Miércoles 17 de Junio de 2026
Otro alto funcionario Macrista socio de los buitres en juicios contra el país
El cordobés Andrés Chambouleyron es subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del ministerio que comanda el ex Shell Juan José Aranguren. Se formó en la cavallista Fundación Mediterránea, y fue asesor en la secretaría de Comunicaciones y en el ministerio de Economía durante la Alianza.
Indie Politik // Martes 28 de junio de 2016 | 08:34
El miércoles, se conoció la información que el actual presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, accionó contra su propio país junto a los fondos buitres mientras negociaba con ellos el pago que finalmente el gobierno de Mauricio Macri les otorgó por 12 mil millones de dólares.
Ahora se conoce que el encargado de la política tarifaria del ministerio de Energía, Andrés Chambouleyron, fue "testigo experto" en 11 juicios que las empresas energéticas le hicieron al país en el CIADI ( Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) por no poder subir las tarifas durante el kirchnerismo.
Hasta ser nombrado funcionario del gobierno de Mauricio Macri, Chambouleyron fue integrante de la consultora estadounidense Compass Lexecon, que brinda servicios a corporaciones financieras, compañías multinacionales y fondos buitre. Así, ofició de perito para empresas francesas, italianas, estadounidenses y españolas en demandas ante el CIADI contra el Estado argentino, entre 2004 y 2009, para los sectores de las telecomunicaciones, el agua, la electricidad y el gas.
Desde el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), en mayo, pidieron la renuncia del funcionario de Cambiemos "en defensa de la seguridad jurídica de usuarios y consumidores", según afirmó su titular, Federico Bernal.
Con los aumentos decididos por la dupla Aranguen-Chambouleyron, los usuarios de gas ya transfirieron a las operadoras de todo el país unos 3 mil millones de dólares.
La incidencia de la quita de los subsidios en los exorbitantes montos de las facturas de gas que han provocado protestas y presentaciones judiciales en todo el país es mínima. La mayor parte de ese dinero va directamente a los bolsillos de las empresas energéticas.
Ese recorte fue justificado por la administración macrista aduciendo que su objetivo era reducir el enorme déficit fiscal que había heredado del kirchnerismo. Sin embargo, sólo representa el 0,2%: unos 1.100 millones de dólares, cifra de escaso impacto en las cuentas públicas, que el autodenominado "mejor equipo en 50 años" prometió venir a solucionar de la mano de expertos como Chambouleyron.
