumplen la ley de acceso a la información: de catorce puntos pedidos respondieron uno. Dicen que no pueden procesar tanta información: su propio balance confiesa que nunca integraron los sistemas de control.

El hilo que une todo

Nada de esto empezó con el balance. Es el mismo Gobierno que vetó la Ley de Emergencia Pediátrica en septiembre de 2025 por Decreto 651/2025, alegando un "incremento desproporcionado del gasto público" cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado un impacto del 0,3% del presupuesto nacional. Es el mismo Gobierno al que Diputados le rechazó ese veto con 181 votos contra 60, y que después promulgó la ley pero suspendió su aplicación. Es la misma gestión que le abrió sumario a 44 trabajadores y cesanteó a once por reclamar salarios, hasta que la Justicia laboral frenó el procedimiento y advirtió que podía configurar persecución sindical. Es la misma que cerró el jardín maternal y sacó a 45 chicos menores de tres años.

Y es la misma que después filmó un video institucional titulado "Los Héroes del Garrahan" para explicar que los malos de la película son los trabajadores.

Puesto todo junto, el problema del Garrahan no es la falta de plata. El problema es cómo se decide en qué usarla, quién lo decide y el esfuerzo enorme que hacen para que nadie pueda controlarlo. Recortan el presupuesto real, colocan los excedentes en bonos, gastan fortunas en seguridad privada y en contratos a dedo, nombran a sus propios auditores, y cuando los trabajadores piden ver los números responden con silencio o con abogados.

Esa plata no es de ellos. Es la plata que ponemos todos para que los pibes que se enferman de cáncer, de cardiopatías, de enfermedades raras, tengan un lugar donde ser atendidos aunque su familia no tenga un peso. Cada millón que se va a un bono a trece años, a una compra por urgencia trucha o a una empresa de vigilancia es un millón que no está en una guardia, en un quirófano o en el sueldo de quien sostiene esa guardia. Los recursos se mueven siempre en la misma dirección: se recortan abajo y aparecen arriba, en el sistema financiero y en los contratos de los amigos. El ajuste, como siempre, lo pagan los que menos tienen. En este caso, los que menos tienen y además están enfermos.

El Garrahan es de todos. Sus cuentas también.

Fuentes: informe de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) sobre los estados contables al 31/12/2025, el listado de contrataciones y los cuadros de dotación y designaciones entregados por el Hospital en el expediente judicial 23618/2026 y en el expediente CAF 39186/2025. Contexto: EFE, Boletín Oficial (Decreto 651/2025), elDiarioAR, Política Argentina, Tiempo Argentino y Perfil. Los hallazgos del informe señalan situaciones que requieren explicación o investigación; la determinación de responsabilidades corresponde a los organismos de control y a la Justicia.