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Las mayores dificultades que atravesamos los trabajadores por consecuencia de los cambios en el mercado se complementan con prácticas antisindicales como mecanismo de contención del conflicto

En un principio de revival de fines de los noventa, crecen los casos de represión contra trabajadores.

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sistematizó ese tipo de hechos y realizó un primer informe sobre el tema, que refleja los alcances de las prácticas antisindicales y su generalización en todo el país.

“La lectura que hacemos es que las mayores dificultades que atravesamos los trabajadores por consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo se complementan con prácticas antisindicales como mecanismo de contención del conflicto”, indicó ante Página 12 Luis Campos, coordinador del equipo de investigadores la CTA Autónoma.

Sobre la criminalización de la protesta, el Observatorio indicó que de enero a junio fueron detenidos al menos 35 dirigentes y activistas sindicales de seis provincias, según consignó Infogremiales.

“Además de las detenciones, hemos relevado múltiples causas penales y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y activistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Las denuncias penales se han concentrado en el sector público”, señalaron los investigadores. El análisis fue realizado por Silvina Benevento, Julia Campos, Mariana Campos, Jimena Frankel y el mencionado Luis Campos.

Para el mismo período enero-junio registraron 24 casos de represión contra movilizaciones en nueve provincias, es decir que hubo más de un caso de desalojo violento de protestas por semana.

Además en el mismo semestre, se registraron en total 15 casos de despidos de trabajadores como represalia por la presentación de demandas colectivas.

El caso reciente del ataque violento a la redacción de Tiempo Argentino, con un aval casi implícito del gobierno y las fuerzas de seguridad, se suma a los casos de prepotencia antigremial enumerados.