El nuevo corredor de Milei: recursos argentinos, negocios de EE. UU.

Por Javier El Profe Romero

El gobierno de Javier Milei y Estados Unidos lanzaron el 23 de septiembre de 2026 el Corredor Andes-Atlántico. La presentación estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en Nueva York, durante la gira presidencial que incluyó la Asamblea General de Naciones Unidas. El anuncio fue difundido por la Cancillería mediante una declaración conjunta.

Su alcance es mucho mayor que el de una carretera o una obra puntual. La iniciativa pretende modernizar la infraestructura que conecta sectores estratégicos argentinos con los puertos atlánticos y los mercados occidentales: ferrocarriles, vías navegables, puertos, energía y sistemas digitales al servicio de una ampliación de las exportaciones de minerales, petróleo y gas.

El documento incluye el desarrollo comercial de Vaca Muerta mediante inversiones, tecnología y herramientas financieras estadounidenses. También contempla minería y procesamiento de minerales críticos, y oportunidades para empresas de Estados Unidos en licitaciones y subcontrataciones.

Ese mismo día, también en Nueva York, el Banco de Exportación e Importación estadounidense, EXIM, informó que había firmado con el Gobierno argentino el marco “Build the Future”, destinado a movilizar hasta 7.000 millones de dólares de financiamiento hasta 2027. Entre sus prioridades figuran minerales críticos, energía, modernización de la red eléctrica, conectividad digital y tecnologías avanzadas.

El lanzamiento del corredor y la firma del marco financiero son hechos distintos. Ninguno permite afirmar que Argentina ya recibió 7.000 millones de dólares o que todos los proyectos cuentan con créditos aprobados. Lo concreto es una orientación de cooperación y financiamiento potencial, no un desembolso libremente disponible.

EL BENEFICIO ESTADOUNIDENSE NO ESTÁ OCULTO

La propia declaración conjunta explica que el corredor se inscribe en una política de infraestructura orientada a asegurar las cadenas de suministro estadounidenses y abrir oportunidades para sus empresas. EXIM, a su vez, destaca el empleo y los equipos, productos y conocimientos de su país.

Washington define qué quiere obtener. La pregunta es por qué el Gobierno argentino presenta eso como reciprocidad sin mostrar obligaciones equivalentes para nuestra industria.

La declaración compromete a Argentina a continuar fortaleciendo su entorno legal y regulatorio, la protección a las inversiones y las reglas de las concesiones de infraestructura, acogiendo a empresas y financistas estadounidenses. Estados Unidos promoverá instrumentos financieros y asistencia técnica.

Pero en los documentos de lanzamiento examinados no aparecen pisos cuantificados y exigibles de empleo argentino, participación de proveedores nacionales o transferencia tecnológica. Puede haber obligaciones derivadas de leyes y contratos particulares; el anuncio no las convierte en una garantía general de desarrollo.

No es una diferencia semántica. Una cosa es identificar quiénes tendrán oportunidades de negocio. Otra es dejar el beneficio nacional sujeto a la expectativa de que esas oportunidades produzcan, eventualmente, un resultado favorable para nosotros.

FINANCIAR EL GAS ARGENTINO PARA VENDER EQUIPOS ESTADOUNIDENSES

La ficha estadounidense del corredor detalla para Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado, una propuesta indicativa no vinculante de hasta 6.000 millones de dólares destinada a comprar bienes y servicios estadounidenses. No debe confundirse con dinero ya desembolsado ni sumarse automáticamente al monto anunciado por EXIM.

Allí aparecen McDermott, vinculada con instalaciones de tratamiento de gas, y Pumpco, del grupo MasTec, junto con socios, en un contrato de ductos sujeto a la decisión final de inversión. La propuesta de financiamiento también organiza demanda para proveedores estadounidenses.

El contraste es directo: comprarles a sus empresas forma parte del destino anunciado del financiamiento. Una obligación equivalente de comprar equipos argentinos no aparece en esa propuesta.

El gas argentino puede generar exportaciones y actividad local. Eso no alcanza para responder cuánto valor industrial quedará en el país, qué proveedores nacionales serán incorporados y qué conocimientos pasarán a formar parte de nuestras capacidades.

No hay que elegir entre producir gas y discutir soberanía. La política industrial consiste, precisamente, en exigir que la explotación de nuestros recursos construya capacidades propias en lugar de limitarse a alimentar negocios ajenos.

MINERALES PARA FABRICAR ALLÁ

El marco de EXIM se vincula con su programa de resiliencia de cadenas de suministro, una herramienta que financia proyectos fuera de Estados Unidos mediante contratos de abastecimiento de minerales utilizados para fabricar bienes en ese país. El propósito es asegurar insumos para su industria.

No se trata de un contrato que ya comprometa automáticamente toda la producción minera argentina. Se trata del criterio que ordena esa herramienta: el suministro para manufacturas estadounidenses, no una exigencia equivalente de fabricar los productos industriales en Argentina.

El corredor contempla procesamiento de minerales en nuestro territorio. Pero procesar materias primas y dominar los eslabones industriales de mayor valor no son lo mismo. Si el financiamiento asegura el insumo para sus fábricas, el Gobierno argentino debería demostrar qué mecanismo asegura el desarrollo de las nuestras.

TREINTA AÑOS DE VENTAJAS Y FINANCIAMIENTO A CONSIDERAR

La iniciativa de septiembre se apoya en acuerdos anteriores. El 4 de febrero de 2026, Argentina y Estados Unidos suscribieron un nuevo marco sobre minerales críticos. Al día siguiente, Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer firmaron el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, que había sido precedido por un entendimiento anunciado en noviembre de 2025.

El texto comercial compromete a Argentina a facilitar inversiones estadounidenses en minerales, energía, electricidad, telecomunicaciones, transporte e infraestructura. También a trabajar con las provincias y acelerar solicitudes elegibles del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y estabilidad sobre esos incentivos durante treinta años para los proyectos admitidos. No es un régimen exclusivo de Estados Unidos ni supone admisión automática: lo que el acuerdo incorpora es la facilitación de acceso a sus inversores cuando cumplan los requisitos.

También alienta inversión federal argentina en infraestructura minera para permitir el acceso de empresas estadounidenses. Del otro lado, el compromiso es trabajar con los organismos correspondientes para considerar financiamiento elegible.

La desigualdad de las formulaciones importa. Argentina facilita, acelera y promueve infraestructura. Estados Unidos considera financiar. El nombre “recíproco” no vuelve equivalentes esas obligaciones.

El acuerdo también limita determinadas ayudas a empresas estatales y protege frente a exigencias de transferencia de tecnología estadounidense, con excepciones expresas. La discusión alcanza herramientas que un Estado puede utilizar para desarrollar su industria, no solamente el volumen del intercambio comercial.

Según la información publicada en septiembre, la ratificación integral seguía pendiente mientras el Gobierno buscaba adelantar partes por vías administrativas. Por eso corresponde discutir tanto el contenido como los mecanismos democráticos con los que se pretende aplicarlo.

LA SECUENCIA QUE EL ANUNCIO NO CUENTA

La orientación empezó antes del regreso de Donald Trump al poder. En 2024 se informó cooperación bilateral sobre hidrovías y ciberdefensa; en mayo, Diana Mondino y Antony Blinken firmaron un marco de diálogo estratégico; en agosto, ambos países suscribieron un memorándum sobre minerales críticos. El comunicado minero ya situaba a Argentina dentro de las cadenas estratégicas de suministro estadounidenses.

Después llegaron instrumentos para el sistema F-16, un memorándum de entrenamiento de fuerzas especiales y acuerdos para incorporar blindados Stryker. En julio de 2025 se anunciaron acuerdos de verificación electrónica de nacionalidad y de cooperación sobre prófugos e intercambio de información.

En 2026, Milei firmó la incorporación al Consejo de Paz impulsado por Trump. Argentina se sumó a Pax Silica, la iniciativa estadounidense sobre minerales, energía y cadenas tecnológicas, y a una declaración sobre inteligencia artificial. También participó en el Escudo de las Américas y respaldó su declaración de septiembre sobre acciones contra organizaciones criminales.

No corresponde llamar tratado comercial a cada uno de esos instrumentos. Pero tampoco leerlos como episodios desconectados: suman recursos, tecnología, seguridad, formación militar y decisiones diplomáticas dentro de una misma relación de dependencia.

La presión política fue explícita el 14 de octubre de 2025, cuando Trump dijo que Estados Unidos no sería generoso con Argentina si Milei perdía las elecciones. Días después, el Banco Central anunció la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense por hasta 20.000 millones de dólares.

El techo del mecanismo no prueba que ese dinero se haya recibido íntegramente. Y la declaración de Trump no debe presentarse como una cláusula contractual. Su gravedad reside en lo que dijo públicamente: el respaldo económico al país aparecía condicionado al triunfo del gobernante que Washington prefería.

No es afinidad con Trump. Es subordinación a Trump.

EL OFRECIMIENTO EN USHUAIA

El 4 de abril de 2024, Milei viajó a Ushuaia y presentó junto a Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur estadounidense, el desarrollo de la Base Naval Integrada. Dijo que el proyecto “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

La elección de esas palabras importa. No habló solamente de una infraestructura argentina: incorporó a Estados Unidos a la proyección estratégica de nuestro territorio hacia la Antártida.

La base conjunta aún no se concretó. Según respuestas de Defensa al Congreso reproducidas por la prensa en septiembre de 2026, no existe un acuerdo para una base compartida y el control del proyecto es argentino. No hay, por lo tanto, una cesión de mando estadounidense acreditada.

Pero el ofrecimiento político quedó hecho. Y Ushuaia no es una localización indiferente: la Armada vincula la importancia del Área Naval Austral con la custodia de los pasajes bioceánicos y la proyección antártica. La ausencia de una base conjunta operativa no elimina la discusión sobre lo que el presidente está dispuesto a ofrecer y lo que exigiría a cambio.

EN LA ONU, EL ACOMPAÑAMIENTO TIENE NÚMEROS

El informe del Departamento de Estado sobre 2024 ubica a Argentina primera en el índice de coincidencia con Estados Unidos en las 19 votaciones que Washington clasificó como importantes: 97%, frente al 92% de Israel. Argentina coincidió plenamente en 18 y parcialmente en una.

En las 95 votaciones disputadas generales de ese año quedó segunda, con 82%, detrás de Israel, con 89%. El recorte debe quedar claro: el primer puesto corresponde al universo de votaciones importantes de 2024, no a todas las resoluciones ni a todo el mandato de Milei. Fue, además, un año bajo la presidencia estadounidense de Biden.

Los episodios posteriores permiten ver qué posiciones acompañamos. El 12 de junio de 2025, Argentina votó con Estados Unidos e Israel contra una resolución que exigía un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. La resolución fue aprobada por 149 votos contra doce, con 19 abstenciones.

El 29 de octubre de 2025 volvió a acompañarlos contra el pedido de terminar el embargo estadounidense a Cuba. Y el 25 de marzo de 2026, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que rechazaron la resolución impulsada por Ghana que declaró la trata y la esclavización racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad y abordó las reclamaciones de reparación.

Son decisiones concretas, no solamente discursos amistosos. El acompañamiento argentino está registrado; la contraprestación a nuestras prioridades nacionales no se demuestra con una fotografía entre presidentes.

COLONIA DEL SIGLO XXI

La subordinación contemporánea no necesita abolir formalmente la independencia. Puede avanzar mediante financiamiento, proveedores, reglas económicas, condicionamientos políticos y decisiones estratégicas que un gobierno nacional adopta como si los intereses de otra potencia fueran los propios.

No hace falta negar que un proyecto genere actividad para discutir a quién sirve y qué dependencia consolida. La obligación del presidente es convertir los recursos argentinos en trabajo, industria, tecnología y autonomía para la Argentina.

Nosotros ponemos los recursos. Ellos se los llevan. Le llaman reciprocidad. Pero es subordinación. Es entrega.

La respuesta no es aislarnos del mundo. Es negociar con condiciones nacionales y exigir garantías de desarrollo tan concretas como las oportunidades que los documentos identifican para las empresas estadounidenses.

El presidente argentino no tiene que conseguirnos un lugar en el proyecto de Trump. Tiene que defender un proyecto para nuestro país. Una colonia del siglo XXI puede conservar su bandera; lo que pierde, paso a paso, es la decisión sobre su futuro.

Preguntas frecuentes sobre el Corredor Andes-Atlántico:

¿Qué es el Corredor Andes-Atlántico?

Es una iniciativa de infraestructura y cooperación anunciada en septiembre de 2026 entre la Argentina y los Estados Unidos para agilizar la extracción y transporte de minerales críticos, gas y petróleo desde Vaca Muerta y la Cordillera hacia los puertos del Atlántico.

¿Implica un desembolso inmediato de 7.000 millones de dólares de EXIM Bank?

No. El marco firmado representa un esquema indicativo de financiamiento potencial sujeto a la aprobación de proyectos específicos que incluyan la compra de equipamiento y servicios de origen estadounidense.