(Por Guillermo Carlos Delgado Jordan) Mucho se habla del recinto protector del poder real, aquel al que el expresidente Mauricio Macri, intenta dirigir todas las causas que lo rodean, directa o indirectamente. Intentaremos desde aquí trazar un panorama de los 12 los juzgados federales que se ubican en el tercer y cuarto piso de Comodoro Py 2002, de sus cabezas (nueve, dado que tres se encuentran vacantes) y de su entramado nepótico, red fáctica donde prácticamente nadie está afuera de la telaraña que teje la justicia para pocos que trasunta las últimas décadas de la historia Argentina.

Juzgado federal 1

Lo encabeza la hasta hace poco única mujer de este equipo, María Romilda Servini (la jueza Barú Budú Budía para los memoriosos), de largos 85 años, y que en estos días estuvo en los medios tras procesar a Orly Terranova por tentativa de extorsión a los accionistas del Grupo Indalo en la causa en la que se investigan las supuestas maniobras desplegadas durante el gobierno de Cambiemos contra C5N.

María Romilda Servini

Considerada una “sobreviviente” en el ámbito judicial, fue nombrada en 1990 por el gobierno de Carlos Menem, ese mismo año tuvo a su cargo la causa en la que se investigó a Amira Yoma, cuñada del entonces presidente, por lavar dinero del narcotráfico.

Es la jueza con competencia electoral y la de mayor edad: debería estar jubilada, ya que el límite es de 75 años, pero tiene un amparo que le permite seguir en funciones.

Su abuelo y su padre fueron jueces. Y su prole también halla su lugar en los tribunales.

Juan Carlos Cubría, su hijo mayor, fue nombrado en julio pasado como secretario de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, donde es “planta permanente”.

El hijo menor de la jueza, Eduardo José Cubría, es Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional, titular de la Fiscalía N°22 de la Capital Federal.

La nuera de la jueza Servini, esposa de Juan Carlos, Nora Carmen Dorado, es Jueza de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social , mientras que la otra nuera, Stella Maris García Vigo, esposa de Eduardo José, fue designada en 2008 a cargo de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en lo Civil / Comercial y del Trabajo N°6 y subroga en el Nº5 que se encuentra vacante.

Una de las nietas de la jueza, Agustina María Cubría, tiene el cargo de Oficial Mayor en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7.

Juzgado federal 2

A cargo del juez Sebastián Ramos, quien este años cumple 54 años. Ramos quedó segundo en un terna complementaria que envió el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, pero su nombre estuvo entre los cuatro pliegos que finalmente el Ministerio de Justicia envió al Senado y en octubre de 2012 quedó al frente del Juzgado Federal N° 2, que se encontraba vacante desde el ascenso de Ballestero a la Cámara Federal.

Sebastián Ramos

Su hermano, Martín Alejandro Ramos, también camina Tribunales. A principios de 2014 se incorporó como secretario al Juzgado Federal N° 5, a cargo entonces de Norberto Oyarbide y en noviembre de 2016 fue designado Juez del Juzgado Federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional Nº1 de Morón a través del Decreto 1202/2016 que llevaba las firmas de Macri y Garavano.

Juzgado federal 3

A cargo del juez Daniel Rafecas, de 54 años, quien también subroga el Nº6 tras la renuncia de Canicoba Corral. El 14 de octubre de 2004 fue nombrado por el entonces presidente Néstor Kirchner, cargo al que accedió por concurso público de oposición y antecedentes. El juzgado había quedado vacante por la renuncia de Carlos Liporachi quien había sido suspendido por el Consejo de la Magistratura.

Daniel Rafecas

Además, es el “pollo” de Alberto Fernández para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación.

En 2016 nombró en su juzgado, como Escribiente efectiva, a la abogada Alejandra Pizzi, nuera del juez recientemente renunciado Rodolfo Canicoba Corral. Actualmente, según indica la Resolución 2944/2021 de la Corte Suprema, ocupa el cargo de Prosecretaria Administrativa.

Tiene a su cargo, hace rato, la causa «Peajes» sobre un negociado del gobierno de Macri para beneficiar Autopistas del Sol, de la que los Macri tenían el 7% del paquete accionario.

Juzgado federal 4

A cargo del juez Ariel Lijo, de 53 años, aquel que armó el “circo” con la detención de Amado Boudou ante las cámaras de televisión. También subroga el vacante juzgado N.º12 por reemplazo de Sergio Torres tras su alejamiento rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Ariel Lijo

Entró como meritorio (el más bajo escalafón en la Justicia) en los primeros años de la década de 1990 y fue ascendiendo. Concursó y se hizo cargo en 2004 del juzgado que había dejado vacante su entonces cuñado, Gabriel Cavallo, hoy uno de los socios del estudio JC Abogados y Asociados. Lijo estaba entonces casado con la actual fiscal federal de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo. Otro de sus ex cuñados, Sergio Cavallo, trabaja como subsecretario administrativo de la Dajudeco.

Lijo es quien cajoenó la sensible causa de los aportantes truchos de Cambiemos.

Lijo, actualmente, está casado con Magalí Vanina Mazzuca, Prosecretaria Letrada en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema. Lijo tiene dos hermanos: Hernán y Alfredo Damián “Freddy”. Este último es abogado y trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, señalado habitualmente por los medios por su influencia en Comodoro Py

Cuando en 2018 “Freddy” Lijo se separó de su entonces esposa, Carla Lago, ésta declaró que su ahora ex marido era el testaferro del Juez Lijo: “Dinero en cajas de seguridad del banco ICBC, un Audi y una moto Harley Davidson. Esos son los supuestos bienes del juez Ariel Lijo que estarían a nombre de su hermano, el operador judicial Alfredo «Freddy» Lijo, según la información que se desprende de un intercambio de correos electrónicos entre Carla Lago, la excuñada del magistrado, y los diputados oficialistas Elisa Carrió y Pablo Tonelli”, escribía entonces el periodista Iván Ruiz, cuando el diario La Nación busca “alinear” al juez.

Juzgado federal 5

A cargo de la última jueza en ingresar, María Eugenia Capuchetti, de 48 años, hija del histórico jefe de Seguridad de la AFA, Carlos Capuchetti, quien desembarcó en Comodoro Py en 2019 en reemplazo de Norberto Oyarbide.

María Eugenia Capuchetti

La jueza, ex secretaria letrada del juez Sergio Torres, resuena en estos días, pues resultó sorteada para intervenir en en la causa iniciada en 2019 en los tribunales federales de Dolores donde se investiga al falso abogado Marcelo D´Alessio por presuntas maniobras de espionaje y extorsión.

También tiene a su cargo el expediente de la Mesa Judicial macrista.

Juzgado federal 7

A cargo de Sebastián Norberto Casanello, de 47 años. Asumió en octubre de 2012 y se transformó, con 37 años, en el juez más joven de Comodoro Py.

Sebastián Casanello

En sus manos estuvo la causa conocida como “la Ruta del Dinero K” en la que detuvo a Lázaro Báez y posteriormente lo procesó por lavado de dinero enviándolo a juicio oral junto a sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Federico Elaskar, y otros 17 imputados.

También elevó a juicio oral la causa por escuchas ilegales que involucra a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Metropolitana.

Juzgado federal 8

A cargo de Marcelo Pedro Hernán Martínez de Giorgi, de 55 años. En 2006, tras la renuncia del juez Jorge Urso, el Consejo de la Magistratura lo designó para que asumiera como juez subrogante en el Juzgado Federal N° 8. No fue el único juzgado vacante en esos años. En 2008 Jorge Ballestero fue ascendido a la Cámara Federal y Martínez de Giorgi comenzó a subrogar también el Juzgado Federal N° 2.

Marcelo Martínez de Giorgi

Su cargo titular era el de secretario de la Cámara Federal, pero durante cuatro años estuvo como subrogante a cargo de los dos Juzgados Federales. Recién en 2012 obtuvo por concurso la titularidad del Juzgado Federal N° 8.

En junio de 2009, procesó por “sobresueldos” al ex presidente Carlos Menem, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, a la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray y al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Además, les trabó un embargo económico.

En agosto de 2010, sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner por la consultora privada “El Chapel”, donde la ahora vicepresidenta ocupaba el cargo de directora. En el fallo, consideró que no había incompatibilidad en los cargos ya que la mandataria nunca había «ejercido efectivamente» el puesto.

Desde junio de 2011, interviene en la causa “Sueños Compartidos”, la investigación del presunto desvío de fondos del ministerio de Planificación de Julio De Vido a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini.

En octubre de 2012, sobreseyó a Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP, en la causa por su gestión al frente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). El organismo del Estado entregaba subsidios a productores agropecuarios, pero fue desmantelado por denuncias de corrupción que finalmente se descartaron.

En diciembre de 2014, procesó a los fiscales Carlos Gonella y Gabriel Orsi, por presuntas irregularidades en la actuación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en una causa vinculada al empresario Lázaro Báez que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello.

Desde marzo de 2016, tiene a cargo la investigación por enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi, el ex subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica durante el kirchnerismo.

En abril de 2019, procesó a Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y otros imputados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento. Pero más tarde, en agosto, la Cámara Federal dispuso la nulidad de los procesamientos por falta de mérito.

Lleva adelante la causa de Parques Eólicos, donde se investiga si el Gobierno de Macri favoreció a empresas de su grupo en la compra y venta de seis parques eólicos en Chubut y en Miramar con una ganancia mayor a 70 millones de dólares.

Su esposa es Ana María Cristina Juan, Prosecretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, trabajando bajo las órdenes de Pedro Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los cuestionados camaristas nombrados por Macri y recusados por los familiares del ARA San Juan y sobre los cuales la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso acaba de pedir un Juicio Político por el reciente fallo dictado en la causa de presunto espionaje ilegal que favoreció a los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Por otro lado, la sobrina de Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Josefina Hornos, es Secretaria de Martínez De Giorgi desde 2007.

Juzgado federal 9

A cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez, de 62 años. Es juez federal desde 2012 y llegó a su cargo a través de un polémico concurso en el Consejo de la Magistratura: fue denunciado por haber solicitado, a través de su secretaria en el juzgado, la copia de un fallo similar al que días después debió rendir en el examen del Consejo. La jueza María Servini de Cubría lo sobreseyó. Tras el acuerdo del Senado, asumió como titular del Juzgado Federal N° 9, que hasta 2004 había ocupado Juan José Galeano.

Luis Rodríguez

Es el magistrado que tramita la causa en la que se investigan irregularidades en la mina de Río Turbio. En ese expediente, el juez rechazó el pedido de Stornelli de detener al ex ministro Julio De Vido, pero la Cámara Federal le ordenó la detención y el pedido de desafuero.

Su esposa es Silvia Elisa Arcos Valcarcel quien se desempeñaba en la Dirección General de Bibliotecas de la Corte Suprema, con el cargo de secretaria letrada hasta que renunció para jubilarse en marzo del año pasado.

En 2019 Rodríguez procesó al ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y a Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, por la causa en la que se investiga si beneficiaron a la firma Shell en la compra de gas a Chile en perjuicio del Estado. Pero meses después los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dictaron la falta de méritos para ambos al considerar que las pruebas dispuestas no alcanzaban para dictar un procesamiento.

Juzgado federal 10

A cargo de Julián Daniel Ercolini, que este año cumple 60, y quien también subroga al vacante, tras el fallecimiento de Bonadío, Nº11. Es titular desde 2004. Fue nombrado por el ex presidente Néstor Kirchner cuando se cubrieron las vacantes en cuatro de los 12 juzgados federales de Comodoro Py.

Julián Ercolini

Tuvo a su cargo la causa por la venta de Papel Prensa, en la que sobreseyó a los dueños de Clarín y La Nación.

En otro expediente paralelo procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por su irrupción en una asamblea de esta empresa.

En 2016 ordenó detener al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa por la compra de trenes a España y Portugal.

Ercolini fue también quien procesó y ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del Grupo Indalo a los consideró “partícipes necesarios” del delito de administración fraudulenta en una causa originada por una investigación del diario La Nación, que denunció que su empresa petrolera Oil Combustibles debía a la AFIP $8 mil millones por no haber pagado el impuesto a la transferencia de los combustibles durante cuatro años, argumentos que el periodista Hugo Alconada Mon no pudo sostener ante el Tribunal, y que, a todas luces, terminó mostrándose como una persecución del macrismo en pos de hacerse con C5N, cosa que se confirma estos días con el mencionado procesamiento y embargo a Orly Terranova.

En esta tónica asociativa entre el juzgado de Ercolini y el gobierno macrista, recordemos que la esposa del magistrado, María Julia Kenny, fue asesora de prensa de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia de la Nación.

Kenny, actualmente, es la Directora de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal.