Hace un tiempo ya que hay un cierto consenso político en Argentina acerca de la necesidad de actualizar el mecanismo de votación. Pero hay un factor que entorpece el cambio: el discurso deslegitimador que adoptó una parte de la dirigencia política y social para tratar el asunto. Este discurso no solo que plantea el problema en forma errónea a la sociedad, sino que obtura la introducción de modificaciones en una cuestión que debería abordarse desde el saber técnico y con el menor nivel de politización posible.

¿Qué dice el discurso entorpecedor? Que en Argentina no hay transparencia electoral, y que el mecanismo vigente es funcional a la comisión de fraudes y delitos electorales por parte del partido gobernante. Dice, en resumidas cuentas, que el peronismo hace trampa, y que hay que cambiar el sistema para que el peronismo deje de hacer trampa. Obviamente, ante esas acusaciones nunca demostradas ni respaldadas en evidencia, el peronismo se pone a la defensiva. Aún cuando la mayoría de los dirigentes del oficialismo esté de acuerdo con la necesidad de hacer cambios en la forma de votar, jamás se prestará a participar en un debate que los ubica en ese lugar, y que busca remitirnos a imágenes mitológicas de resistencias republicanas enfrentando a regímenes fraudulentos. Imágenes que poco tienen que ver con el problema real que enfrenta nuestra pobre boleta de votación.

Lo que ocurrió en nuestro país es que el sistema de boletas vigente está colapsado, pero no por culpa del peronismo. El problema reside en que los partidos políticos ya no están en condiciones operativas de administrarlo, tal como prevé nuestra legislación.

Sí: en el sistema argentino, los partidos políticos administran las elecciones. O, mejor dicho, coadministran, junto al estado. Los partidos diseñan, imprimen, distribuyen boletas, observan la elección, participan del escrutinio. Así lo quisieron: todas las reformas y modificaciones en la forma de votar que se hicieron desde 1904 hasta entrado el siglo XXI, estuvieron guiadas por el sentido de dar más participación e intervención a los partidos políticos en el proceso electoral. La justicia supervisaba, no organizaba. Menos Estado, y más partidos, garantizaban la democracia. Porque el Estado, históricamente, había gestionado una democracia restringida y fraudulenta que los partidos habían contribuido a superar.

Esos partidos, claro está, tenían muchos afiliados y militantes. Y no hablo sólo del peronismo y el radicalismo, los más grandes, que estaban formados por millones de personas. Los más pequeños también eran organizaciones que involucraban a mucha gente. El socialismo, la UCeDé, el Partido Intransigente y el FrePaSo tenían cientos de miles de afiliados, que participaban activamente en la campaña y los días de elección. Para ninguna de esas organizaciones fue un problema coadministrar las elecciones junto al Estado. A ninguna, nunca, le faltaron fiscales ni voluntarios. Hoy estamos asistiendo a una reversión de aquel fenómeno partidista: los partidos piden al Estado que intervenga más. Que el Estado imprima una boleta única, y que garantice su distribución. O que compre e instale unas máquinas para votar. La estatización del sistema también alcanza a la campaña electoral: si el Estado no compra y reparte espacios publicitarios en televisión, hoy los partidos "no pueden competir". Porque, se dice, hacen falta "mil millones de pesos" para hacer una campaña, de los que solo puede disponer el Estado o los millonarios que entran en política, como consecuencia de esa “ventaja competitiva”.

Hasta hace no demasiados años, el dinero tampoco era un problema para hacer una campaña, y por la misma razón: había cientos de miles de militantes que hacían la mayor parte del trabajo, a pulmón, repartiendo volantes, pegando carteles, convenciendo a sus propios vecinos. Los mismos militantes que, luego de la campaña, organizaban las elecciones.

No describo un pasado remoto e idílico: los partidos de militantes y con organización interna, como los que prevé la legislación electoral, funcionaron entre nosotros hasta principios de los años 90. Pero en las últimas décadas la situación cambió sustancialmente. Hoy, nuestros partidos no tienen capacidad alguna de organizar elecciones. Campañas y comicios deben "estatizarse" porque hay partidos que solo tienen candidatos, asesores y colaboradores. Solo queda uno que, a duras penas y con "incentivos selectivos" a los que participan, puede completar la tarea, y es el peronismo. Esa es la historia, y no hay que avergonzarse de ella. La extinción de los partidos de militantes ocurrió en muchos otros países. Es muy lamentable, sin embargo, la forma en que demasiados dirigentes políticos explican el colapso, cuyo origen es la incapacidad partidaria, a la sociedad. En lugar de admitir la realidad, quieren convencer al público de que el sistema colapsó por culpa del peronismo, y desacreditan a la democracia y a la política al hacerlo.

Por todo lo anterior, la boleta única es necesaria. Tal vez, el mecanismo ideal sea una combinación con el actual: mantener las boletas partidarias para las PASO, que son una instancia más cercana a los partidos (y que tienen, además, muchas candidaturas), e implementar la boleta única para las elecciones generales, ya con una oferta reducida. Pero esos cambios solo serán posibles en un marco de discusión seria y bienintencionada.