Cantón puso el acento en la necesidad de regular el uso de drones. Expuso varios problemas, como la peligrosidad de la utilización de drones en países con escaso control civil de las fuerzas armadas.

El 1 de noviembre de 2013, Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina. Las intervenciones de los periodistas fueron seguidas con especial atención por los medios de nuestro país.

Resulta llamativa, sin embargo, la falta de atención prestada ese mismo día a la audiencia inmediatamente posterior en la CIDH. Durante más de cuarenta minutos el argentino Santiago Cantón, director del centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos, encabezó una presentación sobre “La utilización de drones y su impacto en los derechos humanos en las Américas”.

Cantón realizó su exposición acompañado por expertos norteamericanos en derechos humanos y civiles, leyó un texto de la académica Ruth Diamint y entregó, para que fuera evaluado por la Comisión, un informe redactado por Amnistía Internacional.

La presentación de Cantón puso el acento en la necesidad de regular el uso de drones. Expuso varios problemas: la peligrosidad de la utilización de drones en países con escaso control civil de las fuerzas armadas y donde los ministerios de defensa son agencias precarias, el lugar central de la inteligencia militar para seleccionar los objetivos de los drones (lo cual empodera a las fuerzas armadas), el peligro de que sectores ajenos al Estado utilicen este tipo de armas, la falta de regulaciones nacionales e internacionales para el comercio de drones.

Cantón afirmó que, además de Estados Unidos, otros catorce miembros de la OEA tienen drones, ya sea porque los producen con un programa propio o bien porque se los compran a otros países. El Ejército argentino, dijo, ha desarrollado su propia tecnología para vigilancia, reconocimiento aéreo y recolección de inteligencia.

Brasil es el país latinoamericano con mayor número de drones, tanto de producción nacional como externa: los usa para monitorear fronteras y para vigilancia en las ciudades. Bolivia compró drones. Colombia hizo operaciones conjuntas con Estados Unidos y los ha usado en operaciones contra las FARC. Chile también compró drones a Israel y en México se han realizado maniobras conjuntas con Estados Unidos en el marco de “la lucha contra el narcotráfico”.

La presentación se cerró con otros datos relevantes: hay empresas públicas y privadas que ya producen drones en América Latina y su desarrollo “no fue acompañado de una regulación que permita controlar y disminuir el uso de los drones en el marco de los derechos humanos”. Según Cantón, a la falta de control se suma la falta de transparencia, y esa falta de transparencia contribuiría al uso ilegítimo e ilegal de los drones. Por último, solicitó que se realice un informe sobre drones armados y no armados en la región y se prepare un borrador de legislación regulatoria de su uso.

Los representantes de la CIDH hicieron pocas preguntas tras la presentación, dos de las cuales no pudieron ser respondidas claramente por la supuesta falta de datos. La primera fue por qué no se prohíbe el uso de drones armados, en lugar de pretender regular su uso. La segunda, engañosamente simple, fue: ¿qué es exactamente y como funciona un drone?

Resulta llamativo que los diferentes modos de funcionamiento de los drones, sus virtudes para la “lucha contra la inseguridad” y las razones por las cuales sería o no sería conveniente prohibirlos, por lo menos en sus usos militares y policiales, no hayan sido presentados con mayor rigurosidad por el propio Cantón quien, a fines de septiembre de 2013, había sido presentado en Tigre como el asesor estrella de Sergio Massa en materia de derechos humanos.

Las discusiones en torno a la incorporación de nuevas tecnologías para luchar contra el delito y proteger las fronteras, son algunas de las obsesiones del ex intendente de Tigre, el primer municipio argentino que utilizó drones para “combatir la inseguridad”.

En efecto, la Miami argentina decidió importar unos pequeños cuadricópteros dronisados para monitorear el municipio y grabar acciones delictivas. Pesan poco más de 3 kilos, vuelan a 2 kilómetros de altura como máximo y tienen una autonomía de no más de media hora. Son los hermanos menores de los que usan las Fuerzas Armadas.

Los drones militares que utilizan Estados Unidos, Gran Bretaña o Israel tienen nombres poco inocentes como Predator o Reaper (la guadaña del ángel exterminador). Los de Tigre, en cambio, tienen un felino estampado en la trompa que el municipio adoptó como logo y que suele decorar las banderas del Matador de Victoria.

Los drones son uno de los formidables negocios futuros para la industria militar-securitaria norteamericana y sus empresarios y lobbistas aliados en el resto del mundo. Para el período 2013-2020, la consultora Teal Group estimó en 89 mil millones de dólares el mercado mundial de drones civiles y militares. El mercado militar debería pasar de 6 mil millones de dólares en 2013 a más de 11 mil millones en 2022, (ver Glennon J. Harrison, “Unmanned Aircraft Systems (UAS): manufacturing Trends”, CRS Report for Congress).

Esta última estimación excluye los usos comerciales: filmaciones televisivas, exploraciones gasíferas o petroleras y, sobre todo, los drones utilizados en la denominada agricultura de precisión y en la seguridad pública, que se estima cubrirán el 90 por ciento de los usos civiles durante la próxima década. Todo negocio cuidado necesita un marco jurídico-político que lo sostenga y respalde.

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