Según el informe periodístico, avalado con el testimonio de un "colaborador" policial "arrepentido", los jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes que pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.

La denuncia de presunta "asociación ilícita agravada"  involucra al director de Drogas de la Policía, comisario mayor técnico superior Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine,  responsable de dos Brigadas de Lucha contra la Droga; el oficial inspector, Franco Argüello; y dos conocidos narcotraficantes identificados como Daniel Córdoba y "El Tuerto" Cacho. 

"Hasta el momento no hay imputados", manifestó el fiscal Senestrari, quien aclaró que sí se investigan los hechos que, a partir de una investigación periodística, emitió el programa ADN de  los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Al respecto, los bloques legislativos locales del  radicalismo, Frente Cívico, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Encuentro Vecinal y del PRO, pidieron una "urgente" reunión en "audiencia oficial" al gobernador José Manuel de la Sota para "tratar personalmente estas denuncias de suma gravedad institucional". 

"Es necesario que el Poder Ejecutivo asuma de manera inmediata decisiones contundentes pues no solamente se afecta a la fuerza policial sino a cientos de jóvenes que cotidianamente son cooptados por las redes de narcotráfico y la droga bajo la premisa que gozarán de protección policial", sostiene el texto que todo el arco opositor consensuó y envió a De la Sota.