El proyecto crea el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.

La iniciativa también crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad.

Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.

Para ellas habrá una reducción en las contribuciones patronales  de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.

Las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo que van a tener una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.

El proyecto obtuvo dictamen rápidamente y contó con las firmas de los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, pero también del socialista Rubén Giustiniani (aunque en disidencia parcial) y del radical Eugenio Artaza.

Por ello, se descuenta que el Senado sancionará por amplia mayoría el nuevo régimen, ya que cuenta con los votos del oficialismo, de sus aliados y de varios sectores de la oposición, como el radicalismo y UNEN.