Los Organismos de Derechos Humanos se mostraron en coincidencia con el pedido de juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, efectuado por distintos bloques parlamentarios de la oposición, “en la responsabilidad que le cabe a la funcionaria por las flagrantes y gravísimas situaciones de violencia institucional promotoras de tanta muerte y de tanto sufrimiento”. Asimismo, exigieron que sea “inmediatamente separada de su cargo”.

Los organismos advierten que la titular de la cartera de Seguridad “ha incurrido en prácticas contrarias a los principios más elementales en materia de seguridad democrática, desde el principio de su gestión, avalada por el propio presidente Mauricio Macri”. “Ha argumentado groseramente a favor del accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo, en diversos hechos de violencia estatal acaecidos a lo largo y ancho del país, tomando decisivo partido a favor de distintos miembros de esas fuerzas, implicados en graves hechos”, sostuvieron.

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En este sentido, entiendieron que la ministra Bullrich “ha violentado normativa preexistente para favorecer el uso indiscriminado y abusivo de las armas por parte de las fuerzas policiales, e incluso ha alentado públicamente el uso de armas en la población civil, contraviniendo compromisos nacionales e internacionales”. “Junto al presidente Macri ha defendido a funcionarios y agentes de seguridad involucrados en graves delitos contra la integridad y la vida”, señalaron.

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También consideraron que Bullrich “además de mentir, desconoce y contraría el fallo de la Cámara Federal de General Roca, en la causa por el asesinato del joven Rafael Nahuel, que revocó la bochornosa sentencia de primera instancia y ordenó la detención del oficial del grupo Albatros, responsable de la muerte del joven mapuche, tal y como largamente lo reclamase su familia y el Organismo querellante”.

Para los organismos de DDHH, “el cambio de paradigma que la ministra reivindica como política de su gestión constituye el peor retroceso sufrido en Democracia, después del indulto a los genocidas, y pone en serio riesgo al Estado de Derecho”.

Los organismos en cuestión fueron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

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Movistar confirmó el contacto entre D'Alessio y el periodista del Grupo Clarín https://t.co/6vpRyd6Jz4

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