La SIP ha planteado, es que el organismo que tiene que proceder a aplicar esta ley, ha actuado (según Clarín) en forma discriminatoria

El año pasado, después de que la Corte Suprema de Justicia fundamentara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín presentó un plan de división fragmentando su patrimonio mediático en seis empresas diferentes.

Al respecto, Paolillo admitió que “la ley fue declarada constitucional por la suprema corte argentina”, pero señaló que “lo que la SIP ha planteado, es que el organismo que tiene que proceder a aplicar esta ley, ha actuado (según Clarín) en forma discriminatoria".

El presidente de la SIP continuó en la misma línea, en una entrevista realizada en Radio Nacional. "Nos han dicho que una primera adecuación fue primero recibida y aceptada, y que tiempo después la mayoría del organismo regulador, que adhiere al partido de gobierno, resolvió dar vuelta esa decisión inicial contra la opinión de los dos miembros de la oposición. Y ahora se va a una adecuación de oficio”, relató el miembro uruguayo de la SIP.

Consultado sobre las irregularidades en la conformación de los grupos societarios presentados por Clarín y explicados por el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, Paolillo expresó no estar “al tanto de los detalles de quienes integran cada grupo accionario".

"Sí estoy al tanto de lo que dijeron aquí los miembros argentinos de la SIP y lo que dijo el nuevo relator para la libertad de expresión de la CIDH, que sostienen que hay una aplicación discriminatoria, que se le aplica la ley a Clarín y no a otros grupos que deberían adecuarse”.

Y agregó que “en la SIP hay varios socios argentinos, y hay diarios que son afines a las políticas del gobierno y no levantaron su voz para decir que no es así”.

Sobre la posición de la sociedad que integra en la causa de la apropiación de Papel Prensa, explicó que “consideramos desafortunado, que por el caso de Papel Prensa que fue un negocio de la dictadura militar, se termine manifestando que eso fue consecuencia de la participación de dos empresarios en violaciones a los derechos humanos”, concluyendo que “nos parece desproporcionado, pero el caso está en la justicia, que tendrá la última palabra.”

“En 1978 un señor llamado Edward Seaton, miembro de la SIP, que es propietario de una cadena de diarios de EE UU y el señor Lozano de la Opinión de los Ángeles, se presentaron contra la opinión de los socios argentinos de la SIP entre ellos Clarín y la Nación para ver in situ como era la situación allí y concluyeron que los diarios faltaban a su deber de informar sobre el desastre en la cuestión derechos humanos y resaltaron el trabajo del Buenos Aires Herald y el diario de Río Negro", recordó.

Sin embargo, dijo que "una cosa no quita la otra, los pecados del pasado tendrán que rendir cuenta ante la historia por los pecados del pasado que cometieron,  sin tener la magnitud de aquello, puede ocurrir que esté pasando algo contrario a la libertad de expresión que consideramos criticable”.