El legislador con mandato cumplido había escrachado a la profesional de la salud por cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Médica abortista en Salta. Vamos conociendo el rostro de los sicarios en Salta” había expresado en marzo el ex funcionario haciendo un “escrache” a una de las cuatro profesionales que garantizan el procedimiento de interrupción legal del embarazo en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI).

La jueza subrogante de Violencia Familiar y de Género 2 Gisela Centeno ordenó hoy que Suriani se abstenga de ejercer actos de violencia psicológica en medios de comunicación masiva o en cualquier red social contra la denunciante “bajo apercibimiento de desobediencia judicial y de remitir las actuaciones a la Justicia penal”.

La profesional de la salud recibió el respaldo del hospital, que la acompañó para iniciar acciones legales en contra del exdiputado.

Distintas organizaciones cuestionaron al legislador por exponer a la médica, atacarla y vulnerar sus datos personales por cumplir con la legislación vigente que habilita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país.

La jueza Gisela Centeno además exhortó a Andrés Suriani a respetar estrictamente la normativa que rige en materia de violencia de género.

Cabe recordar que no es la primera vez que el ex diputado realiza movilizaciones en contra del aborto, en su postura a favor de “las dos vidas”.

En 2019, cuando Suriani ocupaba una banca en Diputados, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Salta, llegó a pedir a las autoridades de la Cámara de Diputados que “adopte medidas ante las manifestaciones públicas” de Suriani que generan “odio hacia las mujeres”.

Las integrantes del Comité calificaron las expresiones de Suriani como “hostigamiento” y que “conspira(n) contra la consecución de la igualdad, respeto y consideración que pretende la legislación vigente”, que “es imperativa para la sociedad toda, y que pretende evitar la reproducción de los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de los géneros, etnias o creencias de las personas”.

El pedido hacía referencia a publicaciones que el legislador había realizado en sus redes sociales.

Desde el Comité expresaron que dichas manifestaciones “afectan derechos y garantías” y revisten un “peligro cuando las opiniones de un legislador, quien debe observar la ley y velar por su cumplimiento, son vertidas en redes sociales de alcance masivo”.