El proyecto de ley consta de 8 artículos que divulgó la Presidencia uruguaya se “establece la prohibición y tenencia de tierra a cualquier título con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio nacional a empresas extranjeras o instaladas en Uruguay en las que participe -directa o indirectamente- un Estado extranjero”.

En los argumentos del texto, se resalta la ley argentina que fue promulgada en diciembre de 2011, que dice el texto, establece un "régimen de protección al dominio nacional" en Argentina y "limita la titularidad del dominio o posesión de tierras por parte de personas extranjeras, físicas o jurídicas de las tierras del 15% del territorio nacional" argentino, entre otras menciones.

En la exposición de motivos, el texto aduce que, en función de la importancia económica del factor tierra para Uruguay, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la soberanía y un impacto positivo de las actividades productivas en el bienestar de los uruguayos.

El proyecto, aclara el texto, no modifica la normativa vigente referida a la inversión externa directa privada.

El gobierno uruguayo agrega en el texto su idea de declarar de “interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y en particular, la tierra”.