El proyecto, impulsado por el titular de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FpV), busca determinar quiénes fueron los “actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron “apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.

Si es convertido en ley, luego de que pase por el Senado, se constituirá la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia”, que tendrá potestad para hacer requerimientos a la justicia.

La comisión, que deberá publicar un informe dentro de los 180 días desde su constitución, estará conformada por cinco diputados y cinco senadores -elegidos por sus propios cuerpos de acuerdo con la representación parlamentaria-, quienes redactarán un documento sobre la complicidad económica con la Dictadura.

Las 14 abstenciones del PRO corrieron por cuenta de Laura Alonso, Héctor Baldassi, Eduardo Cáceres, Gladys González, Christian Gribaudo, Luciano Laspina, Federico Pinedo, Cornelia Schmidt-Liermann, Federico Sturzenegger, Pablo Tonelli y Jorge Triaca. Se sumaron dos aliados macristas: Guillermo Durand Cornejo (Salta) y Roberto Pradines (Mendoza).

Al hablar en la sesión, Recalde consideró una “obligación moral” del cuerpo votar la iniciativa para que “haya memoria, verdad y justicia y terminar con la impunidad”. El diputado oficialista enumeró algunas de las empresas sospechadas de haber colaborado con los represores y apuntó contra Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos, Bunge & Born, Editorial Atlántida, La Voz del Norte y la Sociedad Rural de Junín, entre otras.

Según la norma, la bicameral tendrá que “formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”.

En su artículo sexto, el grupo parlamentario podrá “instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder”.

Con el proyecto también se crea en el ámbito del Congreso el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que ofrecerá al público en general los documentos que hubieran sido utilizados por la comisión para la elaboración de su informe final.