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Preocupado por los números de las encuestas, el PRO apela a su pata judicial

Tras un fin de semana donde Elisa Carrió disparó contra la justicia en los medios, el lunes amaneció con una catarata de acciones judiciales contra legisladoes, ex funcionarios y candidatos que respaldan a Cristina Kirchner. Mirá de qué se trata.

Preocupado por los números de las encuestas, el PRO apela a su pata judicial

Lunes 10 de julio de 2017 | 17:51

Elisa Carrió es diputada nacional, fundadora de Cambiemos, y primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el macrismo. Durante el fin de semana presionó públicamente a la justicia por no acelerar causas contra el kirchnerismo y trató a los jueces de "corruptos o cobardes". Ahora llegó la respuesta.

El lunes amaneció con procesamientos para Julio De Vido, diputado nacional del Frente Para la Victoria, y Martín Sabbatella, ex titular de la Afsca durante el mandato de Cristina Kirchner. También fue imputada Fernanda Vallejos, primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la lista que en senadores encabeza la es mandataria.

El precsamiento a De Vido llegó por parte del juez federal Claudio Bonadio, en una investigación por supuesta falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos, cuando el legislador nacional era ministro de Planificación. Además, lo embargaron por $1000 millones.

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Sabbatella fue procesado por el juez federal Luis Rodriguez por el supuesto delito de defraudación a la administración pública. El magistrado investiga irregularidades en la entrega de subsidios por casi 10 millones de pesos en 2014 y 2015. Es el segundo procesamiento en lo que va del año para el líder de Nuevo Encuentro, en mayo pasado Bonadio lo precesó por intentar adecuar de oficio al Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Vallejos fue imputada por el fiscal Federico Delgado para investigar si la precandidata de Unidad Ciudadana omitió en una declaración jurada de 2014, al ingresar al Senado, que también trabajaba en Diputados y el Ministerio de Economía.

A la economista denunció la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, cuyo titular es el abogado José Magioncalda, quien consideró que la ahora precandidata "habría incurrido en falsedad ideológica de instrumento público" al "insertar su firma dejando en blanco los antecedentes laborales" en la declaración jurada que en 2014 presentó en el Senado de la Nación para un contrato de locación de servicios en la Cámara.

Fuente: politicargentina.com

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