El diario exige una clara dilucidación de los hechos expuestos y una determinación de la responsabilidad administrativa y/o penal de los funcionarios comprometidos en aras de la libertad de prensa

Según consignó el matutino bonaerense La Verdad de Junín en su edición de ayer, recibió 45 mil pesos en concepto de pauta para publicaciones gráficas por parte del gobierno de Macri, mientras que de la información publicada oficialmente se desprende que esas órdenes alcanzan los 211.788 pesos.

Así, se suma un medio más a la larga lista de radios, diarios, publicaciones barriales que no recibieron los millonarios montos que declaró haber otorgado el gobierno de Mauricio Macri en concepto de pauta publicitaria.

Ya son más de 82 los medios que denunciaron irregularidades, en cifras que sumadas ascienden a millones de pesos.

En la nota del diario de Junín se explica que la diferencia entre lo efectivamente “recibido, publicado y facturado” por el medio y lo que figura en los registros oficiales del Gobierno de la Ciudad correspondiente a 2014 es cercana los 170 mil pesos y podría representar una “presunta estafa”.

En ese sentido el diario exige “una clara dilucidación de los hechos expuestos y una determinación de la responsabilidad administrativa y/o penal de los funcionarios comprometidos en aras de la transparencia y de la libertad de prensa”.

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria (FPV), Fernando Muñoz, afirmó sobre la gran cantidad de casos similares: “Lo central no solo es la diferencia entre lo que recibieron los más de 80 medios de comunicación y lo que figura en las órdenes de pago en la Ciudad sino que además hay cerca de 20 medios que no han recibido un solo peso y no se ha cursado ninguna pauta”, afirmó.

El diputado explicó que tanto en televisión, sitios web, diarios y radios, son 82 los medios que se vieron involucrados en el “error de carga” del macrismo.

Días atrás, la candidatura a intendente del macrista Nicolás Ducoté, el ex director de Cippec, quedó envuelta en denuncias de financiamiento poco claro, después de que se supiera que una radio pequeña de Pilar no recibió los 600 mil pesos que el PRO supuestamente le había otorgado.

La sucesión de casos parecidos derivó en una causa por lavado de activos. El fiscal Federico Delgado impulsó una investigación penal basada en la denuncia de esas irregularidades y exigió al gobierno PRO que informe detalladamente el destino de esos fondos públicos, que no coinciden con sus propios registros.

Además, se descubrió que ese dinero fue canalizado en todos los casos a través de las mismas empresas que actuaron como intermediarios, cuyos datos de registro, direcciones y propietarios tienen vínculo entre sí.

¿La pregunta clave de este esquema es si la plata declarada pero no remitida a los medios iba a bolseros inescrupulosos o si el gobierno de Macri estaba al tanto?