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Insólitamente, la presidente y concejal de la Unión Vecinal y titular del interbloque Juntos Luján, Rita Sallaberry, se mostró recientemente preocupada por el destino del dinero público. “Se puede gestionar sin matar a impuestos a la gente”, aseguró, compungida, en una visita a la localidad de Campana, en la que compartió reuniones con el intendente Sebastián Abella.

A pesar de sus dichos y de la preocupación expresada, según la base de datos de ANSES, Sallaberry percibe dos salarios en simultáneo en el estado, en dos ciudades distintas, cometiendo una grave irregularidad ética y legal. En efecto, la ex precandidata a intendente de Luján se encuentra cobrando un jugoso sueldo de la municipalidad local, por 132.165 pesos mensuales, a los que se le suman 318.104 pesos mensuales por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sallaberry, quien a pesar de haber triunfado en las internas tuvo problemas en obtener el apoyo de la Juventud Pro y la Juventud Radical, cumple la función de responsable de la dirección general de Conservación del Paisaje Urbano, dependiente de la subsecretaría de Paisaje Urbano porteña. Su área se encuentra bajo la órbita del jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Felipe Miguel.

En forma simultánea, Sallaberry estaría cobrando otros 132.165 pesos como concejal en Luján en representación del interbloque Juntos Luján. Su mandato, asumido en el 2021, terminará recién durante las últimas semanas del 2025. La posición de la dirigente de Juntos por el Cambio promete despertar polémica, dado que estaría en contraposición a las normas que establecen conflictos de intereses.

De acuerdo a la ley, “las incompatibilidades administrativas se configuran por el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos; o por percibir -al mismo tiempo- una retribución del estado y un haber provisional, o por litigar contra el estado nacional en favor de intereses de terceras personas”.

Si bien la ley establece excepciones, las mismas no coinciden con los roles de Sallaberry. En efecto, se trata de actividades de docencia (con particularidades que deben analizarse en cada caso) y actividades relacionadas con el arte de curar, como la medicina, farmacia, odontología y enfermería, entre otras.

De este modo, la concejal de Luján y funcionaria del gobierno porteño, la dirigente de Juntos por el Cambio se encuentra infringiendo la ley. A pesar de la polémica y los conflictos de intereses, el casi medio millón de pesos mensuales podrían justificarlo todo.

*Fuente: REALPOLITIK