Contratos, facturas millonarias y costosos alquileres amplifican los cuestionamientos contra la mano derecha de Patricia Bullrich

(Por Mauro Federico para Data Clave) La seria acusación formulada por un empleado de la Cámara de Diputados, que lo señaló como el responsable de la frase “cuando la maten, yo estaré en la costa” durante una conversación con dos de sus asesoras en la confitería “Casablanca” 48 horas antes del atentado contra Cristina Kirchner, fue el disparador que promovió varias investigaciones sobre Gerardo Milman y el comienzo de su eclipse como dirigente político.

Horas después de aquel intento de magnicidio, la denuncia que se sumó a la investigación que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti comenzó a descorrer un velo desconocido hasta ese momento por la opinión pública: el universo de asesores y asesoras de los que Milman se vale para triangular vidriosos negocios y consolidar así una posición económica que no se comparece con sus ingresos como funcionario público.

A este desprolijo escenario de contrataciones sin debida justificación con recursos públicos, otro episodio expuesto por Data Clave agregó más sospechas sobre los vínculos del legislador con empresas a las que el Estado contrató como proveedoras durante su gestión en la cartera de Seguridad: la relación con Metalúrgica Oliva S.A. saltó a la luz tras el incidente generado por la detención de un automóvil propiedad de la firma, que era conducido por María Luz Lanusse Peralta Ramos, quien hasta hace dos meses era la pareja de Milman.

Este suceso motivó la denuncia del abogado Yamil Castro Bianchi, quien requirió ante la justicia federal que se investigue al legislador por el presunto delito de dádivas. El fiscal Carlos Stornelli decidió avanzar en la imputación en el expediente que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas. Pero una semana después se sumaron a la causa siete facturas pertenecientes a Milman por importes que oscilan entre los 45 y los 400 mil pesos, totalizando la suma de casi un millón de pesos, De los documentos se desprende que el diputado le habría facturado en los últimos tres años a la empresa que figura como contratista del estado por el servicio de “Asesoramiento en Seguridad Internacional”.

A principios de diciembre y como repercusión directa del escándalo desatado por esta investigación, la firma decidió “rescindir” los contratos que admitió haber firmado con el diputado, por los cuales no solo le pagaba por la supuesta tarea como “asesor”, sino también le cedió en comodato el uso del vehículo que fuera secuestrado en abril pasado como consecuencia del incidente protagonizado por Lanusse Peralta Ramos.

En el texto del documento -al que accedió Data Clave- se reconoce que la relación contractual se inició en enero de 2021 y que, a cambio de sus servicios la empresa se comprometía a pagar una suma de dinero y a cederle el usufructo de un Peugeot modelo 2008 Sport. Por lo que se desprende del escrito, la decisión de terminar con el vínculo laboral se tomó luego de las repercusiones generadas por la difusión de los hechos “de público conocimiento”.

Inmobiliarias Milman

En su última declaración jurada, el diputado bullrichista asegura tener una casa comprada con la totalidad de un crédito en la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown. La misma tiene una superficie de 200 metros cuadrados y un valor de 4.232.135 pesos, o sea, a razón de 21.000 pesos (o 66 dólares) el metro cuadrado. Una verdadera ganga. Además, se declara poseedor de esa propiedad desde 2017, cuando asumió el control de la Secretaría de Seguridad de la Nación, secundando a su jefa política Patricia Bullrich.

La casa que habitan y que dicen poseer junto a la madre de su hija menor y actual legisladora bonaerense por el PRO Florencia Retamoso, que reformaron saltando el reglamento del barrio cerrado (abrieron ventanas que dan directo a las casas vecinas, extendieron su parque tomando metros de un sector común, hicieron reformas estéticas no permitidas, rompieron todas las paredes internas para instalar intramuros un costosísimo sistema de sonido que abarca toda la propiedad); la que frecuentan desde 2017 autos oficiales del Ministerio de Seguridad primero, y choferes rentados por el Congreso nacional después, parece no pertenecerles.

Esto se desprende de un dato sugestivo: en las expensas del condominio, quien figura como propietario de la unidad habitacional número 30 es Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres. Herrmann también es socio de Raúl Enrique Granillo Ocampo y del abogado Gustavo Enrique Garrido, poderoso inversor en diferentes rubros que van desde lo inmobiliario hasta la geotermia y las energías renovables, además de titular de varias cuentas en Panamá y Luxemburgo.

El 30 de septiembre, cuando su nombre ya circulaba en todos los medios involucrado en el intento de magnicidio, Milman ya pensaba en sus vacaciones. Por lo que -como todos los años- recurrió a la inmobiliaria Altieri para rentar la misma casa de veranos anteriores, ubicada en los bosques de Pinamar. A tal efecto pagó una seña de 4000 dólares, que reforzó el 14 de octubre con otros cuatro mil. La totalidad de la renta acordada del 28 de diciembre al 31 de enero es de 12 mil dólares.

El alquiler del departamento en Belgrano donde vive su hija mayor, el otro inmueble ubicado en la calle Posadas al 1500 del barrio de Recoleta, las expensas de la casa de Altos de Adrogué que rondan los 56.000 pesos, la renta de la mansión en la costa para sus vacaciones, más los gastos que se desprenden de su nivel de vida (incluidos los numerosos viajes al exterior y el pago de los abultados resúmenes de las tarjetas de crédito a su nombre) no concuerdan con los montos percibidos por sus tareas como legislador.

El ex vicepresidente primero del bloque PRO en la cámara de Diputados dice tener ingresos por un total de 4.573.183 pesos anuales, que significan unos 381.098 mensuales; y gastos anuales por 2.937.568 que significan unos 244.797 pesos por mes.

La facturación inexplicable

Siete facturas que Milman emitió al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), una asociación civil que preside Patricia Bullrich y que -hasta la semana pasada- integraban el mismo Milman y el esposo de la titular del PRO Guillermo Yanco, permiten inferir que entre mayo y diciembre de este año “percibió” 2.472.150 pesos. En el detalle consta que la supuesta paga guarda relación con “Servicios de Coordinación Organizativa”.

Otro curioso detalle detectado por esta investigación es que en los documentos administrativos se deja constancia que la dirección del organismo es Bulnes 1937 6º C. Pero la página del IEES dice que su dirección es Avenida de Mayo 953 tercer piso. En el edificio de la calle Bulnes consignado en las facturas hay oficinas de alquiler ocupadas por consultorios médicos, a excepción de una que corresponde a ALBOSA S.R.L., una agencia de seguridad física y electrónica (www.albosa.com.ar).

Olga María Del Valle Guerra Carias. Venezolana nacida en Guaracuato, Sucre, el 31 de marzo de 1987 (35 años). Se dedica a la grabación de música caribeña en pen drives. Pidió un crédito de 30mil pesos, que no pudo pagar, y hoy figura como deudora financiera en el reporte del BCRA por 45mil pesos. Vive en Guatemala 91, Talar de Pacheco, a pocas cuadras de la casa de origen de Rocío Fiorenza (Tremendo Pony), la asesora de Milman en el Congreso, también del barrio. (presumimos que puede haber sido el nexo, pues si no como Milman llegó a Olga?)El 1 de octubre Olga María del Valle Guerra Carias le pagó a Gerardo Milman 675 mil pesos, y un mes después, el 1 de noviembre de 2022, otros 615 mil. El total abonado fue de 1.290.000 pesos por servicios de asesoría en seguridad.