Desde 2010, fueron 3 sentencias, de 2 instancias diferentes, las que le dieron la razón al planteo realizado por el Observatorio.

Organismos de Derechos Humanos alertan sobre las políticas de seguridad empleadas por el gobierno porteño de Mauricio Macri en los últimos ocho años, que utilizan elementos de tortura como práctica intimidatoria y represiva sobre la población.

Según explican en un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) había interpuesto un recurso de queja para evitar que la Metropolitana use las pistolas Taser X26, con el patrocinio de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires. A esto se suman nuevas instancias legales que presentarán información y argumentos sobre el tema.

“Desde el ODH y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad alertamos sobre el peligro que puede significar el uso de las taser. Es por eso que en 2010 interpusimos la acción de amparo para evitar que la Policía Metropolitana usara las neopicanas. Denunciamos -y probamos- que son un elemento de tortura y que en diversos casos -de imposible previsión- causan la muerte de las personas”, esgrime la carta y continúa: “Sostenemos que es tan violatorio del derecho a la integridad física, la tortura mediante el uso de picana en un sótano de una comisaría, como lo es la descarga eléctrica provocada por una moderna Taser X26 en una manifestación. Las Taser son un elemento de tortura por el intenso dolor que generan, hecho corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional”.

Desde 2010, fueron 3 sentencias, de 2 instancias diferentes, las que le dieron la razón al planteo realizado por el Observatorio. Recién este año, en un fallo de alto contenido político, el Tribunal Superior de la Ciudad falló a favor del Gobierno de la Ciudad, permitiendo a su policía salir con elementos de tortura a la calle.

Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. Es la misma Corte, la que -en palabras de su presidente- dijo que los juicios por delitos de Lesa Humanidad son política de Estado. Es esta Corte la que debe ser clara y despejar todo atisbo de dudas dando lugar al recurso de queja que presentamos. La Argentina no puede permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina. Por eso, esperamos que la Corte revoque el fallo del TSJ y prohíba la utilización de la Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana.

Los organismos que adhieren son: La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Agrupación HIJOS, Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE, Abuelas de Plaza de Mayo, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), Asociación Americana de Juristas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad entre otros organismos de DDHH.