Ante la judicialización del conflicto, la Cámara Federal de Córdoba tendrá que resolver si permite que la Procuradoría contra la Violencia Institucional de la Nación (Procuvin), pueda verificar las condiciones de encierros de las cárceles cordobesas.

Ante la imposibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo para las inspecciones, ahora la que deberá resolver el conflicto es la Cámara de la provincia.

Durante la audiencia, el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, explicó que debe ser el órgano que él encabeza el que debe llevar adelante la inspección. En contraste, el Procurador del Tesoro de la provincia de Córdoba, Pablo Reyna, impugnó "la legitimación de la representación de Abel Córdoba para llevar adelante esta causa", tras lo cual "se retiró de la audiencia".

La Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación depende directamente de la Procuración General de la Nación.

Luego de la fallida audiencia, los camaristas resolvieron “deliberar para dictar sentencia" en la causa.

La causa se inició en junio último, como consecuencia de la acción de amparo promovida por el titular de la Procuvin tras la denuncia de numerosos internos de que eran encadenados en el penal de San Martín, de la capital cordobesa, entre otras cárceles.

En la oportunidad, el fiscal explicó que, por ejemplo, en la cárcel de San Martín recibieron "muchísimos testimonios de detenidos que con mucho temor nos contaron sus padecimientos y hablaron del método que allí se aplica".