La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presionó a través de un comunicado al máximo tribunal ecuatoriano para que declare inconstitucional a la ley de comunicación que intenta democratizar el sistema.

La ley promovida por el gobierno de Rafael Correo intenta avanzar en el reconocimiento de todos los sectores de la comunicación y poner un límite a la concetración mediatica.

La normativa está inspirada en el caso de nuestro país con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Al igual que en nuestro país, los grandes empresarios de la comunicación calificaron la iniciativa como “ley mordaza” y que la considera como un ataque a la libertad de prensa.

En este sentido, la SIP disparó a través de un comunicado que espera que se declare la inconstitucionalidad de la norma, cuyo objetivo es "censurar las voces independientes y críticas".

Calcado a lo que el Grupo Clarín argumentó en el caso argentino, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que este “la legislación se ha erigido como un bozal para la prensa y periodistas independientes y críticos y que incentiva la autocensura por temor a las represalias económicas y penales".

Desde la sanción de la ley de comunicación, diversas presentaciones se hicieran ante la justicia para tratar de derribar la normativa democrática.

Para los dueños de los medios concentrados la “ley y de comunicación fue concebida para coartar la libertad de prensa y blindar al Gobierno ante las críticas".