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La policía desoyó una orden del gobernador de jubilar a 203 policías mediante retiros voluntarios, que fue publicada por el Boletín Oficial de la provincia, con la firma de Saieg.

Walter Saieg, ministro de Seguridad del gobernador cordobés José Manuel de la Sota, presentó su renuncia por “razones estrictamente políticas”. Será reemplazado por un funcionario cercano a la esposa de De la Sota, Adriana Nazario, sin experiencia en el área y actual presidente del Jockey Club de Río Cuarto.

Según la versión que se esforzó en difundir el gobierno de Córdoba a través de un comunicado oficial, Saieg habría dimitido para hacerse cargo nuevamente de la intendencia de la ciudad de Alta Gracia, de la que estaba de licencia desde que fue nombrado miembro del gabinete delasotista.

Saieg, que el fin de semana pasado fue electo legislador provincial por su departamento, Santa María, trabajará para que Unión por Córdoba retenga la intendencia de Alta Gracia, en las elecciones que se celebrarán el 27 de septiembre. En declaraciones a diferentes medios, no descartó buscar su reelección.

Pero las verdaderas razones del este nuevo cambio en un área donde De la Sota no puede hacer pie, especialmente luego del acuartelamiento policial de fines de 2013, habría que buscarlas en el desaire que la Policía de Córdoba perpetró contra Saieg semanas atrás, con la venia del primer mandatario cordobés.

Fue cuando la desacreditada fuerza comandada por el polémico comisario general Julio César Suárez desoyó una orden del gobernador de jubilar a 203 policías mediante retiros voluntarios, que fue publicada por el Boletín Oficial de la provincia, con la firma de Saieg.

Dicha medida fue rechazada a través de un comunicado de la Policía de la Provincia, maniobra que obligó a Saieg a publicar una sección “extraordinaria” del Boletín Oficial en la que se indicó la marcha atrás, “conforme lo solicita el Señor Jefe de Policía”, según los considerandos de la resolución.

En la lista de los que iban a ser pasados a retiro, estaban los comisarios Daniel Nis y Cristian Morillo, vinculados con el Narcoescándalo, la causa judicial que investiga los vínculos entre la Policía de Córdoba y el mundo narco, por la que está presa la cúpula de la desintegrada División de Lucha contra el Narcotráfico.

La asunción de Saieg, en diciembre de 2013, se dio luego del acuartelamiento policial y posterior renuncia de la ministra de Seguridad de ese entonces, Alejandra Monteoliva. De la Sota aprovechó la ocasión para fusionar las carteras de Seguridad y Gobierno bajo el mando de Saieg.

El reemplazante del ministro saliente es Marcos Farina, sin ningún tipo de experiencia en seguridad, uno de los reclamos más fuertes de la sociedad cordobesa, especialmente luego de los saqueos y linchamientos generalizados en los que degeneró la protesta policial.

Prensa del gobierno delasotista distribuyó entre los medios el currículum de Farina: “Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como secretario del Concejo Deliberante de Río Cuarto, subdirector de Inspección de Personas Jurídicas delegación Río Cuarto, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba”.

El nombramiento de Farina es un guiño de De la Sota a sus funcionarios del Centro Cívico riocuartense, donde se desempeña un gabinete paralelo para el sur provincial. Dichos dirigentes responden a la esposa del gobernador, Adriana Nazario, presidenta de la Fundación del Banco Córdoba y candidata a diputada nacional detrás de la precandidatura presidencial de De la Sota.

Farina, de 43 años, es actual delegado de De la Sota en Río Cuarto, capital alterna de la provincia, y tiene una estrecha amistad con el ex tenista riocuartense y actual funcionario delasotista, Agustín Calleri, quien le abrió el camino para ser, actualmente, presidente del Jockey Club de Río Cuarto

La inexperiencia de Farina en el tema y sus casi nulos antecedentes en gestión pública permiten a algunos aventurar que el verdadero jefe de Seguridad de la provincia será el controversial jefe de Policía, Julio César Suárez, que hoy será denunciado penalmente otra vez.

Los abogados de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, junto al letrado especialista en derechos humanos, Claudio Orosz, se presentarán ante la Fiscalía General de la Provincia para denunciar a Suárez como responsable de las actuaciones llevadas a cabo por la fuerza de seguridad en el marco de los criticados "operativos de saturación" en barrios carecientes de la capital.

Luego de dos meses de preparación, la denuncia contiene declaraciones de víctimas y testigos de los procedimientos policiales que acusan haber sufrido la arbitrariedad y el menoscabo de sus derechos por parte de la fuerza policial.

Los denunciantes solicitarán a la Fiscalía que se inicie una investigación por "los probables delitos de abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada, y amenazas, coacción y torturas".