Influencers libertarios manguean plata con el apoyo de Lilia Lemoine para un “colegio para discapacitados” sin empleados ni inscripción

Influencers piden fondos y una SRL cobra el CBU

Mientras el Estado argentino mantiene abierta la emergencia nacional en discapacidad y miles de familias, prestadores y organizaciones reclaman por prestaciones, pensiones, aranceles y financiamiento, aparece una historia que expone de manera brutal una de las paradojas del modelo libertario: un supuesto colegio para chicos con discapacidad sale a pedir dinero por redes sociales y canaliza esas colaboraciones a través de una sociedad comercial integrada por tres influencers identificados con el mileísmo. No se trata de una fundación reconocida públicamente, de una asociación civil con una larga trayectoria ni de un establecimiento educativo cuya existencia pueda verificarse con facilidad en los registros abiertos. La estructura documental que aparece detrás es otra: Nuestro Camino Azul S.R.L., CUIT 30-71895011-9, una empresa constituida en abril de 2025, con un capital social inicial de apenas $500.000, cuyo objeto incluye centros terapéuticos, diagnóstico y tratamiento de discapacidades, acompañamiento escolar e inclusión. Y la cuenta bancaria utilizada para pedir las colaboraciones —según la constancia bancaria incorporada a esta investigación— pertenece precisamente a esa SRL.

La historia comienza formalmente el 11 de abril de 2025, cuando se constituye Nuestro Camino Azul S.R.L. Los socios son Alberto Marcel Vivas Peralta, Matías Andrés Bernal Campos, Christopher Matías Marchesini Brest y Lucas Emmanuel Apollonio. El domicilio societario queda establecido en Gelly y Obes 1691, El Talar de Pacheco, y Vivas Peralta aparece como gerente. La sociedad declara como objeto una actividad que puede abarcar centros educativos terapéuticos, establecimientos de diagnóstico y tratamiento de discapacidades, servicios de acompañantes externos escolares para niños y jóvenes con discapacidad y actividades vinculadas con inclusión. No es, por lo tanto, una empresa que casualmente terminó relacionada con la discapacidad: la discapacidad está en el corazón mismo del objeto social con el que fue creada. Pero hay un detalle que obliga a mirar dos veces: el capital social inicial fue de apenas $500.000. Para una estructura que declara entre sus posibilidades la organización de centros terapéuticos y establecimientos destinados a personas con discapacidad, es una cifra que llama inmediatamente la atención por su modestia.

Los otros tres socios tampoco son desconocidos. Matías Bernal Campos es “El Herrero Liberal”; Christopher Marchesini Brest es “Mate con Mote”; y Lucas Apollonio es “El Ojo del Poder”. Los tres fueron convocados por Milei a la Quinta de Olivos en mayo de 2026, junto con otros influencers del espacio libertario. La propia cobertura de aquella reunión los identificó con esos nombres y explicó que el encuentro tenía un contenido político definido: reforzar el papel de las redes sociales como campo de disputa frente a los medios tradicionales y consolidar una narrativa común en defensa del rumbo del Gobierno. No estamos hablando, entonces, de tres ciudadanos que se asociaron en una actividad solidaria sin ningún vínculo político entre sí: son tres comunicadores que forman parte del circuito digital que el propio Gobierno convocó a Olivos para fortalecer su comunicación política.

El caso de Mate con Mote resulta especialmente significativo por la dimensión de su plataforma. Su perfil público se presenta como un canal dedicado al análisis económico, político y social y registra más de un millón de seguidores en YouTube y más de dos millones en TikTok en la información pública relevada. Un informe de QMonitor de octubre de 2025 lo ubicaba, además, en el primer lugar entre los influencers libertarios medidos en TikTok por engagement durante ese mes, con una cifra superior a los dos millones de interacciones. Su incorporación a la sociedad que impulsa un proyecto para personas con discapacidad no es, por lo tanto, un dato menor: una figura de enorme capacidad de difusión política participa de una SRL que después aparece pidiendo aportes económicos para un proyecto presentado públicamente como un colegio para chicos con discapacidad.

El Herrero Liberal, por su parte, también tiene un perfil público inequívocamente alineado con el universo libertario. Antes de la creación de Nuestro Camino Azul ya exponía públicamente su visión sobre el trabajo, las empresas y la relación entre empleadores y Estado, y cuestionaba las dificultades que —según su interpretación— enfrentan quienes contratan trabajadores. Esa identidad ideológica tampoco quedó solamente en las redes: en mayo de 2026 fue uno de los influencers recibidos por Milei en Olivos.

Lucas Emmanuel Apollonio, conocido en redes como “El Ojo del Poder”, desarrolla su actividad principalmente a través de YouTube y X, donde difunde contenidos de actualidad política desde una perspectiva abiertamente alineada con el espacio libertario.

CBU

Y la cuestión central aparece cuando se mira el dinero. La sociedad fue constituida en abril de 2025, pero la cuenta bancaria que figura en la documentación que obra en esta investigación fue abierta el 1 de diciembre de 2025 en la sucursal 0113 de Talar de Pacheco. El CBU difundido para recibir las colaboraciones es 0170113120000004536259 y, según la constancia bancaria aportada, el titular es el CUIT 30-71895011-9, exactamente el CUIT de Nuestro Camino Azul S.R.L. La cuenta, entonces, no está presentada simplemente como una herramienta personal de alguno de los influencers: la cuenta pertenece a la sociedad comercial que integran los cuatro socios. Y apenas unos días después de su apertura comenzó a circular públicamente la convocatoria para colaborar con el proyecto del supuesto colegio del que se postean imágenes y videos donde los influencer pintan paredes y arreglan luces.

Ahí la historia deja de ser solamente curiosa y empieza a plantear preguntas concretas. ¿Qué es exactamente Nuestro Camino Azul? Porque en las redes se habla de un “colegio para chicos con discapacidad”, pero la documentación societaria no constituye un colegio: habla de centros terapéuticos, diagnóstico y tratamiento de discapacidades, acompañamiento escolar e inclusión. La diferencia no es semántica. Un establecimiento educativo necesita una identificación institucional, autoridades, habilitaciones y una inscripción que permita determinar qué tipo de institución es, qué títulos otorga, bajo qué régimen funciona y quién responde por ella. Una SRL que declara actividades vinculadas con discapacidad es otra cosa.

Y apareció la diputada

Y hay un nombre político que aparece directamente en la convocatoria. En el mismo tuit en el que Mate con Mote anuncia el proyecto de un “colegio para chicos con discapacidad” y publica el CBU de Nuestro Camino Azul S.R.L. para recibir dinero, el influencer afirma que la iniciativa cuenta con la colaboración de la diputada nacional Lilia Lemoine. Es decir: la campaña de recaudación no queda circunscripta a tres influencers que integran la sociedad titular de la cuenta bancaria. El propio promotor de la colecta incorpora a una legisladora nacional de La Libertad Avanza como parte del armado que rodea al proyecto.

El dato adquiere todavía más relevancia cuando se reconstruye quiénes son los protagonistas. Cuando Mate con Mote, El Herrero Liberal y El Ojo del Poder fueron recibidos por Milei la propia Lemoine estuvo en la organización. La pregunta que queda planteada ya no es solamente quién pone la plata: ¿qué papel concreto cumple una diputada nacional en este proyecto, qué gestiones realiza y qué significa exactamente esa “labor en conjunto” que anuncia públicamente uno de sus impulsores? El vínculo político está expuesto en el propio mensaje de promoción y merece ser explicado con el mismo nivel de transparencia que se les exige a quienes administran fondos destinados a una población particularmente vulnerable.

¿Existen?

Y ahí aparece una de las mayores rarezas de todo el expediente: fuera de las publicaciones en redes sociales prácticamente no aparece una presencia institucional independiente del supuesto colegio. La búsqueda documental realizada para esta investigación no permitió localizar un sitio institucional propio del establecimiento, una página educativa oficial, una inscripción pública como establecimiento de enseñanza, una asociación o fundación responsable, una memoria institucional, un expediente de habilitación claramente identificable ni una cobertura independiente de la obra que permita reconstruir con precisión qué colegio es, dónde funciona y bajo qué autorización. Lo que aparece con claridad documental es la SRL. El colegio, en cambio, aparece fundamentalmente a través de las redes de sus propios impulsores..

La cuestión se vuelve todavía más llamativa cuando se observa la situación laboral de la sociedad. La información empresarial consultada a partir de datos registrales indica que Nuestro Camino Azul figura como “Empleador: No”, es decir, no aparece inscripta como empleadora. Esto significa que la sociedad que se presenta alrededor de un proyecto destinado a chicos con discapacidad no aparece registrada como empleadora. Si existe una estructura permanente detrás del colegio, no surge de la estructura laboral declarada de la SRL. Y si el colegio todavía está en construcción, entonces la pregunta es igualmente sencilla: ¿qué se está construyendo, dónde, quién lo construye y bajo qué habilitación?

El domicilio tampoco despeja el interrogante. Gelly Obes 1691, Talar de Pacheco, es el domicilio declarado por la SRL y ya había aparecido asociado a Alberto Vivas Peralta, vinculado a la Fundación AUPA, en una sociedad anterior vinculada con discapacidad. En 2018, Vivas Peralta había formado parte de ORNEAZUL S.A., cuyo objeto también incluía centros educativos terapéuticos, centros de día, hogares para personas con discapacidad, escuelas especiales y servicios de integración escolar.

Mientras tanto, la sociedad que ahora aparece detrás de la campaña tiene una situación formal bastante particular. No figura como empleadora y, pese a presentarse en redes un proyecto que requiere dinero para un “colegio”, no aparece públicamente una estructura institucional equivalente a la de un establecimiento educativo ya constituido. Todo esto configura una pregunta periodística perfectamente legítima: ¿por qué una iniciativa presentada ante el público como un colegio para chicos con discapacidad no tiene una huella institucional proporcional a la magnitud de lo que se está anunciando y financiando?

La pregunta adquiere otra dimensión cuando se recuerda qué ocurrió con ANDIS, precisamente el organismo estatal encargado de una parte central de las políticas de discapacidad. En agosto de 2025, la difusión de audios atribuidos al entonces titular Diego Spagnuolo desencadenó una crisis política y judicial alrededor de presuntas coimas y retornos vinculados con proveedores y prestaciones. El caso derivó en una investigación judicial y en la salida de Spagnuolo del organismo. El propio Ojo del Poder de Apollonio había señalado entonces que el escándalo ANDIS era uno de los principales golpes contra la promesa de transparencia de Milei.

La paradoja es brutal. El mismo universo político que llegó al poder prometiendo terminar con el Estado considerado ineficiente y reemplazarlo por mecanismos privados encuentra ahora a tres de sus comunicadores asociados en una sociedad que solicita aportes privados para un proyecto destinado a una población que tiene derechos reconocidos legalmente y cuya atención forma parte de las obligaciones estatales. No se trata de discutir si la sociedad civil puede colaborar con personas con discapacidad: por supuesto que puede y debe hacerlo. El problema aparece cuando una necesidad que debería ser garantizada como derecho termina convertida en una colecta difundida por influencers, y cuando la estructura que recibe el dinero es una SRL cuyo objeto comercial coincide con el área de necesidad que se utiliza como argumento para pedir los aportes.

Porque ahí está la verdadera fotografía del modelo: el Estado se retira, la discapacidad queda desfinanciada y aparecen influencers para pedirle a la sociedad que ponga la plata y sin rendir cuentas al parecer. Y en este caso no estamos hablando de una ONG histórica que abre una campaña transparente con balances, autoridades y antecedentes institucionales. Estamos hablando de una SRL creada en 2025, con un capital inicial de $500.000, una cuenta bancaria abierta el 1 de diciembre de ese año, un CBU difundido públicamente para recibir aportes y tres de sus socios sentados pocos meses después en Olivos con Milei como parte del dispositivo comunicacional libertario.

La cuestión, entonces, es preguntar por qué hay tantas zonas opacas alrededor de algo que debería poder explicarse con absoluta sencillez. Si es un colegio, que se diga dónde está, quién lo habilitó, quién es su responsable, cuál es su matrícula, quién es el propietario del inmueble y qué organismo educativo lo reconoce. Si es un centro terapéutico, que se informe bajo qué habilitación funciona y qué prestaciones brinda. Si es una campaña solidaria, que se explique con precisión quién recibe cada peso y cómo se rendirán las cuentas. Y si la plata entra a una SRL, que se diga abiertamente que las donaciones están ingresando a una sociedad comercial.

Porque cuando se trata de chicos con discapacidad, la transparencia no es un lujo administrativo: es una obligación moral mínima. Y cuando quienes convocan a poner dinero son tres influencers que forman parte del ecosistema político que acompaña al Gobierno, la sociedad tiene todavía más derecho a preguntar. No porque ya exista una prueba de delito, sino porque la combinación es demasiado singular como para pedirle al público que entregue dinero y, al mismo tiempo, acepte no hacer preguntas.

Por lo pronto, las inscripciones ya están abiertas: