Giro Inesperado

Vicentín muy cerca de pasar a manos de sus acreedores, entre los que se encuentra Estado Nacional

Este viernes, el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, tomó una decisión procesal que ha generado un gran impacto en el caso del gigante cerealero Vicentin. Esta medida acerca significativamente a la empresa a pasar a manos de sus acreedores, entre los cuales se encuentra el Estado Nacional, representado por los bancos estatales que son acreedores de la compañía.

Vicentín muy cerca de pasar a manos de sus acreedores, entre los que se encuentra Estado Nacional

Redacción EnOrsai // Viernes 15 de septiembre de 2023 | 17:56

La acción que tomó el juez Lorenzini fue la de rechazar la propuesta de acuerdo presentada por Vicentin en conjunto con sus acreedores. Cabe señalar que entre estos acreedores se encontraban empresas que están estrechamente vinculadas a la propia firma, actuando prácticamente como satélites.

Este rechazo marca el inicio de un proceso conocido como "cram down," un mecanismo contemplado en la legislación de quiebras y concursos que sienta las bases para que los acreedores asuman el control de la empresa que ha incumplido con sus obligaciones financieras.

El fallo emitido establece que la fecha de apertura del Registro de Oferentes será el 18 de septiembre de 2023, y se otorga un plazo de diez días hábiles judiciales para que se presenten ofertas, hasta el 29 de septiembre de 2023. Este plazo relativamente corto sugiere la celeridad con la que se espera que se resuelva el futuro del grupo empresarial.

En una resolución que consta de 27 páginas, el juez Lorenzini dedica los últimos párrafos a ofrecer sus reflexiones y conclusiones sobre el caso. En estas palabras finales, plantea la posibilidad de que en situaciones de crisis empresarial como la que estamos presenciando, se requiera un sistema eficiente de alertas tempranas, un mayor control y supervisión del Estado en empresas o sectores considerados estratégicos, y la implementación de medidas preventivas para el saneamiento patrimonial, incluso con el objetivo de evitar la cesación de pagos.

 

 

El juez también resalta la importancia de proporcionar información de manera oportuna a los socios no administradores y a terceros contratantes en este contexto, como una medida esencial para evitar que las pérdidas sean transferidas injustamente a otros patrimonios que no están directamente relacionados con la empresa y su tipo societario.

Es relevante destacar que el juez Lorenzini recibió un respaldo explícito de la Corte Suprema el martes pasado para continuar interviniendo en el proceso, lo que refuerza la legitimidad de sus acciones y decisiones.

Por su parte, un representante de los acreedores expresó su satisfacción ante el rechazo de la propuesta de Vicentin. Gustavo Feldman, abogado que representa a pequeños productores que resultaron gravemente perjudicados cuando el gigante cerealero dejó de cumplir con sus obligaciones financieras, señaló que esta decisión es favorable para los trabajadores, los acreedores afectados y la economía de Santa Fe y Argentina en su conjunto.

Feldman enfatizó la importancia de unir esfuerzos entre el Estado y los principales acreedores en este momento crucial, con el objetivo de garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, preservar una actividad estratégica para la economía nacional como la comercialización internacional de granos, y cumplir con la deuda de los acreedores sin infligir más daño del ya causado hasta el momento.

 

 

El "cram down" es un mecanismo legal que permite a los acreedores u otros actores externos presentar una propuesta para asumir el control de una empresa que se encuentra en situación de incumplimiento, como es el caso de Vicentin.

Cabe mencionar que esta propuesta ya había sido sugerida a fines del año pasado por uno de los principales acreedores del grupo, el Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, en abril pasado, Vicentin logró obtener "las conformidades" de la mayoría de sus acreedores para cerrar un acuerdo y superar la situación que enfrentaba desde principios de 2019, cuando incluso el gobierno de Alberto Fernández consideró la expropiación de la empresa y finalmente desistió de esta medida.

Los acreedores que no participaron en el acuerdo impugnaron la propuesta, lo que llevó a la decisión de Lorenzini de rechazar definitivamente el acuerdo y abrir la siguiente etapa en el proceso legal. La banca oficial, representada por el Banco Nación, se encontraba entre los críticos más destacados de dicho acuerdo. Su titular, Silvina Batakis, argumentó que la propuesta presentada por Vicentin era totalmente inviable, y abogó por la creación de una empresa mixta con una participación mayoritariamente estatal como una alternativa más viable para el futuro de la compañía.

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