El conflicto en el Poder Judicial de Mendoza ha alcanzado un punto álgido. Los trabajadores, representados por el gremio liderado por Ricardo Babillón, han paralizado sus actividades por más de dos semanas en protesta por lo que consideran una situación salarial insostenible. Según Babillón, el salario de ingreso de un trabajador judicial no llega a cubrir la línea de indigencia, una denuncia que pone en evidencia la grave crisis que atraviesa el sector.

"El salario de un ingresante en el Poder Judicial de Mendoza ronda los $300 mil", afirmó Babillón en una entrevista con El Destape. Este monto, aunque pueda parecer elevado en un primer vistazo, resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas en un contexto de inflación galopante y costo de vida en aumento. "Hay medios oficialistas que comparan estos ingresos con los de la administración escolar, que también rondan los $200 mil. Están comparando una indigencia con otra", subrayó el dirigente.

La situación se agrava aún más por las decisiones unilaterales del gobierno provincial. Babillón acusó a Alfredo Cornejo, actual gobernador, de imponer un aumento salarial del 10% por decreto, lo que en términos reales apenas representa un 7% frente a la inflación. "Desde que ganó las elecciones, Cornejo ha dejado claro que las paritarias se firmarían 'por las buenas o por las malas'. Los gremios que no firmaran no recibirían aumentos hasta el próximo año. Nosotros no firmamos y, después de dos meses de paro, el gobernador decidió otorgar un aumento del 7%".

Este conflicto no solo afecta a los judiciales, sino que también ha comenzado a resonar en otros sectores de la administración pública. "Hay sectores que firmaron la paritaria bajo la amenaza de Cornejo y ahora se están sumando a los reclamos por la presión de los trabajadores. Están trabajando todo el mes y se van a casa con salarios de $200 mil, $300 mil, o en el mejor de los casos $400 mil", comentó Babillón, resaltando la precariedad laboral que se extiende más allá del ámbito judicial.

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La situación en Mendoza es un reflejo de un contexto nacional donde las políticas gubernamentales apuntan a desmantelar los servicios públicos, según Babillón. "El Presidente quiere dinamitar los servicios del Estado, y en ese marco, hay gobernadores que actúan como satélites de esas políticas", denunció. Esta afirmación subraya la percepción de que la crisis no es únicamente económica, sino también política, con decisiones que parecen dirigidas a debilitar a los sectores más vulnerables de la administración pública.

En este escenario, los judiciales mendocinos se enfrentan no solo a la precariedad de sus salarios, sino también a un gobierno que utiliza la represión laboral como herramienta de control. La amenaza de no otorgar aumentos salariales a aquellos gremios que no se alineen con las directrices del gobierno es una estrategia que, según Babillón, busca dividir y debilitar la resistencia de los trabajadores.

El conflicto ha generado una serie de consecuencias que van más allá de las cuestiones salariales. Las paralizaciones han afectado el funcionamiento del sistema judicial, con retrasos en los procesos y una creciente acumulación de casos sin resolver. Esto no solo impacta a los trabajadores judiciales, sino también a los ciudadanos que dependen de un sistema de justicia eficiente y operativo.

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En este contexto, la lucha de los judiciales mendocinos puede interpretarse como una batalla por la dignidad y la supervivencia. Con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y un gobierno que parece decidido a imponer sus condiciones a cualquier costo, la situación de los trabajadores del Poder Judicial de Mendoza es un espejo de las profundas desigualdades y tensiones que atraviesan al país.

Las medidas de fuerza continúan y el gremio no muestra señales de ceder ante las presiones gubernamentales. Por el contrario, la solidaridad entre los distintos sectores de la administración pública parece fortalecerse, a medida que más trabajadores se suman a los reclamos. Este fenómeno podría desencadenar un movimiento más amplio que ponga en jaque las políticas de ajuste del gobierno provincial y, potencialmente, las del gobierno nacional.

En definitiva, la crisis en el Poder Judicial de Mendoza es un recordatorio de las luchas cotidianas que enfrentan miles de trabajadores en Argentina. Una lucha que no solo busca mejores condiciones salariales, sino también el reconocimiento de la dignidad y el respeto por aquellos que sostienen el funcionamiento del Estado en un contexto cada vez más adverso.

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