El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y perdedor de las PASO en Juntos por el Cambio, ha interpuesto una demanda por aproximadamente 2,7 millones de pesos contra una familia relacionada con la toma estudiantil llevada a cabo hace un año en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano, situada en el barrio de Barracas. Esta situación se desencadenó después de que Juana, una de las alumnas del establecimiento, denunciara públicamente que su madre recibió una carta documento notificando la demanda por presuntos "daños y perjuicios" ocasionados durante la ocupación del colegio en octubre del año pasado.

La demanda, que lleva la firma de la abogada Valeria Patricia Ale y del director general de Responsabilidad y Contrataciones del GCBA, Daniel Mauricio Leffler, se dirige específicamente a Brenda, la madre de Juana, sosteniendo que ella era la adulta responsable de la alumna cuando se llevó a cabo la toma del colegio ubicado en Wenceslao Villafañe al 1400.

Juana, en un acto de transparencia, compartió en sus redes sociales videos y detalles de las acciones realizadas durante las jornadas de toma, las cuales incluyeron tareas de mantenimiento y limpieza. Sin embargo, la familia ha optado por no hacer más declaraciones en este momento, prefiriendo evaluar con el apoyo de un abogado los pasos a seguir en el marco de la causa.

Una locura... pic.twitter.com/fxVb2fRcLu

— En Orsai (@EnOrsai) September 25, 2023

Es importante destacar que otra familia de la misma institución educativa también ha recibido una demanda de características similares, aunque han decidido mantener su identidad en reserva.

Fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad han confirmado que estas demandas forman parte de un proceso que se inició el año pasado en medio de las tomas estudiantiles. Se espera que se continúen emitiendo notificaciones a otras familias en situación similar. A finales de 2022, el Ministerio informó que había denunciado a 366 adultos responsables de estudiantes que participaron en las tomas, buscando compensaciones por los días de clases perdidos, estimándose un total de 50 millones de pesos en demandas.

La toma de la ESEA Manuel Belgrano se extendió por cinco días, aunque solo tres de ellos fueron días hábiles. Durante este período, los estudiantes llevaron a cabo diversas acciones de protesta, reclamando por deficiencias estructurales en el edificio y en el sistema de alimentación escolar. Previamente a la toma, el centro de estudiantes había llevado a cabo otras medidas de protesta como sentadas, cartelazos y pernoctes, las cuales no obtuvieron respuesta de las autoridades.

Además de los estudiantes de la escuela Manuel Belgrano, más de 25 centros de estudiantes de colegios secundarios se unieron al proceso de tomas que se extendió desde finales de septiembre hasta mediados de octubre de 2022. Los reclamos incluyeron no solo problemas de infraestructura y alimentación, sino también cuestiones como la implementación de pasantías obligatorias y la presencia de plagas en los colegios. Esta situación generó un amplio debate sobre el rol de los estudiantes en la defensa de sus derechos y la respuesta de las autoridades educativas ante sus reclamaciones.