Trump le da luz verde a la corrupción empresarial global

El avance de la impunidad tiene nombre y apellido: Donald Trump. Con su nueva directriz sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), el magnate republicano decidió quitarle poder a uno de los principales mecanismos de control sobre el pago de sobornos por parte de empresas norteamericanas en el exterior. En lugar de fortalecer la lucha contra la corrupción, la administración Trump optó por redefinir sus prioridades y centrar los esfuerzos del Departamento de Justicia en la persecución de carteles de droga y organizaciones criminales, dejando en un segundo plano los delitos financieros de las grandes corporaciones.

El impacto de esta decisión es inmediato y peligroso, especialmente para América Latina y Argentina. La historia reciente demuestra que sin la presión de la justicia norteamericana, muchas de las coimas admitidas por empresas en tribunales de EE.UU. jamás habrían salido a la luz. Multinacionales como Siemens, Odebrecht, IBM y Techint reconocieron haber pagado sobornos en Argentina, mientras que la justicia local permaneció en estado de hibernación. Ahora, con la nueva orientación de Trump, estos casos ya no serán una prioridad en el radar de Washington, allanando el camino para el avance del dinero sucio sin restricciones.

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El cambio en la política anticorrupción de EE.UU. no solo beneficia a los empresarios inescrupulosos, sino que también reconfigura la competencia en el mercado global. La modificación de la FCPA abre la puerta a una aplicación arbitraria de la ley, permitiendo un sesgo en la persecución de empresas extranjeras, particularmente las de origen chino, mientras que las estadounidenses gozan de mayor margen de maniobra. "Esto va a significar muchos más negocios para Estados Unidos", justificó Trump con su ya habitual cinismo, confirmando que la medida tiene como único objetivo beneficiar a los grandes jugadores del establishment corporativo.

Como si fuera poco, su administración decidió desmantelar la Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia, un equipo especial del FBI que investigaba casos de saqueo de dinero a nivel internacional. La noticia fue recibida con entusiasmo por gobiernos señalados por corrupción sistémica, como el de Venezuela, y deja a decenas de países sin una herramienta clave para rastrear el desvío de fondos públicos.

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Para Argentina, las consecuencias pueden ser devastadoras. Si la justicia local ya demostraba una pasividad alarmante frente a los escándalos de corrupción corporativa, la eliminación de estos controles externos podría darle el golpe de gracia a cualquier intento de regulación. Durante años, las investigaciones en EE.UU. funcionaron como una ventana a la trama de sobornos que atravesó desde las privatizaciones menemistas hasta las contrataciones de obra pública de las últimas décadas. Ahora, con el desinterés de Washington por estos casos, el circuito de impunidad queda prácticamente blindado.

Sin regulaciones estrictas ni consecuencias reales para quienes compran voluntades y manipulan licitaciones, Argentina se encamina hacia una nueva era de opacidad empresarial. La desactivación de la FCPA bajo la influencia de Trump envía un mensaje claro: el dinero sucio seguirá fluyendo sin obstáculos, garantizando negocios sucios y fortaleciendo las alianzas entre el poder político y los grandes capitales. La corrupción, lejos de ser combatida, se institucionaliza como una herramienta legítima de expansión económica.

Según la Casa Blanca, las empresas estadounidenses compiten en desventaja, ya que no pueden pagar los sobornos que son “habituales entre los competidores internacionales, creando un campo de juego desigual”. ¿Conclusión? Las habilitan a coimear:https://t.co/nSEmx27sH7

— Hugo Alconada Mon (@halconada) February 11, 2025